Recientemente, en el Senado se debatió el PS1062, que flexibiliza la intervención de ICE en las escuelas. La compañera María de Lourdes Santiago levantó bandera sobre la medida porque las enmiendas presentadas debilitaban garantías que ya estaban contempladas en el protocolo del Departamento de Educación. La medida fue aprobada con los votos del PNP y PPD. Este es el mismo gobierno cómplice de Trump que entregó a ICE la lista de las licencias de personas con estatus migratorio no regulado.

Como compartió el compañero Juan Dalmau en sus redes sociales: “Condenamos las intervenciones de ICE contra familias migrantes y rechazamos la medida aprobada con votos del PPD y el PNP en el Senado, que abre las puertas de nuestras escuelas a intervenciones migratorias. ¡Las escuelas deben ser espacios de educación y protección, no escenarios de miedo, persecución y separación de familias! Este no es un asunto de partidos ni de nacionalidades. Es un asunto de principios, de humanidad y de solidaridad. ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Y la dignidad humana no tiene fronteras!

Desde el PIP, radicamos el PC331 por petición de la ACLU, que busca proteger los derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico. Esta medida establece los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las autoridades locales y las federales de emigración para que sea en cumplimiento con el estado de derecho, estatal y federal vigente.

La protección de los derechos humanos de todas las personas independientemente de su estatus migratorio u origen étnico o nacional, debe ser una prioridad del gobierno para proteger su vida y dignidad. Por esto, es necesario la aprobación del PC331.

Como hemos dicho y continuaremos diciendo, ningún ser humano es ilegal.

Al ser cuestionado en Punto X Punto de Metro Puerto Rico sobre si el partido se juega la vida en las próximas elecciones, Calderón Cerame respondió “indudablemente”.

“Si no hacíamos el proceso de refundación del Partido Popular como lo estamos haciendo, liderado por Pablo José Hernández Rivera, la verdad es que el Partido Popular Democrático iba de camino a desaparecer. Eso es una realidad, y no reconocerlo sería no hacer una introspección y un proceso de refundación honesto”, afirmó.

Según el dirigente popular, la colectividad está “en su mejor momento” tras su asamblea general en el Complejo Ferial de Ponce, a la que, asegura, asistieron más de 7,200 personas.

El secretario general sostuvo que el partido ha recuperado su salud fiscal gracias a unas 1,500 microdonaciones mensuales, de entre 20 y 25 dólares, que recibe a través del Fondo de Refundación Popular, y proyectó que, junto al comité Amigos de Pablo José, superaría el millón de dólares en recaudos al cierre del año.

“Recordemos los titulares de cuando el Partido Popular no tenía dinero ni para pagar la luz ni para pagar el agua. Y ahora sí la estamos pagando”, expresó.

En cuanto a la venta de la sede del PPD, Calderón Cerame indicó que el proceso está “bastante adelantado” y que el anuncio se haría “pronto”, aunque no precisó fecha.

“Hemos finiquitado unos asuntos en el trámite y en la titularidad del edificio”, explicó.

De acuerdo con el líder popular, ese trámite provocó un gasto considerable en los recaudos del trimestre, ya que se tuvo que pagar gastos de la sucesión del dueño del edificio, la corporación Inversiones Futuras.

El secretario de la Pava añadió que el PPD es ahora el único accionista de Inversiones Futuras, por lo que “estamos en una posición mucho más favorable para poder comunicar pronto el cambio de sede”.

El secretario general dijo también que el partido decidió ser “mucho más agresivo en la fiscalización”, y mencionó el trabajo del portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer, y del portavoz en el Senado, Luis Javier Hernández.

Este identificó al Partido Nuevo Progresista (PNP) como el verdadero contrincante del PPD y descartó como rival al excandidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau.

“Independientemente del jockey, el problema es el caballo, un caballo malo, y ya los puertorriqueños están cansados de ese gobierno que no ha sabido administrar correctamente a Puerto Rico”, sostuvo.

No obstante, reconoció que la meta es atraer al electorado indeciso, incluidos votantes que en 2024 apoyaron a Dalmau, a Hernández Rivera y al alcalde de San Juan, Miguel Romero.

“Yo creo que el partido más grande que tiene Puerto Rico es el partido de los sin partido”, planteó.

Sobre la candidatura a comisionado residente, el dirigente popular señaló a Ferrer como la figura que se perfila para el puesto, aunque aclaró que no ha conversado personalmente con él sobre el tema.

“No sé si va a ser, pero es la persona que ha mostrado interés, es la persona que se menciona”, expresó.

Ferrer había indicado previamente en Punto X Punto que aún no había tomado una decisión.

Calderón Cerame destacó el conocimiento de Ferrer sobre asuntos federales. Recordó que hizo un internado en la capital federal y que ha acompañado a Hernández Rivera a reuniones con congresistas en Washington.

“Si finalmente Héctor decide aspirar a Washington, serían extraordinarias noticias para el Partido Popular y particularmente para Puerto Rico”, sostuvo.

Aunque otro aumento en la factura de la luz eléctrica permanece sobre la mesa, no se vislumbra un ambiente para que se aprueben los acuerdos necesarios para que prospere la reestructuración y se liquide la deuda.

El ingeniero y exmiembro de la JSF, Antonio Medina explicó a Metro Puerto Rico que los bonistas reclaman el pago completo de sus acreencias que, con intereses acumulados asciende a cerca de $12 mil millones, mientras que el ente fiscal sostiene que su derecho de cobro está limitado a los ingresos netos de la AEE.

“Lo que la Junta está diciendo es que esos bonistas solamente tienen derecho a reclamar con respecto a los ingresos netos de la Autoridad de Energía Eléctrica, y muchas de las peleas legales tienen que ver con qué significa eso de ingreso neto”, explicó Medina.

Según el ingeniero, tras los altos costos del combustible y la baja demanda de energía eléctrica debido a la instalación de placas solares y los sistemas de energía renovable, “el margen de ganancia de PREPA es mínimo, y por los últimos cinco años, lo que hemos estado viendo es que la Junta le está diciendo a los bonitas, ‘mira, aquí no hay dinero para pagarte’, porque a la hora de la verdad no queda mucho dinero”.

Luego de que la propuesta de pago fuese de aproximadamente $2.6 mil millones, en julio de este año, la Junta propuso un acuerdo adicional de $3 mil millones, lo que representa una tercera parte de la deuda, pero los acreedores se mantuvieron firmes y no respaldaron dicha cantidad.

Sobre esto, Medina explicó que el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) que propuso la Junta en agosto de 2023, el 44% de los bonistas se habían suscrito, mientras que el otro 56% restante se mantuvo en oposición. La jueza encargada de la quiebra de la isla, Laura Taylor Swain, se reservó su determinación para considerar la confirmación del plan. “Fue una oportunidad perdida”, dijo Medina.

La licenciada que ha representado gremios en el caso de la quiebra, Zoé Negrón Comas, planteó, por su parte, que, bajo la Ley PROMESA, el gobierno central ha reestructurado gran parte de su deuda. Sin embargo, el PAD de la Autoridad aún no se ha aprobado. “Ahora mismo no hay uno presentado que esté en proceso de confirmación (y) no se ha presentado un plan nuevo para reflejar nuevas realidades económicas”, dijo Negrón Comas.

“Para que un Plan de Ajuste sea confirmable bajo PROMESA, uno de los requisitos es que la entidad pueda continuar dando servicio, y nosotros le planteamos al tribunal que ahora mismo (la AEE bajo LUMA Energy y Genera PR) no tienen la capacidad de darnos un servicio”, añadió.

Para Medina, la jueza debe emitir una determinación a través de un cramdown —cuando el tribunal aprueba un plan de reestructuración de deudas aun si algunos acreedores votaron en contra o no están de acuerdo con los nuevos términos—. “Yo creo que esto lo ha complicado un poco, el hecho de que la jueza tiene un deseo genuino de que se llegue a un acuerdo por mediación, porque en mi opinión ya es hora de que la jueza Taylor Swain tome una determinación”, sostuvo.

“A la hora de la verdad, está en manos de la jueza”, añadió Medina.

Así como el ingeniero, el licenciado experto en temas de quiebra, John Mudd, aseguró que la cancelación del Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración (RSA) de la AEE en 2019, para recortar cerca del 32% de su deuda pendiente, “fue un error del gobierno”.

Mudd advirtió que resolver la deuda mediante un acuerdo en 2020 habría sido preferible a continuar sin conocer cuánto se pagará.

Lejos la salida de la Junta

Según Negrón Comas, “no estamos cerca de que ni se acabe la quiebra de la Autoridad ni que salgamos de la Junta de Control Fiscal. Esa contestación la puedo dar categóricamente, no es real que la Junta pueda irse pronto, salvo que sea que en el Congreso diga que la Junta se va”.

Según PROMESA, para que la JSF termine sus funciones en Puerto Rico, el gobierno debe cumplir con cuatro requisitos. Entre ellos, lograr cumplir con su responsabilidad fiscal, alcanzar presupuestos balanceados durante cuatro años fiscales consecutivos, tener acceso a los mercados de crédito y liquidar todas sus deudas.

“El día que la administración decida hacer lo que tiene que hacer y no decirlo en una campaña, sino hacerlo con acciones, ese día entonces van a empezar a pasar las cosas para que la Junta se vaya”, dijo Medina.

Sin embargo, Medina aseguró que, aunque hay una responsabilidad de compensar a los bonistas, “lo que es importante es asegurar que ese pago no se convierta en un freno para la economía de Puerto Rico”.

Se ha propuesto que parte de la deuda reestructurada se pague mediante cargos adicionales o fijos en las facturas de energía eléctrica que pagan los ciudadanos.

“Lo que sí están tratando de pelear es cuánto es esa cantidad, ya sea mediante un acuerdo con los bonistas para que ellos reduzcan y acuerden a un pago de un monto menor, o solicitándole a los tribunales que reconozcan que, a lo que tienen derecho los bonistas, es menor de lo que están pidiendo por las condiciones de la deuda que ellos compraron”, indicó Negrón Comas.

Aunque se ha planteado la posibilidad de desestimar la deuda, Mudd explicó que “sería bien problemático para Puerto Rico. Se puede hacer, pero crearía un montón de problemas”, dijo.

Según Mudd, la quiebra concede una suspensión automática de los procesos de cobro mientras el caso permanece activo. Sin embargo, si el procedimiento se desestima, el Automatic Stay —como se conoce este mecanismo— queda sin efecto de inmediato y los acreedores recuperan la facultad legal de iniciar gestiones de cobro.

Para Medina, los bonistas no lograrán recaudar ese dinero. “Yo personalmente pienso que no es posible. No es razonable desde el punto de vista financiero, y no es ejecutable desde el punto de vista económico”, expresó.

