El juego del ‘due diligence’: dentro de las aprobaciones por $11.6 mil millones de la JCF
La Junta Fiscal aprobó contratos energéticos multimillonarios, pero admitió que no realizó debida diligencia independiente sobre las empresas ni los proyectos
El 8 de mayo de 2026, una de las rondas más grandes de contratos energéticos en años superó un obstáculo clave cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) emitió aprobaciones “con condiciones” para varios proyectos destinados a transformar el frágil sistema eléctrico de Puerto Rico.
Las determinaciones abarcaron acuerdos de almacenamiento de baterías con Solaner y Polaris, así como contratos de generación temporera con Gothams Energy y Power Expectations.
A simple vista, los sellos de aprobación parecían certificar que estos acuerdos multimillonarios habían pasado por un riguroso escrutinio. Sin embargo, detrás del lenguaje jurídico y la apariencia de control, se esconde un patrón consistente: la JSF dejó claro que no realizó ningún tipo de “debida diligencia” sobre las compañías contratadas ni sobre la viabilidad operacional de los proyectos.
En las cartas enviadas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el asesor legal de la Junta, Jaime A. El Koury, incluyó un descargo idéntico en los cuatro casos, afirmando que la JSF no llevó a cabo verificaciones de antecedentes ni evaluaciones independientes sobre el cumplimiento de los proponentes.
La Junta Fiscal estableció que su revisión se limita únicamente al cumplimiento de los Contratos Propuestos con la Sección 204(b)(2) de PROMESA, que busca garantizar que los contratos propuestos promuevan la competencia en el mercado y no sean incompatibles con los Planes Fiscales aprobados.
“Además, la Junta de Supervisión no ha realizado ninguna debida diligencia ni verificación de antecedentes respecto a las partes contratantes ni si estas cumplen con los requisitos del contrato aplicable. Cualquier cambio relevante en los Contratos Propuestos debe ser presentado a la Junta de Supervisión para su revisión y aprobación antes de su ejecución”, lee la misiva.
El texto también señala que la revisión se basó exclusivamente en la información provista por la AEE.
La JSF también reconoció que no auditó los modelos financieros ni los análisis matemáticos sometidos por la AEE para los contratos de baterías. Según los apéndices de las cartas, la Junta no verificó de manera independiente ninguno de los datos utilizados para justificar los acuerdos, limitando su revisión a un ejercicio de cumplimiento presupuestario bajo la Sección 204(b)(2) de PROMESA. En la práctica, esto transfiere todo el riesgo operacional y reputacional a la AEE.
Los cuatro contratos aprobados suman más de $11.6 mil millones. Los acuerdos con Solaner y Polaris, parte del programa ASAP, contemplan 486.4 megavatios de capacidad de almacenamiento mediante contratos de 20 años. El de Solaner totaliza $614 millones y el de Polaris $1.2 mil millones.
El contrato a 10 años con Gothams Energy asciende a $2.4 mil millones para 200 megavatios de generación flotante temporera, mientras que el de Power Expectations representa la mayor exposición fiscal, con un valor máximo de $5.8 mil millones.
El caso de Gothams Energy reveló fallas significativas en la preparación de la AEE. Según el Apéndice A, la corporación pública avanzó hacia un contrato multimillonario sin realizar estudios de viabilidad sobre el uso de la Central San Juan, sin validar permisos, sin evaluar la logística portuaria para operar barcazas generadoras y sin un acuerdo vinculante de suministro de gas natural. La Junta también señaló la ausencia de estudios de interconexión, lo que significa que la AEE contrató 200 megavatios de generación sin confirmar si podían integrarse al sistema eléctrico. Debido a estas deficiencias, la JSF condicionó la aprobación y prohibió la ejecución del contrato hasta que la AEE incorpore revisiones obligatorias y la Junta determine que se han cumplido.
El contrato con Power Expectations presenta deficiencias similares. La Junta indicó que múltiples preocupaciones planteadas mediante solicitudes de información quedaron sin atender. El análisis oficial revela que el proyecto carece de mecanismos para garantizar la ejecución, no establece hitos ni métricas de progreso, no define requisitos de permisos o logística de combustible, y no cuenta con un acuerdo de suministro de gas natural. Tampoco incluye bonos de cumplimiento o pago, dejando al gobierno sin garantías financieras. Además, el esquema de precios expone a la AEE a aumentos por volatilidad del gas natural y no define la operación dual con diésel, creando incertidumbre sobre los costos futuros.
Las decisiones de la JSF exponen una brecha sistémica en la transformación energética del país. Al aprobar contratos sin verificación independiente y al depender completamente de la información provista por la AEE —mientras obliga a Gothams a detener su ejecución por falta de planificación básica— la Junta ha colocado un esfuerzo de modernización de $11.6 mil millones sobre una base frágil: la diligencia no verificada de la AEE.
Como parte de un seguimiento periodístico, Caribbean Business solicitó a la JSF aclarar qué otro tipo de diligencia, si alguna, se realizó fuera de lo descrito en las cartas, y si considera que el descargo de responsabilidad es suficiente para evitar posibles responsabilidades futuras. También se preguntó si la Junta considera rigurosa la evaluación de la AEE. Hasta el momento, la JSF no ha respondido.
