El violento incidente ocurrido el miércoles durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile continúa provocando reacciones de indignación en el mundo del fútbol. La violencia desatada en el estadio Libertadores de América de Avellaneda dejó decenas de heridos y generó un amplio debate sobre la seguridad en los encuentros deportivos en Sudamérica.
El enfrentamiento se produjo apenas iniciada la segunda mitad del partido, que iba 1-1, cuando hinchas de ambos equipos comenzaron a lanzar objetos y agredirse entre sí. La situación escaló rápidamente, obligando a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) a suspender el encuentro y clausurar el estadio de Independiente hasta nuevo aviso.
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El saldo del suceso fue dramático: 19 hinchas chilenos resultaron gravemente heridos, entre ellos Gonzalo Alfaro, de 33 años, quien permanece hospitalizado en estado crítico. Más de 100 personas fueron detenidas durante los disturbios. El viernes, las autoridades argentinas liberaron a varios hinchas chilenos detenidos, tras la intervención diplomática de Chile y bajo medidas de seguimiento judicial.
La violencia generó reacciones diplomáticas inmediatas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, calificó los hechos como “inaceptables” y envió al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a Argentina para asistir a los compatriotas afectados. Simpatizantes chilenos se concentraron en la embajada de Argentina en Santiago para exigir respuestas y apoyo a los detenidos y hospitalizados.
Según distintas versiones, los incidentes comenzaron cuando hinchas visitantes arrojaron objetos al público local, provocando una reacción violenta de la barra brava de Independiente. La falta de control policial permitió que los enfrentamientos se intensificaran, incluyendo agresiones con palos y armas blancas, así como la caída de un hincha desde las gradas.
La CONMEBOL responsabilizó al club local y a las autoridades argentinas por la “falta de garantías de seguridad” y abrió un proceso disciplinario que podría derivar en sanciones severas, incluyendo la posible exclusión de ambos clubes de competiciones internacionales futuras. Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, condenó los hechos y prometió una investigación exhaustiva.
Este episodio ha reavivado el debate sobre la violencia en el fútbol sudamericano y sobre la responsabilidad de clubes y organismos deportivos en la prevención de incidentes de este tipo.