“Si la Junta no estuviera velando por los intereses de los puertorriqueños, esta quiebra se hubiera acabado hace rato. El hecho es que este proceso continúa porque ni los bonistas están dispuestos a bajar su número ni la Junta está dispuesta a subir el número para donde ellos quieran”, concluyó.

La medida, presentada por la senadora Nitza Morán Trinidad y aprobada por el Senado el pasado 5 de noviembre, procura garantizar que ningún menor sea privado de una educación pública por razón de su condición migratoria, proteger la confidencialidad de sus expedientes y establecer protocolos para atender intervenciones de las autoridades federales en los planteles escolares. No se trata de reconocer un derecho nuevo. Desde 1982, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Plyler v. Doe, estableció que excluir a menores indocumentados de la educación pública por su condición migratoria viola las garantías constitucionales de igual protección de las leyes.

Sin embargo, el proyecto ha enfrentado críticas, particularmente por las enmiendas introducidas durante el trámite legislativo. Aunque la versión aprobada eliminó una disposición que habría permitido ciertas intervenciones mediante órdenes administrativas, otras modificaciones provocaron preocupación entre legisladores y organizaciones defensoras de los derechos civiles. Entre ellas, la sustitución de protecciones más categóricas por disposiciones que permiten intervenciones durante el horario escolar cuando estén legalmente autorizadas y que condicionan la permanencia del menor en un espacio seguro a las circunstancias y facultades de las autoridades federales. El debate no debe ser si los menores inmigrantes merecen protección, sino si los mecanismos aprobados son suficientes para garantizarla.

Puerto Rico no puede impedir el ejercicio legítimo de las facultades federales en materia migratoria, pero tampoco debe renunciar a proteger a los menores, garantizar el debido proceso y exigir que las intervenciones gubernamentales respeten los derechos constitucionales. La supremacía del derecho federal no significa que nuestras instituciones educativas deban convertirse en instrumentos de intimidación o persecución.

Este debate ocurre precisamente cuando el electorado estadounidense acaba de enviar un mensaje significativo en las elecciones de medio término. Según las proyecciones electorales, los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso, reflejando un descontento con distintas políticas de la administración Trump. Aunque la economía y el costo de vida fueron factores determinantes, la política migratoria también tuvo un peso importante. Según las encuestas de salida de CBS News, el 58 % de los votantes consideró que las actuaciones de la administración en materia migratoria habían ido demasiado lejos.

Y no es difícil comprender las razones de ese descontento. Las imágenes de agentes federales fuertemente armados realizando operativos en ciudades estadounidenses, las denuncias sobre detenciones de personas sin antecedentes criminales y los casos de familias separadas han provocado cuestionamientos legítimos sobre la proporcionalidad y humanidad de estas intervenciones. Para numerosos críticos, la presencia de agentes de ICE en comunidades residenciales y espacios públicos ha proyectado una imagen más cercana a una fuerza de ocupación que a una agencia civil encargada de hacer cumplir las leyes migratorias.

Nadie debe cuestionar la facultad del Gobierno federal para proteger sus fronteras, hacer cumplir sus leyes y deportar a personas que representen una amenaza para la seguridad pública. Pero existe una diferencia fundamental entre perseguir criminales peligrosos y tratar como tales a hombres y mujeres cuya situación migratoria irregular no está acompañada de conducta criminal violenta. Algunos ingresaron al país sin autorización, otros permanecieron luego del vencimiento de sus permisos y otros mantienen procedimientos migratorios pendientes. Sus circunstancias jurídicas son distintas y merecen ser evaluadas individualmente, con las garantías del debido proceso.

Muchos de estos inmigrantes llevan años trabajando, criando hijos, participando en sus comunidades y aportando al desarrollo económico de la nación. Su contribución no es meramente anecdótica. Según un estudio publicado en 2024 por el Institute on Taxation and Economic Policy, los inmigrantes indocumentados aportaron aproximadamente $96,700 millones en contribuciones federales, estatales y locales durante 2022. De esa cantidad, $59,400 millones correspondieron al Gobierno federal y $37,300 millones a los gobiernos estatales y locales. Incluso contribuyen al financiamiento de programas como el Seguro Social y Medicare, cuyos beneficios muchos de ellos no pueden recibir.

Resulta particularmente revelador que el propio presidente Trump haya reconocido recientemente los excesos de su estrategia migratoria. En su entrevista del pasado domingo con 60 Minutes, admitió que su política de deportaciones pudo haber sido demasiado severa y que había perjudicado electoralmente a su partido. Más importante aún, expresó disposición a negociar con los demócratas alguna alternativa para ciertos inmigrantes que llevan años en Estados Unidos, trabajan y pagan contribuciones. Aunque no presentó una propuesta concreta ni anunció cambios inmediatos en las operaciones migratorias, sus expresiones representan un reconocimiento significativo de las consecuencias humanas y políticas de su estrategia.

Sin embargo, ese reconocimiento contrasta marcadamente con su decisión de nombrar como nuevo jefe de gabinete a Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de las políticas migratorias más restrictivas de su administración. La contradicción política merece atención: mientras el presidente reconoce públicamente que su estrategia pudo haber ido demasiado lejos, coloca al frente de la Casa Blanca a uno de sus principales promotores. Habrá que evaluar si sus palabras se traducen en cambios concretos o si las prioridades de su administración permanecen inalteradas.

Puerto Rico conoce de cerca la experiencia migratoria. Durante generaciones, cientos de miles de puertorriqueños han emigrado a Estados Unidos buscando mejores oportunidades económicas para sus familias. Aunque lo han hecho como ciudadanos estadounidenses, conocemos el sacrificio que representa abandonar la tierra donde uno nació, separarse de sus seres queridos y comenzar una nueva vida en una comunidad distinta.

Esa experiencia debe permitirnos comprender las circunstancias de quienes llegan a nuestra Isla desde otros países del Caribe, América Latina y otras regiones del mundo. Son personas que, en muchos casos, no buscan privilegios ni beneficios extraordinarios, sino oportunidades para trabajar, educar a sus hijos y vivir con seguridad y dignidad.

Por eso, la discusión del Proyecto del Senado 1062 no debe convertirse en una controversia partidista ni en un ejercicio de confrontación con el Gobierno federal. Debe servir para establecer, dentro de nuestro marco constitucional, mecanismos efectivos que protejan a los estudiantes y eviten que nuestras escuelas se conviertan en escenarios de intimidación, miedo o separación familiar.

La aplicación de las leyes migratorias no tiene que estar reñida con la compasión, el debido proceso ni el respeto a los derechos humanos. Una nación puede mantener fronteras seguras y, simultáneamente, reconocer las aportaciones de millones de inmigrantes que han contribuido a su prosperidad.

Los resultados electorales recientes y las propias expresiones del presidente Trump abren un espacio para reconsiderar los métodos utilizados para hacer cumplir las leyes migratorias. El verdadero reto será traducir ese reconocimiento en políticas que distingan entre amenazas reales a la seguridad pública y personas que, aun enfrentando situaciones migratorias irregulares, llevan años contribuyendo a sus comunidades.

Al final, la grandeza de Estados Unidos nunca ha descansado exclusivamente en la fortaleza de sus fronteras, sino también en su capacidad para ofrecer oportunidades a quienes llegan buscando construir un futuro mejor. Esa tradición, que ha contribuido a convertirla en una de las naciones más prósperas del mundo, no debe perderse.

Porque ninguna política migratoria, por legítimos que sean sus objetivos, debe hacernos olvidar que detrás de cada expediente de deportación hay un ser humano y, con demasiada frecuencia, una familia cuyo único anhelo ha sido alcanzar una vida mejor.

Su director ejecutivo, Norberto Negrón Díaz, señaló que las líneas de cruceros tienen interés significativo en Ponce. Las escalas podrían concretarse el próximo año si prosperan las gestiones de la Autoridad del Puerto de Ponce y las entidades turísticas. Aunque Puertos no tiene jurisdicción directa sobre esas instalaciones, ha participado en conversaciones con compañías del sector.

“Las líneas de cruceros están bien interesadas en Ponce”, afirmó. Añadió que no le sorprendería que la ciudad reciba uno o varios cruceros el próximo año.

En Mayagüez, la agencia conversa sobre cruceros, turismo marítimo y otras operaciones internacionales, sin calendario definido para barcos de pasajeros. También trabaja para completar requisitos federales del transporte marítimo entre Mayagüez y República Dominicana.

La expansión fuera de San Juan busca diversificar la actividad portuaria, promover el desarrollo regional y abrir nuevas entradas de visitantes. Sin embargo, la inversión inmediata sigue concentrada en modernizar instalaciones metropolitanas existentes.

Los proyectos marítimos de San Juan, valorados en más de $140 millones, están en diseño, subasta o contratación. Incluyen rehabilitar el Outfitting Pier del Muelle 15, fuera de servicio desde hace años por deterioro.

Unos $10 millones permitirían devolverlo a condiciones operacionales, dentro de un paquete financiado con fondos federales y aportaciones estatales. La obra añadirá capacidad de carga en una bahía cuya disponibilidad de espacios operacionales limita la expansión portuaria.

Recuperar el Muelle 15 también permitirá trasladar operaciones y liberar espacio para nueva carga, cumpliendo compromisos de reorganización tras conceder el Muelle 16 y otras áreas a Inland Borinquen para establecer un dique seco.

El programa incluye mejoras al sistema de supresión de incendios del Muelle 15, modernización de los muelles de Puerto Nuevo e infraestructura para recibir embarcaciones mayores. Muchas instalaciones no han tenido rehabilitaciones sustanciales desde los años setenta; las obras buscan adecuarlas a las necesidades actuales.

Puertos abrió un proceso para contratar un estudio de viabilidad de tres nuevos muelles de uso general en Cataño o Toa Baja. Evaluará financiamiento, costos de construcción, aspectos ambientales y operación, incluidas asociaciones privadas o concesiones.

El costo de esas instalaciones aún se desconoce. El estudio servirá de hoja de ruta para determinar su factibilidad y la manera más eficiente de desarrollarlas. Podrían atender carga, turismo u otros usos marítimos compatibles con las restricciones contractuales existentes en la bahía de San Juan.

En Yabucoa, Puertos mantiene un acuerdo con Puerto Rico Concrete para desarrollar un muelle de importación y exportación de materiales de construcción. El contrato contempla que el gobierno pueda utilizarlo para manejar carga cuando sea necesario.

Negrón Díaz enmarca las inversiones en el objetivo de convertir a Puerto Rico en un centro logístico regional de carga marítima y aérea. La modernización, sostuvo, permitirá recibir barcos mayores, aumentar el manejo de mercancías y fortalecer la posición estratégica de la isla en el Caribe.

