DDEC destituye director auxiliar de OGPE por presuntas presiones en RFP federal de hasta $2 millones

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Sebastián Negrón Reichard, anunció la destitución del secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), Norberto Almodóvar, luego de que una investigación interna apuntara a presuntas presiones indebidas, represalias contra personal denunciante y múltiples intentos de obstrucción en un proceso competitivo para un contrato de publicidad financiado con fondos federales.

El RFP o solicitud de propuestas, identificado como DIDE OCPE 2026‑006, contemplaba entre $1 millón y $2 millones en fondos federales para una campaña de divulgación sobre los códigos de construcción de Puerto Rico.

La pesquisa fue realizada por la firma HRM LLC, dirigida por el exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, Hiram Morales, y la exjueza y ex portavoz del FEI, Eloina Torres Cancel. Ambos fueron contratados bajo un acuerdo vigente con el DDEC para investigaciones especializadas en ética y cumplimiento. Según el informe, Almodóvar y su jefa de personal, Charlene Newman, intervinieron en el proceso evaluativo para favorecer a un proponente y luego intentaron alterar las puntuaciones asignadas por el comité.

El secretario explicó que la investigación comenzó a finales de marzo, cuando dos empleados del comité evaluador expresaron preocupación por presiones directas y un patrón de represalias. “Lo que me relataron me resultó muy preocupante”, dijo. “Ambos empleados se mostraron alarmados y perturbados por haber padecido lo que parecía ser un patrón de presiones indebidas”. Tras recibir la denuncia, ordenó una evaluación interna inmediata y notificó al Secretario de la Gobernación.

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El informe también detalla que Almodóvar intentó frenar la investigación cuestionando la autoridad del DDEC para intervenir en la OGPE, retrasando las entrevistas y gestionando una opinión legal externa que, según el secretario, “carecía de fundamento” y buscaba “obstaculizar la evaluación”.

En una reunión de empleados en abril, Newman alegadamente sacó a relucir el nombre de una empleada que presentó la denuncia sobre el RFP. Esa empleada alegó que sufrió un patrón de hostigamiento.

El funcionario añadió que la divulgación pública de una carta escrita por Almodóvar el 14 de mayo —en la que denunciaba que la campaña educativa “Con Permiso” menospreciaba a los empleados de la OGPE— formó parte de un esfuerzo para desviar la atención de la investigación. “Esa carta fue una cortina de humo”, afirmó. “Respetar y defender a los empleados no es usarlos de escudo humano para encubrir faltas propias”.

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El secretario insistió en que ningún fondo federal se perdió, ya que el proceso fue detenido antes de adjudicar el contrato. “Los procesos administrativos del departamento funcionaron para paralizar cualquier desviación de fondos federales o estatales”, sostuvo. La agencia canceló el RFP para “limpiar el récord administrativo” y reiniciar el proceso desde cero.

Además de la destitución de Almodóvar de su puesto de confianza, tanto él como Newman —ambos empleados de carrera— fueron colocados en suspensión sumaria mientras se celebra una vista administrativa en un plazo de 10 días. El secretario también anunció referidos al Departamento de Justicia, la Oficina de la Contralora, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de Recursos Humanos del DDEC por posibles violaciones al Código Penal, la Ley de Ética Gubernamental, regulaciones federales aplicables y normas internas del departamento.

Mientras se completa el proceso administrativo, el ingeniero Miguel Manzano asumirá interinamente las funciones del secretario auxiliar, según dispone la Ley 161.

El secretario defendió la transparencia del proceso y la necesidad de actuar con firmeza. “La juventud no me quita la firmeza”, dijo. “Puerto Rico merece confiar en sus instituciones, y eso exige actuar sin miedo, resistiendo cualquier presión que pretenda obstruir un servicio digno y honesto”.