En San Juan, la agencia asegura que San Juan Cruise Port, operador de los muelles de cruceros capitalinos, ha modernizado terminales y reforzado la capacidad para atender algunos de los barcos más grandes del mundo. También señala inversiones adicionales a las exigencias contractuales, como un nuevo puente para pasajeros y mejoras en áreas de servicio.

Paralelamente, la corporación pública impulsa cientos de millones de dólares en mejoras aeroportuarias para ampliar conectividad, apoyar el desarrollo económico regional y fortalecer la carga aérea.

En el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, la inversión supera los $450 millones. Incluye una nueva pista, mejoras a la terminal, nuevos sistemas de seguridad, rehabilitación de la torre de control, mejoras al estacionamiento y otras obras de modernización. “Reconocemos que Aguadilla tiene un potencial no solamente de ser un aeropuerto internacional turístico, sino también de ser un aeropuerto de carga aérea”, expresó. En Isla Grande se invierten cerca de $40 millones para rehabilitar la pista, construir una estación de rescate aéreo y un estacionamiento. Con fondos de la Administración Federal de Aviación (FAA) y FEMA, las obras fortalecerán el principal aeropuerto corporativo de la isla y su capacidad operacional.

En Humacao, Puertos invertirá $4.4 millones de FEMA para demoler la terminal, construir una nueva y desarrollar un hangar. La agencia reconoce, sin embargo, que el reto principal es encontrar un uso sostenible, más que mejorar la infraestructura.

Busca empresas, instituciones educativas o entidades gubernamentales que establezcan operaciones en una instalación con “un potencial inmenso”, según el director, pese a su limitada actividad.

Entre las opciones figuran una escuela de aviación, una base para agencias de seguridad pública o un concesionario privado que desarrolle actividades económicas en los terrenos aeroportuarios. El funcionario ha explorado conversaciones con una institución académica sobre programas de formación aeronáutica.

“Estamos buscando negocios”, dijo sobre los esfuerzos para atraer inversionistas y operadores. Humacao es el único aeropuerto de la red sin un uso constante comparable al de Arecibo, Mayagüez, Ceiba o Ponce, explicó.

“Me puse a evaluar dentro de mi ser y me di cuenta de que esto surge desde el mismo minuto en que me gradúo”, contó Hernández a Metro Puerto Rico, a días de la final de Miss Universe 2026, que se celebrará el 24 de noviembre en la isla.

Recién graduado, Hernández trabajó con los odontólogos Carlos Suárez y Frontera, quienes atendieron a Carthy-Deu durante su reinado. Observarlos, dijo, le despertó una curiosidad que terminó envolviéndolo “literalmente” en los concursos de belleza.

Tras trabajar casos individuales y con algunas candidatas de Miss Mundo, Hernández se integró de lleno a Miss Universe Puerto Rico, donde pasó casi nueve años preparando a todas las representantes de la isla.

Su trabajo, explicó, va más allá de los dientes. “Tú tienes que enseñarle cómo mover los músculos de expresión facial para que, en el paneo de la pasarela, pueda expresar mejor su sonrisa”, sostuvo.

Uno de los objetivos principales con las candidatas, detalló, era que los dientes lucieran un poco más grandes para que la sonrisa se notara en la pasarela. Al principio, eso requería recortar las encías con bisturí, pero la llegada del láser simplificó el procedimiento al punto de que podía hacerse hasta tres días antes de un concurso internacional.

Hoy, los odontólogos diseñan las sonrisas en pantalla, como un arquitecto, y utilizan laminados de porcelana sintética que replican las propiedades del esmalte natural.

“Los dientes no son ni blancos ni cuadrados”, insistió Hernández, quien criticó la tendencia de ponerse los dientes “blancos como una loseta de baño”.

Entre sus casos más recordados figura el de Stephanie Del Valle, quien se coronó Miss Mundo en 2016. Normalmente, dijo, cuenta con seis o siete meses para preparar a una candidata, pero en ese caso solo tuvo unas tres semanas.

“Fue súper estresante, pero lo logramos”, recordó. Con el tiempo, añadió, Del Valle le grabó un video en el que lo llamaba “el creador de la sonrisa más linda del mundo”.

Hernández también recordó que, cuando Puerto Rico fue sede de Miss Universe en 2001, vio de espaldas en el Capitolio a una candidata y le dijo a un amigo que esa sería la ganadora. Era Denise Quiñones, quien se llevó la corona.

Sin embargo, el odontólogo advirtió que la búsqueda de la sonrisa perfecta tiene riesgos. Según dijo, el error más común es “tratar de arreglar lo que no está dañado”.

Contó el caso de una paciente que se le arrodilló para pedirle que le pusiera los dientes “más blancos que un papel”. Él se negó, ella se los hizo con otra persona y luego regresó arrepentida.

Hernández alertó, además, que las redes sociales han creado expectativas poco realistas y que personas sin licencia ofrecen tratamientos dentales “tras bastidores, en baños, en cuartos, en marquesinas”.

Sobre la representante de Puerto Rico en Miss Universe 2026, Jennifer Barreto, el odontólogo fue claro. “Tremenda candidata, y tiene una sonrisa espectacular”.

En Proyecto Dignidad creemos firmemente en el estado de derecho. Reconocemos la autoridad del Gobierno federal para establecer y hacer cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos. Toda nación tiene el derecho y la responsabilidad de regular sus fronteras y establecer los procesos legales que rigen la entrada y permanencia de personas en su territorio.

Sin embargo, el cumplimiento de la ley y la protección de nuestros niños no son principios incompatibles. Ambos deben coexistir dentro de un sistema que reconoce la dignidad humana, el debido proceso y los derechos constitucionales de toda persona.

Las escuelas son espacios de enseñanza, formación y desarrollo integral. Nuestros estudiantes deben sentirse seguros mientras reciben su educación, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria familiar. Ningún menor debe cargar con las consecuencias de decisiones migratorias que no le corresponde tomar.

Por ello, entendemos que cualquier intervención de las autoridades migratorias en un plantel escolar debe cumplir con los requisitos legales aplicables y realizarse mediante procedimientos que protejan la integridad física, emocional y psicológica de nuestros estudiantes.

Los padres tienen un papel fundamental e irremplazable en la protección de sus hijos. Como principio general, deben ser notificados oportunamente cuando una autoridad pretenda intervenir directamente con un menor dentro de una institución educativa y tener la oportunidad de acompañarlo, siempre que las circunstancias y el ordenamiento jurídico lo permitan. Las excepciones deben responder a fundamentos legales, no a decisiones arbitrarias.

Asimismo, debemos proteger rigurosamente la privacidad de los expedientes académicos y la información personal de nuestros estudiantes. Las escuelas no deben divulgar información confidencial sin la autorización o fundamento legal correspondiente.

El Proyecto del Senado 1062 representa una oportunidad para establecer reglas claras que orienten a los directores escolares, maestros y funcionarios públicos. Consideramos indispensable que cualquier legislación contemple protocolos específicos, capacitación al personal escolar y mecanismos adecuados de comunicación con los padres. También debe distinguir entre los diferentes tipos de órdenes y requerimientos de las autoridades federales, respetando las competencias de cada jurisdicción.

No debemos permitir que esta controversia se convierta en una confrontación de extremos ideológicos. Defender las leyes migratorias no significa renunciar a la sensibilidad humana, así como proteger a nuestros niños no implica promover el incumplimiento de la ley.

El verdadero reto de nuestros legisladores es garantizar que ambas responsabilidades puedan cumplirse sin menoscabar los derechos fundamentales de los menores ni obstaculizar actuaciones legítimas de las autoridades.

En Proyecto Dignidad reafirmamos nuestro compromiso con el estado de derecho, la protección de la familia, la autoridad y responsabilidad de los padres y la seguridad de nuestros estudiantes.

Porque una sociedad verdaderamente digna no tiene que escoger entre hacer cumplir la ley y proteger a sus niños. Tiene la obligación de hacer ambas cosas.

La discusión sobre el Proyecto del Senado 1062, relacionado con estudiantes inmigrantes, es parte de una controversia mayor. Las denuncias sobre la entrada de agentes al patio de la parroquia San Antonio de Padua, en Río Piedras, evidencian que la preocupación trasciende las escuelas. Abarca comunidades, lugares de trabajo y espacios religiosos.

Mi posición es clara: rechazo los abusos, la intimidación y el trato indigno contra inmigrantes. Una infracción migratoria no autoriza al Estado a desconocer las garantías constitucionales aplicables; de hecho, cuando el gobierno pretende detener a alguien o privarlo de su libertad es cuando el debido proceso cobra mayor importancia.

El gobierno de Puerto Rico tampoco puede evadir su responsabilidad. Según los documentos divulgados por la ACLU, el DTOP, en un acto de traición, entregó información personal de 6,321 inmigrantes con licencias de conducir, incluyendo nombres, fechas de nacimiento y direcciones residenciales. Todo en respuesta a un requerimiento administrativo federal, no a una orden judicial.

Eso exige explicaciones y rendición de cuentas. Quienes acudieron al gobierno para obtener una licencia entregaron datos para un trámite autorizado por ley. El uso posterior de esa información para fines migratorios plantea cuestionamientos sobre intimidad, confidencialidad y confianza pública. La cooperación gubernamental debe tener fundamento jurídico y respetar las protecciones correspondientes.

No sostengo que una iglesia, una escuela o cualquier otro lugar elimine automáticamente las facultades legales de las autoridades. Establezco que esas facultades tienen límites y que ningún escenario convierte los derechos fundamentales en una concesión opcional. Tampoco corresponde presumir que toda solicitud federal obliga a entregar indiscriminadamente información.

Nuestra Constitución reconoce la dignidad, la igualdad, la intimidad y el debido proceso. Defender esas garantías requiere acciones: examinar requerimientos, proteger datos, fiscalizar intervenciones y reclamar responsabilidades por los abusos.

Aceptar que el poder ignore derechos cuando persigue a personas vulnerables debilita nuestro sistema de derecho. Puerto Rico debe defenderlos siempre, sin miedo ni conveniencia política.

“Para mi, la comunidad es longevidad,” le dijo a Alberto Bacó en el undécimo episodio de El Blueprint.

Tener un teléfono lleno de contactos a los que puedes llamar en cualquier momento es, para Rivera, a veces más valioso que cualquier cantidad de recursos o capital. Por eso piensa ser indispensable el dejar las puertas abiertas y desarrollar conexiones que se extienden mas allá de ser relaciones profesionales.

Cuando trabajó como modelo en Project Runway para el diseñador ganador Jeffrey Sebelia, nunca se imaginó todas las puertas de negocio que esa experiencia le abriría. Como todo en la vida, Rivera trabaja siempre con lo que tiene al frente, nunca pensando en lo que viene después ni en qué más se podría tener.

Por eso cuando comenzó creando tarjetas y postales a mano porque no encontraba una en el mercado que expresara adecuadamente lo que quería comunicarle a su madre, identificó una area de oportunidad. Esa necesidad personal evolucionó hacia servicios creativos para clientes corporativos como Tiffany & Co., Genesis y Porsche. Rivera reconoce que es su capacidad de transformar detalles sencillos en experiencias de alto valor lo que le sigue abriendo camino y conectando clientes.

Ahora, es la fundadora de JustBCuzCards, NIDOS, y MonGil PR, un servicio de catering privado que corre con su hermano Chef, Gil Rivera y ha trabajado con marcas como John Galliano, Dior, Michael Kors, Old Navy y Target. Puedes conocer más sobre su historia en el próximo episodio de El Blueprint el Martes, 17 de Noviembre en todas las plataformas.

“Los estudiantes futuros que quieran estudiar, hacer un doctorado en Finanzas, van a tener que montarse en un avión, ir a un país con los bolsillos bien llenos para poder pagarse el hospedaje, el costo de estudio y todo lo demás que implica moverse del país para hacer un doctorado en Finanzas”, explicó el profesor de la Escuela Graduada de Administración de Empresas, José Caraballo Cueto en entrevista con Metro Puerto Rico.

Caraballo Cueto destacó que el doctorado en Finanzas era el único programa de su tipo en Puerto Rico y contaba con la acreditación de mayor distinción que concede la Asociación para el Avance de las Escuelas Universitarias de Negocios (AACSB). Según explicó, esta acreditación distingue al 7% de las escuelas de negocios a nivel mundial. “Ahí estábamos nosotros”, dijo.

El también economista aseguró que Puerto Rico perderá profesionales preparados en administrar recursos económicos debido a las oportunidades laborales que se encuentran en Estados Unidos en este tipo de carreras, lo que puede ocasionar que no retornen a la isla.

“El país probablemente los pierda, porque contrario a nuestros estudiantes que se graduaron del programa, donde la mayoría están trabajando en Puerto Rico, una vez estudian fuera, muchas veces encuentran oportunidades laborales allá mismo donde están estudiando”, aseguró el profesor doctoral.

Joel Viera Pedraza, quien obtuvo su doctorado en Finanzas en mayo de este año, destacó la importancia de defender programas como este para el progreso de un país y resguardar el capital humano especializado en esta área.

“Si tú tienes una sociedad que no la puedes educar en finanzas, ¿qué va a pasar con ese país? Si tú no sabes de finanzas en un sistema capitalista, no puedes ni siquiera manejar tus gastos personales. Desde un punto de vista económico, ¿cómo va a vivir la gente si no sabe siquiera cómo financiar una empresa, por ejemplo?”, planteó el doctor quien también atribuyó el cierre de negocios en la isla a la falta de conocimiento en finanzas y administración.

El último estudiante del programa defendió su tesis doctoral la semana pasada, con su presentación, culminó la oferta académica del doctorado en Finanzas. El cierre de este programa responde, entre otras cosas, a la reducción de fondos de la UPR y a la congelación de plazas docentes que provocaron que el programa finalizara con un solo profesor.

“Los profesores se retiran o mueren, como fue el caso del profesor Carlos Colón de Armas (2020), quien era uno de los profesores de Finanzas. Lo que hacen es que entonces, al final, el programa muere porque no tiene suficiente personal”, explicó Caraballo Cueto.

El profesor afirmó a este medio que existía interés por parte del estudiantado, e incluso, fue una noticia que “los tomó por sorpresa”. “Este programa, por lo general, tenía una demanda bastante estable”, añadió. No obstante, el primer semestre del año académico 2015-2016, contó con 12 estudiantes, y la última vez que recibió una matrícula de nuevo ingreso fue para el año académico 2019-2020 con cinco estudiantes, según datos de la División de Investigación Institucional y Avalúo del Recinto.

Al mismo tiempo, el desvanecimiento del programa no surgió del vacío, sino que comenzó cuando la Junta de Gobierno de la UPR colocara el programa en moratoria el 22 de diciembre de 2022 mediante la Certificación 69 2022-2023 luego de que se estableciera que había “insuficiencia de recursos para satisfacer los requisitos del programa”.

“El número de profesores a tiempo completo ha disminuido en los últimos 10 años por diversas razones, entre ellas jubilaciones, fallecimientos y profesores que no cumplen los requisitos para participar en el programa debido a las normas de acreditación”, establece la carta.

Sobre esto, Viera Pedraza indicó que “la misma Universidad tiene que promover el mantenimiento de sus docentes, porque de afuera no van a haber. Si viene alguno es esporádicamente o de forma aleatoria, pero no es el patrón”.

La Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras conserva únicamente un programa doctoral en Comercio Internacional, que cuenta con 27 estudiantes matriculados durante el año académico 2026-2027. Del mismo modo, el doctorado sólo dispone de tres profesores con una plaza permanente. “La cosa que me preocupa es que esto va a continuar ocurriendo en otros programas, y se le limitan las oportunidades, y también se le hace un flaco servicio al mercado de Puerto Rico”, denunció Caraballo Cueto.

Viera Pedraza, por su parte, explicó que hay áreas y campos académicos que “tú no puedes tocar porque son bases para que la sociedad funcione”.

Según la Certificación 108 2011-2012, se solicitó declarar en moratoria ocho maestrías en Administración de Empresas en Río Piedras —el recinto más grande y más antiguo de todo el sistema— entre ellas, aquellas especializadas en Contabilidad, Economía Gerencial, Finanzas, Gerencia de Recursos Humanos y Mercadeo. Actualmente, sólo existe una maestría en Administración de Empresas, cuyo nombre coincide con el de la facultad. Mientras, en la Facultad de Ciencias Sociales aún se sostiene una maestría con especialidad en Economía.

La administración central de la UPR, por su parte, constató a este medio en agosto de este año, que, entre 2025 y 2026, la Junta de Gobierno de la UPR certificó la puesta en moratoria de 25 programas académicos: 11 en el Recinto de Ciencias Médicas, cinco en Río Piedras, cuatro en Humacao, tres en Cayey y dos en Utuado. No se especificó en qué grado académico se autorizaron las moratorias.

Bajo la presidencia de Luis A. Ferrao Delgado, 64 programas académicos quedaron “en pausa” para acceder a $102 millones reservados en el presupuesto de 2025. Entre ellos, el bachillerato en Estadísticas. Sin embargo, la Junta de Supervisión Fiscal certificó que detener la admisión a bachilleratos de baja matrícula no era un requisito para acceder a los fondos. Más tarde, la moratoria quedó sin efecto.

A preguntas de este medio sobre la posibilidad de crear un nuevo programa doctoral en Finanzas, el profesor indicó que “podría suceder”. Sin embargo, advirtió que el proceso tomaría más de dos años y requeriría la asignación de recursos, así como la apertura de plazas competitivas.

La situación toma mayor relevancia cuando a principios de noviembre el gobierno anunció Opportunity Zones 2.0 para atraer inversión privada a comunidades de bajos recursos mediante beneficios contributivos para proyectos e inversiones que cumplan con los requisitos federales. Sin embargo, el cierre de cursos universitarios permite contrastar entre las prioridades económicas anunciadas por la administración y las decisiones sobre educación superior.

Esa es la historia que rescata I Play Rocky, la nueva película dirigida por Peter Farrelly y protagonizada por Anthony Ippolito.

En entrevista con Metro Puerto Rico, el director y parte del elenco compartieron detalles de una producción que reconstruye los obstáculos que enfrentó Stallone para que Hollywood apostara por su guion de Rocky, bajo una condición innegociable: él mismo tenía que interpretar al protagonista.

La decisión estuvo a punto de costarle la oportunidad de su vida, pero terminaría cambiando la historia del cine.

Lejos de ofrecer otra versión romantizada del hombre que persigue sus sueños, Farrelly quiso mostrar las verdaderas dimensiones de aquella lucha.

“Quise mostrar la parte difícil, lo abajo que estaba. Hubo conversaciones sobre si debíamos mostrar que había hecho cine pornográfico softcore. Y yo dije que sí, porque esas eran las profundidades a las que tuvo que llegar. Eso hace que la parte del triunfo sea muchísimo mejor cuando muestras lo bajo que estaba”, explicó el director y coguionista de la ganadora del Oscar a mejor película Green Book (2018).

El cineasta, conocido también por dirigir con su hermano comedias irreverentes como There’s Something About Mary, descubrió detalles que desconocía de la producción original, entre ellos las condiciones extremas que enfrentó Stallone durante el rodaje.

“Le dijeron que si se atrasaba un solo día podían reemplazarlo. Básicamente lo sabotearon. El primer día de rodaje lo hicieron correr 20 millas. Todas las escenas de carrera se filmaron ese día. Estaban tratando de quebrarlo. Estuvo en el hospital cuatro veces mientras hacía esta película”, reveló Farrelly. Añadió que, de haber conocido toda la historia, no la habría hecho, pero que después de ver I Play Rocky y volver a ver Rocky, hasta te gusta más la original al conocer la realidad: “No fue un paseo para él. Fue duro”.

Uno de los aspectos más personales surgió de las conversaciones con Stallone, quien aprobó el proyecto aunque no participó directamente en su realización.

Farrelly quiso asegurarse de que la representación de su familia, particularmente la de su padre, fuera fiel a sus recuerdos. “Le pregunté: ‘¿Estamos siendo demasiado duros con tu papá?’. Y me dijo: ‘No, no, no. Esa es una versión amable de mi padre. Mi padre era un tipo duro. Era mucho más brutal que eso’”, relató el director. Stallone también le contó que había vivido seis meses en Penn Station, en Nueva York, una etapa de soledad y precariedad que ayuda a comprender la dimensión de su determinación.

Para Anthony Ippolito, quien antes interpretó a un joven Al Pacino en la serie The Offer, dar vida a Stallone fue una oportunidad de explorar la vulnerabilidad que suele desaparecer cuando las figuras del entretenimiento alcanzan el estatus de íconos.

“Todos somos falibles. No importa lo que venga después ni en qué se conviertan estos actores cuando alcanzan ese éxito increíble, al final del día, en algún momento solo estaban luchando por salir adelante y por trabajar como actores. En el caso de Stallone, también como escritor. Creo que eso es muy universal y todos podemos identificarnos con ello”, expresó, en una interpretación que el autor considera digna de todo reconocimiento.

Al preguntarle qué diría a alguien que se siente ignorado y lucha por perseguir sus sueños, respondió: “La lucha y la duda son una parte muy real, muy humana, de intentar hacer realidad tus sueños. Es algo que todos tenemos que soportar en ese proceso”.

La película también reconoce a quienes sostuvieron esa perseverancia. AnnaSophia Robb interpreta a Sasha, la compañera sentimental de Stallone, cuya presencia fue fundamental en los momentos de mayor incertidumbre.

“Lo que me encanta de su relación es que ambos son subestimados. Simplemente están intentando hacer algo. No se trataba del destino, sino de conseguir que la película se hiciera. Creo que todos necesitan una Sasha en su esquina”, comentó.

Espera que el público reconozca a esas personas que, sin estar bajo el ojo público, hacen posible que otros alcancen sus sueños.

Stephan James, quien interpreta a Carl Weathers, el actor que dio vida a Apollo Creed, destacó la importancia de la convicción personal: “La convicción que tengas en ti mismo es probablemente la herramienta más poderosa que puedes poseer”. Recordó que Stallone estuvo dispuesto a rechazar ofertas económicas importantes con tal de conservar el papel que consideraba suyo.

Kiki Seto, quien encarna a Talia Shire, la Adrian de la cinta original, encontró en la película una celebración de la esperanza. “Creo que los milagros existen y que está bien creer en uno mismo. Cuando escuchamos esa voz que nos dice que hay algo que debemos hacer y nos atrevemos a perseguirlo, nos permite experimentar esos milagros”, expresó. Entre los detalles que más la sorprendieron estuvo saber que los productores hipotecaron sus propias casas para financiar la película original.

Al final, I Play Rocky nos invita a regresar a una película que creíamos conocer, pero desde una perspectiva mucho más humana. Como alguien que considera a Rocky Balboa el mejor personaje en la historia del cine, el autor confiesa que conocer las dimensiones de aquella batalla hace que el legado de Stallone resulte todavía más admirable y que el sabor a victoria sea aún más disfrutable.

Varias fuerzas marcarán el panorama: nuevos proyectos solares y de baterías, una revisión de las normas de interconexión, un cambio en Washington luego de la victoria de los demócratas en el Congreso y la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Para una isla cuya política energética se decide entre San Juan y la capital federal, esa combinación será determinante.

El punto de partida es difícil. Las tarifas promedio rondan actualmente los 34 centavos por kilovatio-hora, casi el doble del promedio continental. Las interrupciones del suministro de gas natural han obligado a utilizar diésel más caro, mientras miles de millones de dólares para la reconstrucción siguen sin desembolsarse en su totalidad.

No obstante, se esperan más proyectos de energía. Entre los más importantes figura Marahú Solar and Storage, de AES Puerto Rico, en Salinas y Guayama. Este combina aproximadamente 200 megavatios de generación solar con 285 megavatios de almacenamiento en baterías. Se espera que su integración a la red le permita desempeñar un papel importante durante el 2027.

En Naguabo, Polaris Renewable Energy amplía el almacenamiento del parque eólico de Punta Lima con un sistema de baterías de 35,7 megavatios. Su entrada en operación comercial se espera para 2027, con el objetivo de aprovechar mejor la generación eólica y contribuir a estabilizar el suministro.

Otros proyectos solares y de almacenamiento aprobados por la AEE avanzarán en construcción e interconexión en Coamo, Ponce, Peñuelas, Caguas y Juana Díaz. Genera PR también trabaja en baterías y generación flexible para reforzar el respaldo del sistema ante el envejecimiento de las centrales de combustibles fósiles.

La construcción, sin embargo, es solo parte de la transición. El Negociado de Energía propone un nuevo Reglamento de Interconexión de Recursos Energéticos Distribuidos para modernizar la conexión de sistemas solares, baterías, proyectos comunitarios y microrredes. Su promulgación se prevé para principios de enero de 2027.

La propuesta exigiría planificación proactiva para anticipar el crecimiento de estos recursos e identificar mejoras antes de que los circuitos alcancen sus límites. También requeriría publicar análisis de capacidad de alojamiento por alimentador y realizar estudios conjuntos de interconexión en zonas con alta concentración de instalaciones.

Además, contempla compensaciones para clientes cuya inyección solar se restrinja por limitaciones de la red, así como plazos, informes y aprobaciones automáticas cuando los operadores no actúen en determinadas circunstancias. Para los defensores de las renovables, estas medidas podrían reducir la subjetividad y hacer más transparente el proceso.

En Washington, un Congreso demócrata seguiría limitado por una Casa Blanca republicana, pero podría intensificar la supervisión de las decisiones energéticas de la administración Trump.

Otra posible prioridad será una reforma bipartidista para acelerar los permisos de transmisión eléctrica, gas natural y renovables. En Puerto Rico, donde estos trámites suelen retrasar proyectos y mejoras de la red, los cambios podrían resultar importantes, aunque su alcance dependerá de los acuerdos que logre el Congreso.

El exsenador Ramón Luis Nieves cree que los demócratas podrían intentar restablecer incentivos renovables eliminados con el “Big Beautiful Bill”, e incorporarlos en paquetes legislativos más amplios, aunque advierte sobre la incertidumbre y el poder de veto presidencial. “Todavía es pronto para saberlo. Sin embargo, los demócratas podrían intentar negociar algo con Trump”, dijo.

Nada garantiza facturas más bajas a corto plazo. La isla sigue dependiendo de combustibles importados y de una infraestructura deteriorada. Si avanzan los proyectos, las reformas y los desembolsos federales, la transición a la energía sustentable ganaría impulso suficiente en el 2027, aunque difícilmente resolvería por completo los problemas energéticos.

En 2021, la Corte Suprema de Estados Unidos falló 9-0 en contra de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés) en el caso NCAA v. Alston. El tribunal determinó que los límites impuestos por la institución a ciertas compensaciones estaban sujetos al análisis ordinario de las leyes antimonopolio.

Como consecuencia de esa decisión, la NCAA flexibilizó sus restricciones para permitir que los atletas universitarios monetizaran su marca personal sin perder su elegibilidad deportiva. Esto abrió la puerta para que miles de deportistas obtuvieran ingresos gracias a su fama y presencia en las redes sociales.

En Puerto Rico, el Proyecto de la Cámara 1582, que busca crear la Ley de Equidad para la Monetización y Patrocinio del Atleta y Talento Estudiantil de Puerto Rico (E.M.P.A.T.E.), persigue un efecto similar para los atletas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

La medida propone que los estudiantes atletas no pierdan su elegibilidad por monetizar sus derechos NIL y que las instituciones académicas no limiten la compensación que puedan recibir por el uso de su nombre, imagen y semejanza.

De ser aprobado, el proyecto también establece prohibiciones para salvaguardar la imagen y la integridad de todas las partes. Entre ellas, se prohíbe promocionar productos o servicios relacionados con alcohol, apuestas, cannabis, tabaco, pornografía o cualquier actividad ilegal.

El proyecto también hace referencia a los capítulos 9 y 10 del Reglamento General de la LAI, los cuales establecen que un estudiante atleta que obtenga ganancias, regalías, premios o salarios en efectivo o en especie superiores a $10,000 por su participación en eventos deportivos fuera de Puerto Rico será considerado un atleta profesional. Además, menciona un límite de $8,500 en estipendios durante un período de 10 meses.

“Una lectura integral de ambos artículos te va a permitir concluir que atienden el tema de las ayudas económicas y no la venta de derechos de imagen. El NIL no lo prohíbe el Reglamento General de la LAI. Lo que prohíbe ese artículo es recibir ganancias por la participación deportiva, y el NIL no es participación; el NIL es imagen (Name, Image and Likeness)”, recalcó el comisionado de la LAI, el licenciado Jorge O. Sosa.

Entre los beneficios que menciona el Proyecto de la Cámara 1582 figuran la retención de estudiantes atletas en Puerto Rico, el fortalecimiento de la competitividad deportiva de las instituciones, una fuente adicional de ingresos para los atletas, entre otros.

Este medio conversó con dos exatletas de la LAI y una atleta activa en la División I de la NCAA sobre los derechos de Nombre, Imagen y Semejanza (NIL, por sus siglas en inglés).

“Sabía que era una manera adicional de generar ingresos para los estudiantes atletas, pero no había profundizado demasiado en el tema. Todo atleta que tenga que hospedarse fuera de su hogar enfrenta limitaciones económicas, aun con las ayudas que brinda la universidad, porque el costo de vida está muy alto”, mencionó Andrea Rivera, exatleta de la LAI.

“Estoy muy agradecida con el departamento atlético de la Universidad Católica porque recibí todas las ayudas económicas que la institución podía brindarme. Me alegra muchísimo que esta legislación esté en discusión, porque ya es hora de que los atletas puedan beneficiarse sin el miedo de incumplir con las reglas de la LAI”, comentó Ninibeth Crespo Flores, exatleta de la LAI.

“Durante los últimos dos años he tenido acuerdos de NIL y han sido de gran ayuda. También conozco otras jugadoras que generan muy buenos ingresos. Ser estudiante atleta y tener acuerdos de NIL ayuda a desarrollar destrezas como el manejo del tiempo, la disciplina y la capacidad para enfrentar situaciones de presión, entre otras”, expresó Adriana Nieves, jugadora de voleibol de playa de la División I de la NCAA.

El proyecto cuenta con iniciativas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. En la Cámara, sus principales autores son Héctor Ferrer y José “Pichy” Torres Zamora, mientras que en el Senado impulsan la medida Joanne Rodríguez Veve y Ángel Toledo.

Luis A. Meléndez es periodista de Metro Puerto Rico y forma parte de Report for America, una organización que apoya a periodistas en redacciones locales.

El repudio popular a las transgresiones de ICE desató una ola de protestas. En Puerto Rico, lejos de garantizar la inviolabilidad de la dignidad humana y velar por los derechos humanos, la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) ha acatado servilmente las políticas de Trump afirmando que no las retará y entregando voluntariamente información confidencial de residentes de Puerto Rico sin que le fuera requerido mediante una orden judicial.

El resultado de las elecciones de medio término de los EUA representa una derrota para Trump.

Y cuando se analizan las razones para la derrota se encuentra el rechazo a esta ofensiva migratoria. En Puerto Rico, a finales de octubre, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con equipo cuasi militar, irrumpieron en la Parroquia San Antonio de Padua de Río Piedras amedrentando e interviniendo -con armas largas- con las personas presentes, que incluía alrededor de 15 en fila para confesarse y unos obreros que reparaban el techo del templo. Esto genero un contundente rechazo popular y de parte de iglesias, grupos y comunidades de fe.

El gobierno de PR tiene el deber de actuar aceptando las recomendaciones de grupos y personas expertas en el tema, como la American Civil Liberties Union de PR (ACLU). Desde febrero de 2025, se radicó el PC 331, peticionado por la ACLU, para establecer la política pública que promueva la protección de los derechos y acceso a servicios para todas las personas, libre de discrimen.

Sin embargo, la Legislatura -cuya mayoría pertenece al PNP- se ha negado a atenderlo. El PC 331 detiene la colaboración de la policía local en lugares sensibles como las escuelas, hospitales e iglesias para que las personas con estatus migratorio irregular puedan acceder a cuidados de salud y otros servicios esenciales sin temor a perder su libertad y garantiza la confidencialidad de su información.

El restablecimiento será gradual y beneficiará a aproximadamente 5,500 abonados, luego de que la Planta de Filtración Espino, en Lares, reiniciara sus operaciones tras recibir los resultados negativos de las pruebas de laboratorio y la certificación correspondiente.

El director ejecutivo de la Región Norte de la AAA, Luis Miranda Vega, explicó que los sectores más cercanos al punto de distribución recibirán el servicio primero. Las comunidades más distantes tendrán agua progresivamente, a medida que se estabilice el sistema.

La planta permanecía fuera de servicio luego de que una grúa derramara aceite hidráulico durante trabajos programados en la represa. Las labores de limpieza concluyeron durante la noche del martes y la madrugada del miércoles. Posteriormente, se tomaron muestras de agua que fueron enviadas al laboratorio para los análisis correspondientes.

Mientras se completa el restablecimiento, la AAA continuará el acarreo de agua potable en coordinación con los municipios afectados y sus respectivas oficinas de Manejo de Emergencias.

“Esperamos iniciar la distribución alrededor de la medianoche para dar paso al restablecimiento gradual del servicio. La salud y el bienestar de nuestra gente han sido nuestra prioridad durante todo este proceso”, expresó Miranda Vega.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, agradeció el trabajo del personal de la corporación durante las labores de limpieza, evaluación y reinicio de la planta.

La AAA ofrecerá actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio a través de sus redes sociales, bajo la cuenta @AcueductosPR, y en su página web, www.acueductos.pr.gov.

La jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, afirmó en una rueda de prensa que cuatro de los heridos se encuentran en estado crítico, doce están estables, y el restante es un bombero con heridas leves.

Pero lamentó que “puede haber más personas (atrapadas) a medida que avance este operativo”.

El inmueble, ubicado en el distrito de Brooklyn, se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) con varios residentes en su interior y colapsó en un edificio en construcción adyacente, atrapando a varias personas que se encontraban en él.

Bonsignore señaló que el rescate “va a ser largo”, y aclaró que más de 250 miembros del personal de emergencias se encuentran desplegados en la zona, además de una unidad canina.

La causa del derrumbe sigue bajo investigación.

Imágenes publicadas en redes sociales por los bomberos muestran una gran pila de escombros que los equipos de emergencias intentan retirar con la ayuda de excavadoras.

El distrito de Brooklyn registró otra desgracia similar el pasado jueves, cuando seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un aparatoso incendio que afectó a una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park.

EFE

Uno de estos es el Proyecto del Senado 1514, que enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico para mantener vigentes, para propósitos de los incentivos locales, las designaciones de Zonas de Oportunidad publicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 9 de julio de 2018.

Según la Exposición de Motivos, cerca del 98% del territorio de Puerto Rico está designado actualmente como Zona de Oportunidad. Sin embargo, la ley federal conocida como One Big Beautiful Bill Act eliminó, con efectividad al 31 de diciembre de 2026, la disposición que otorgaba esa designación a todos los sectores censales de bajos ingresos de la Isla.

A partir de esa fecha, Puerto Rico solo podrá designar hasta el 25% de sus sectores elegibles para recibir los beneficios contributivos federales. No obstante, esa limitación no aplica a los incentivos locales.

La medida conserva las designaciones establecidas en 2018, incluidos los sectores censales de la antigua base naval Roosevelt Roads. Además, dispone que la cualificación de los fondos dependerá de los requisitos del Código y de los parámetros del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), y no de la certificación federal.

El proyecto también establece criterios de vivienda asequible dirigidos a la clase media trabajadora y a jóvenes profesionales, y fija en 25% el porcentaje elegible para esos proyectos. Asimismo, faculta al Comité para designar zonas adicionales exclusivamente para recibir incentivos locales.

Por otro lado, el Proyecto del Senado 1576 enmienda el Código de Rentas Internas para ofrecer mayor flexibilidad a los pequeños comerciantes en el pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

La medida permite que los comerciantes cuyas ventas brutas no hayan superado los $30,000 durante el trimestre anterior rindan la planilla y paguen el impuesto trimestralmente, en lugar de hacerlo cada mes. El plazo será hasta el día 20 del mes siguiente al cierre de cada trimestre.

La elegibilidad será automática. Sin embargo, los comerciantes que excedan el límite deberán regresar al sistema de radicación mensual a partir del trimestre siguiente. Los negocios nuevos también podrán acogerse desde el inicio mediante un estimado razonable de sus ventas.

El tercer proyecto de Rivera Schatz, el Proyecto del Senado 1594, fue presentado por petición de la Federación de Alcaldes y la Federación de Legisladores Municipales. La medida enmienda el Código Municipal para establecer normas parlamentarias mínimas y uniformes para las legislaturas municipales.

Entre sus disposiciones, establece que la aprobación de una cuestión previa requerirá el voto de dos terceras partes de los miembros presentes. También fija los periodos de sesiones ordinarias: el primero comenzará el segundo lunes de enero y se extenderá hasta el 30 de junio, mientras que el segundo iniciará el tercer lunes de agosto y concluirá el martes anterior al tercer jueves de noviembre.

La propuesta también autoriza a los municipios a adquirir alimentos y medicamentos sin necesidad de celebrar subastas. Cuando el pago exceda los $10,000, deberán obtener tres cotizaciones.

Asimismo, permite distribuir la jornada laboral de 40 horas semanales en días de hasta 10 horas. También autoriza publicar en plataformas digitales o redes sociales de alto alcance los avisos dirigidos a personas desconocidas en los procedimientos para declarar una propiedad como estorbo público.

En cuanto a las expropiaciones de estorbos públicos, la medida elimina el requisito de consignar previamente la justa compensación para que el municipio obtenga el título de propiedad. La orden judicial que conceda el título será suficiente para inscribirlo en el Registro de la Propiedad. El tribunal determinará posteriormente la compensación que podrán reclamar las personas que demuestren tener derecho a ella.

Medidas de administración

El Senado aprobó también, con enmiendas, el Proyecto del Senado 1404, una medida de administración, que crea la “Ley para la Gestión de Fondos de Recuperación Destinados a la Compra de Viviendas y la Repoblación de Municipios”. Prohíbe discriminar contra compradores que usen vales o aportaciones de programas federales de recuperación o mitigación tras desastres. Entre ellos están el Programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3), el Programa de Mitigación para Viviendas Unifamiliares (SFM) y el Programa ReSURge, que ayuda a los afectados por los terremotos de 2019 y 2020.

El Alto Cuerpo también le dio paso al Proyecto del Senado 1413, de administración que enmienda el Artículo 117 del Código Civil. El proyecto da más flexibilidad para presentar evidencia socioeconómica en los procedimientos de incapacidad. El tribunal mantiene el deber de evaluar las condiciones socioeconómicas de la persona, pero ya no será obligatorio presentar un informe socioeconómico profesional en todos los casos. El tribunal decidirá cuándo basta la evidencia disponible y cuándo hace falta un informe preparado por una persona cualificada. Para eso, tomará en cuenta factores como la complejidad del patrimonio, las condiciones de vivienda y cuidado, las redes de apoyo y los posibles conflictos de interés o situaciones de explotación.

De administración es también el Proyecto del Senado 1415, que enmienda el Código Penal para que el término de prescripción de diez años aplique a más casos de apropiación ilegal agravada, fraude y lavado de dinero. Hoy ese término aplica a cuantías de $500,000 o más. La medida baja el umbral a $50,000 o más. Según la Exposición de Motivos, la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia ya atiende los esquemas de más de $50,000. Además, la complejidad de estos casos no depende solo de la cuantía.

Se aprobó, además, el Proyecto del Senado 1429, otra medida de administración, que enmienda el Código de Rentas Internas, para eximir de la Contribución Alternativa Mínima aplicable a Corporaciones a las juntas comunitarias que cumplan tres requisitos: estar certificadas por la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), estar reconocidas por el Departamento de Hacienda como organizaciones sin fines de lucro y tener la exención contributiva correspondiente.

Medidas de la Cámara aprobadas por el Senado

El Senado aprobó, con enmiendas, el Proyecto de la Cámara 1211, que enmienda las Reglas de Procedimiento Criminal, con el fin de prohibir transmitir o publicar en tiempo real, por cualquier medio, el audio o las imágenes de las vistas de causa probable para arresto y de las vistas preliminares. Violar esa prohibición será desacato. Por otro lado, el Senado también aprobó, con enmiendas, el Proyecto de la Cámara 1447, que prohíbe la cobertura electrónica de las vistas de casos criminales en las que el tribunal decide si una prueba es admisible, según la Regla 109 de las Reglas de Evidencia. La prohibición incluye la transmisión en vivo y cualquier difusión posterior, aunque el caso haya terminado.

El Senado dio paso, también con enmiendas, el Proyecto de la Cámara 663, que añade un capítulo al Código de Seguros de Puerto Rico para regular las licencias y la venta de seguros de viaje. Se basa en la ley modelo del Consejo Nacional de Legisladores de Seguros (NCOIL) y de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC). Además, aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 417 que reasigna al Municipio de Mayagüez $1,496,886.02 que sobraron de resoluciones conjuntas anteriores. El dinero deberá ser utilizado en obras y mejoras permanentes en las instalaciones médico-hospitalarias del municipio.

El Senado aprobó también el Proyecto de la Cámara 1377, que establece en Puerto Rico el Programa C-PACE, un mecanismo de financiamiento privado para que los dueños de propiedades comerciales, industriales, turísticas, agrícolas y residenciales de cinco unidades o más hagan mejoras de eficiencia energética, energía renovable, conservación de agua, protección contra huracanes y accesibilidad. El préstamo se pagará mediante una imposición voluntaria sobre la propiedad, que se acuerda por contrato con el municipio.

Además, se aprobó, con enmiendas, el Proyecto de la Cámara 164, que crea la “Ley de Protección para los Deportes Femeninos”. Aplica a las escuelas y universidades públicas y a las privadas que compiten con estas. Cada equipo deberá designarse como femenino, masculino o mixto, según el sexo biológico de sus miembros. Las personas del sexo masculino no podrán formar parte de equipos femeninos, salvo en las ligas infantiles de 5 a 8 años. La ley no aplicará a actividades en las que la fuerza física no sea una ventaja determinante, como el ajedrez y los esports.

De igual forma, el Cuerpo concurrió con las enmiendas que la Cámara de Representantes introdujo a dos medidas del presidente del Senado. El Proyecto del Senado 1013 enmienda la “Ley de Pesquerías de Puerto Rico” para simplificar el proceso de otorgar, renovar y validar las licencias de pesca comerciales y recreativas. El Proyecto del Senado 53 enmienda la Regla 60 de Procedimiento Civil de 2009 para aumentar la cuantía máxima de las reclamaciones que se tramitan bajo esa regla. Además, concurrió con las enmiendas de la Cámara a los Proyectos del Senado 877, 897, 1130, 1259 y 1262.

Aval a nombramientos del Ejecutivo

Al recibir; con informes positivos de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que lidera el presidente senatorial, las designaciones a varias posiciones de fiscales del Departamento de Justicia y de miembros de juntas; el Senado confirmó a la licenciada Roxanne Rivera Carrión como Fiscal Auxiliar III, en ascenso. Las licenciadas Ileana Andrea Santos Colom, Vanessa M. Román Delgado y Angélica M. García Pizarro fueron confirmadas como Fiscales Auxiliares II, en ascenso, y la licenciada Geralyvette Torres Nazario, como Fiscal Auxiliar I. El Cuerpo confirmó, además, a José J. Tañón Díaz como miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y a Anthony Ruiz como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica.

El anuncio lo hizo al cumplirse un año de la operación de emergencia a la que fue sometido para extirparle un tumor maligno en el cerebro.

“Voy con una fe inmensa, con una paz extraordinaria. Seguro de que volveré con una gran sonrisa y con buenos resultados porque sé que Dios ha escuchado mis oraciones”, expresó.

Pérez recordó que hace exactamente un año ingresó a sala de operaciones a las 7:00 a. m. para someterse al procedimiento.

Según relató, la intervención se realizó con carácter de emergencia y los médicos le habían dado un pronóstico de vida de apenas algunos meses.

“Como comprenderán, fueron días terribles para mí y mi familia, de mucha tensión, de mucho miedo, de mucha incertidumbre”, manifestó.

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Al recordar el proceso, el presentador destacó el apoyo de su esposa, sus hijos y las miles de personas que estuvieron pendientes de su recuperación y elevaron oraciones por su salud.

“Hoy cumplo un año, me siento lleno de vida, me siento fuerte, me siento recuperado”, añadió.

En su mensaje, Pérez también se dirigió a las personas que atraviesan situaciones difíciles, entre ellas problemas económicos, familiares y de adicción.

Compartió una reflexión sobre la importancia de la fe y la oración ante las adversidades.

“Dios escuchó mis oraciones y lo que quiero decirle a todos ustedes es que también escucha las de todas las personas que tienen problemas en nuestro país”, sostuvo.

Finalmente, agradeció las muestras de solidaridad que recibió durante el último año y expresó su deseo de continuar compartiendo con su familia por muchos años más.

“Espero estar muchos años más con la bendición de Dios aquí y con mi familia”, concluyó.

Tras los hechos ocurridos anoche al concluir el segundo partido de la serie de cuartos de final, la liga ha dado a conocer las sanciones disciplinarias para ambas franquicias.

Las penalidades para las Criollas de Caguas fueron las siguientes: suspensión por un partido y multa de 350 dólares para el dirigente Xavier Aponte, suspensión de participación y presencia en el banco, tabloncillo y áreas restringidas durante los partidos restantes de la serie de cuartos de final entre Caguas y Moca, más una multa de 500 dólares para el gerente general Omar Vargas.

Ambas franquicias tendrán que colaborar con la identificación de las personas involucradas y preservar la evidencia.

Por otra parte, las acciones disciplinarias que recaen sobre las Explosivas de Moca son las siguientes suspensiones para el técnico Leonel Avilés un partido y el asistente Ivaniel Hernandez tres partidos.

Las jugadoras suspendidas serán: Sonia Roman un partido, Cierra Burdick dos partidos y Natasha Alequin suspensión por el resto de la temporada 2026 y los primeros cinco partidos de 2027.

Para las Explosivas las multas serán las siguientes: Leonel Aviles $250, Ivaniel Hernández $400, Sonia Román $150, Cierra Burdick $650 y Natasha Alequin $1,000. Además las franquicia tendrá que pagar una multa de 2,000 dólares por cuatro incumplimientos relacionados con la seguridad y el control de acceso.

Las Explosivas no podrán jugar en el Coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo por el resto de la actual temporada 2026 y los primeros tres choques del 2027. Además de tener que presentar un plan de seguridad ante la liga antes de la reapertura del Coliseo, igualmente no podrán vender boletos de arena hasta que dicho plan sea aprobado.

El asistente técnico de las Explosivas, Roberto Cañada lamentó el suceso, mientras que recalcó que todavía hay una serie que jugar. “Es lamentable pues el BSNF se está jugando a un alto nivel, pero todo lo que se haga incorrecto en la cancha tiene que tener consecuencias y eso fue lo que ocurrió aquí, nosotros en Moca en este momento estamos enfocados en tratar de ganar el próximo juego para mantener la serie viva”, sostuvo Cañada.

Luis A. Meléndez es periodista de Metro Puerto Rico y forma parte de Report for America, una organización que apoya a periodistas en redacciones locales.

La propuesta fue presentada por el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, luego del hallazgo de perros y gatos muertos dentro de bolsas plásticas en Ponce, un caso que es investigado por la Policía. El funcionario sostuvo que lo ocurrido debe provocar una respuesta inmediata del Gobierno central y los municipios.

Como medida central, García Padilla planteó que los $10 millones se distribuyan entre los municipios según su población, tomando como referencia los datos del Censo.

La iniciativa también contempla establecer acuerdos con veterinarios y clínicas de todo Puerto Rico para fijar tarifas uniformes y facilitar la participación de profesionales en las jornadas de esterilización. Los procedimientos se realizarían tomando en consideración el peso, tamaño, edad y condiciones de salud de cada animal.

Otra de las medidas propuestas es establecer una moratoria de un año a la venta comercial de perros y gatos en Puerto Rico. Según García Padilla, la pausa ayudaría a reducir la reproducción de animales con fines comerciales y a fomentar la adopción responsable.

El alcalde también propuso suspender durante un año la importación de perros y gatos para fines comerciales. La medida incluiría las excepciones necesarias para proteger el bienestar de los animales y atender situaciones particulares.

En octubre de 2024, García Padilla había solicitado al entonces gobernador Pedro Pierluisi y a la Junta de Control Fiscal una asignación de $2 millones para atender la situación.

Sin embargo, sostuvo que el Gobierno todavía no ha establecido un programa nacional permanente de manejo y esterilización ni una respuesta estructurada ante la proliferación de perros, gatos y caballos realengos.

“Puerto Rico necesita dejar de mirar hacia el lado. Este problema no se resuelve con expresiones de indignación, campañas aisladas ni medidas superficiales. Necesitamos una política pública seria, recursos recurrentes, fiscalización y responsabilidad compartida entre el Gobierno central, los municipios, los veterinarios y las organizaciones protectoras de animales”, expresó García Padilla.

El funcionario señaló que la crisis afecta el bienestar animal, la salud pública, la seguridad y la convivencia ciudadana. Por ello, exhortó al Gobierno a actuar mediante inversión y coordinación entre las distintas entidades para atender el problema en todos los municipios.

“No podemos seguir esperando a que ocurran más tragedias para reaccionar. Las soluciones livianas ya no son suficientes. Puerto Rico necesita atender esta emergencia con la seriedad y urgencia que merece”, añadió.

“Yo creo que el difundir información de rumores es bien absurdo en este momento, cuando el tribunal tiene ante su consideración un pleito que todo el pueblo de Puerto Rico sabe que yo he estado de frente desde las elecciones hablando del mal servicio que tiene LUMA con el pueblo de Puerto Rico (y) que esto fue una promesa de campaña”, expresó la mandataria en conferencia de prensa.

Indicó, además, que era una estrategia para “desviar la atención y hacer insinuaciones que son falsas”.

“Vamos a ver quiénes son los abogados de Luma en el caso. Son los ex jueces del Supremo, Edgardo Rivera, que también trabaja para el Senado de Puerto Rico. Son el ex juez Hernández Denton, también abogado de Luma, D.L. Piper, (Frank) Torres Viada, distintos bufetes llevando el caso de Luma, a lo que tienen perfecto derecho”, expresó González Colón.

“Si alguien tiene intromisiones en el Tribunal Supremo, son los pasados jueces del Tribunal Supremo. Yo no tengo ninguna intervención con ningún juez. Yo no hago eso”, añadió.

Otro de los abogados que representa a LUMA, es José Andrew Fuentes, hijo del expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Andrew García.

Más temprano, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, también emitió unas expresiones en las que afirmó que “la gobernadora no se ha comunicado con ningún juez o jueza para ejercer presión o influir en ninguna decisión judicial, ya no saben ni qué inventar”.

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Del mismo modo, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, afirmó que ninguna persona, sin importar su cargo, puede intervenir en una determinación judicial. LUMA, a su vez, solicitó una investigación sobre esos señalamientos.

Las alegaciones surgieron luego de que el martes en el programa “Nación”, de TeleOnce, donde el abogado y analista Eddie López aseguró que una fuente le informó que la gobernadora llamó personalmente a jueces del Tribunal Supremo para que cambiaran sus votos a favor de anular el contrato de LUMA.

El caso se encuentra ante la consideración del Tribunal Supremo desde agosto de 2026.

Gobierno se encuentra en negociaciones con tres compañías de suplido de gas natural

Asimismo, la mandataria aseguró que “no tiene fecha” para que la compañía NFEnergía, LLC (NFE), subsidiaria de New Fortress Energy pueda entregar el próximo cargamento con gas natural licuado.

A finales de octubre de este año, el buque Amur River llegó a Puerto Rico con solo el 60% de su capacidad de carga y no garantizó que el suministro fuese suficiente para abastecer la demanda.

“La semana pasada, a invitación nuestra vino Naturgy (Energy Group), Javelin (Global Commodities) y Crowley (Maritime), y fueron al muelle (pero) la compañía ha sido bien difícil bregar con ella, hemos pedido intervención al tribunal, el tribunal ha acudido a las facilidades, tanto el zar de Energía como esta servidora ha hablado con la Junta de Supervisión Fiscal para buscar el tener otro suplidor de gas porque la realidad es que, hasta este momento, no tenemos una fecha en la que New Fortress pueda proveer el gas porque tienen problemas con su suplidor en México”, explicó la mandataria.

Explicó, además, que para el gobierno era “vital” garantizar el suplido de gas natural porque “eso puede garantizar mantener más bajo el costo de la electricidad, de inmediato y a largo plazo, porque mientas sigamos quemando diésel, el costo de electricidad va a seguir aumentando”.

El gobierno de Puerto Rico presentó, ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, una solicitud urgente de interdicto provisional contra NFE para exigir el cumplimiento inmediato de las disposiciones contractuales que permiten a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) adquirir gas natural de proveedores alternos y utilizar la infraestructura y el muelle de la compañía. La demanda asciende a $100 millones.

Del mismo modo, indicó que el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) renovó dos órdenes de emergencia para Puerto Rico y aseguró que la agencia federal invirtió $365 millones para reparar turbinas. “Nos están dando la mano”, dijo la mandataria.

El evento, denominado Beauty at the Beach, será la única pasarela oficial de trajes de baño abierta al público antes de la final del concurso, programada para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La actividad comenzará a las 6:00 p. m. y contará con la participación de Jeda The DJ.

La producción está a cargo de The Crown Production LLC, en colaboración con la Organización Miss Universo. Los boletos están disponibles a través de Ticket Center.

La compañía, que instala 1.5 millones de contadores inteligentes en Puerto Rico, publicó en su página web una guía con los códigos que pueden aparecer en la pantalla y lo que significa cada uno.

Uno de los más comunes es nErE9, que indica que el contador está conectado y se comunica correctamente con la red.

Otros códigos que forman parte del funcionamiento normal son HAnEI, que significa que el contador se conectó a otro cercano mientras se prepara para comunicarse con la red; EOI, que marca el fin de un intervalo de medición del consumo; UPgrad, que indica que el equipo recibe una actualización de programación; boot, que aparece cuando el contador se enciende tras la instalación o el restablecimiento del servicio; y Test, que indica que un técnico está probando el equipo.

En ninguno de esos casos el cliente tiene que hacer nada.

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Hay otro grupo de códigos que indican que el contador está verificando o procesando información, y que suelen ser temporeros. Entre ellos están nOnEI, cuando el equipo busca contadores cercanos, algo común después de una instalación o de un apagón; nodAtA o -----, cuando cierta información no está disponible en ese momento; y rECONFIG, cuando se completa una actualización de la configuración.

Un tercer grupo corresponde a situaciones que LUMA ya está revisando. Incluye n0rAd, relacionado con el arranque o una falla del módulo de comunicación; SaFE, que indica que el contador está en modo de protección; Er1001, que señala un vacío de 15 minutos en los datos de consumo; Er1003, cuando la hora interna del equipo falta o es incorrecta; Er1004, que apunta a un error al guardar datos; Er1 o Er2, que indican que la batería interna está baja; y De5, que podría señalar un problema con la instalación, aunque es poco común.

Según LUMA, en estos casos tampoco es necesario que el cliente actúe, porque la compañía ya está revisando la situación.

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Si en el contador aparece un código que no está en la lista, LUMA recomienda llamar al 1-844-888-5862 y seleccionar la opción 7.

A diferencia de los contadores tradicionales, que requieren lecturas manuales, los inteligentes envían diariamente la información de consumo a la compañía. Según LUMA, eso permite identificar averías más rápido, agilizar el restablecimiento del servicio y reducir las facturas estimadas.

La instalación de los contadores no tiene costo para los clientes, quienes reciben una postal y una llamada automatizada antes de la visita. Para coordinar la instalación o hacer preguntas, los clientes pueden llamar al mismo número y seleccionar la opción 3.

Las expresiones surgen luego de que la presidenta de LUMA, Janisse Quiñones, se pronunciara sobre los alegados intentos de influir en las determinaciones del máximo foro en el caso relacionado con el contrato de la empresa, señalamientos que La Fortaleza ha rechazado como falsos y difamatorios.

“Resulta verdaderamente sorprendente la rapidez con la que la presidenta de LUMA reaccionó a expresiones falsas y difamatorias, particularmente cuando esa misma diligencia ha estado ausente durante los años en que la empresa ha tenido bajo su responsabilidad la operación, mantenimiento y reconstrucción del sistema de transmisión y distribución”, expresó Colón Ortiz.

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“Ojalá LUMA demostrara el mismo sentido de urgencia para atender los apagones, remover la vegetación de las líneas eléctricas, gestionar los fondos federales de reconstrucción, investigar las facturas infladas que reciben nuestros ciudadanos y responder a los reclamos de los alcaldes y las comunidades”, añadió.

El funcionario reiteró el respeto del Gobierno a la independencia del Tribunal Supremo y sostuvo que su posición sobre la legalidad de la enmienda conocida como Carta-Extensión está contenida en los escritos presentados ante el foro, al que le corresponde exclusivamente determinar sus méritos.

“El Tribunal Supremo no necesita que LUMA ni ningún otro sector le indique cómo ejercer sus funciones constitucionales”, afirmó.

Colón Ortiz indicó que Puerto Rico cuenta con unos $11,000 millones en fondos federales de reconstrucción para la red de transmisión y distribución, de los cuales LUMA solo ha obtenido reembolsos de alrededor del 6 % tras seis años de operación.

Señaló, además, que según los datos reportados al 9 de noviembre a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y al Departamento de Energía federal, LUMA había despejado apenas 238 de las 5,299.7 millas de vegetación que le corresponden bajo el programa FAASt, un avance de 4.49 %.

El zar de Energía enumeró nueve averías de gran magnitud desde 2021, entre ellas tres apagones generales que dejaron sin servicio a unos 1.47 millones de clientes cada uno. También citó estadísticas del Negociado de Energía que reflejan un aumento en la duración y la frecuencia de las interrupciones durante la operación de LUMA.

“LUMA insiste en vender su teoría del caos, haciendo creer que, sin ellos, el sistema eléctrico de Puerto Rico no continuaría operando. Esa narrativa no responde a la realidad, Puerto Rico es mucho más que LUMA”, sostuvo.

“LUMA debe dedicar menos tiempo a la propaganda y a los documentales y más tiempo a cumplir con sus responsabilidades y obligaciones, y que no se vaya la luz”, concluyó Colón Ortiz, quien reiteró que “LUMA se tiene que ir”.

La actividad se realizará de 12:00 p. m. a 10:00 p. m. y contará con actividades culturales, presentaciones musicales, ofertas gastronómicas y espacios para que artesanos y microempresarios exhiban y vendan sus productos.

Como parte de la iniciativa, los restaurantes participantes podrán extender sus áreas de servicio con mesas, sillas y sombrillas en espacios exteriores autorizados. La programación también incluirá actividades del Boulevard de las Artes.

La jornada coincidirá con la apertura de la Plaza de Hostos, en la zona de la Dársena, luego de una rehabilitación que representó una inversión de $1,563,474.30.

Los trabajos incluyeron la reconstrucción de losas estructurales, la restauración de componentes arquitectónicos, mejoras al sistema eléctrico y la instalación de nuevas luminarias, bancos, pasamanos y barandas. También se realizaron mejoras a las estructuras destinadas a los artesanos.

La intervención incorporó esculturas inspiradas en la forma de los árboles, como homenaje a la vegetación que históricamente caracterizó la plaza, y la siembra de un nuevo árbol en sustitución de uno de los ejemplares centenarios que se perdieron tras el paso del huracán María.

Por su parte, la Plaza de Armas, que ya está abierta al público tras su rehabilitación, será uno de los principales escenarios de la actividad. La remodelación representó una inversión de $3,173,219.58 e incluyó mejoras a unos 16,000 pies cuadrados de pavimentos y aceras, accesos conforme a la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, en inglés), nuevas luminarias, conexión Wi-Fi y cámaras de seguridad.

También se realizaron trabajos en la fuente, los bancos y los quioscos existentes. Entre las novedades figura un reloj de sol humano interactivo, compuesto por losas de granito con incrustaciones de bronce que indican las horas y los meses.

Además, se restauró y repatinó la escultura y el banco dedicados a Tite Curet Alonso. Los trabajos estuvieron a cargo de Luz Badillo, artista original de la pieza.

Como parte de los esfuerzos para divulgar el patrimonio histórico del lugar, la Oficina de Arte Público y Monumentos Históricos del Municipio de San Juan presentará cuatro módulos educativos bajo el título “La Plaza de Armas a través del Tiempo”. El contenido, disponible en español e inglés, abordará la evolución histórica de la isleta, los distintos usos de la plaza y su patrimonio escultórico y artístico.

La iniciativa también incluirá “Casa Alcaldía, una Galería al Aire Libre”, que exhibirá reproducciones de detalles de los vitrales creados por el artista Ernest L. Roselle Brauet.

Los módulos educativos tendrán iluminación nocturna e incorporarán elementos de accesibilidad e inclusión. También podrán consultarse mediante códigos QR y el portal sanjuan.pr, donde estará disponible una versión digital del contenido para leer o escuchar desde dispositivos móviles.

En conjunto, las rehabilitaciones de las plazas de Armas y Hostos representaron una inversión municipal de $4,736,693.88.

“San Juan al Aire Libre nos permite darle un uso distinto a estas calles por unas horas y crear una experiencia en la que la gente pueda caminar, entrar a nuestros comercios, disfrutar de la gastronomía y encontrarse con la cultura y el arte del Viejo San Juan”, expresó Romero Lugo.

El alcalde agregó que las mejoras buscan conservar los espacios históricos y fortalecer la actividad comunitaria, comercial y turística del casco antiguo.

Para el desarrollo de la actividad, el Municipio coordinará cierres temporales de tránsito, alternativas de estacionamiento y opciones de transportación colectiva.

Los horarios, las rutas, los cierres y demás información relacionada con la movilidad se divulgarán a través de las redes sociales oficiales del Municipio de San Juan.

La actividad, organizada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico en colaboración con el municipio de Aguadilla, comenzó a las 3:00 de la tarde en la bahía y es abierta al público. La celebración incluye música en vivo, vehículos gigantes y entretenimiento para que los ciudadanos puedan recibir de cerca a las representantes internacionales que competirán por la corona universal.

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel, destacó que el propósito de estas actividades es permitir que las candidatas conozcan la cultura y hospitalidad puertorriqueña. Por su parte, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, informó sobre un operativo de seguridad que incluye aproximadamente 200 agentes estatales y municipales para garantizar el desarrollo de la celebración.

La bienvenida forma parte de la agenda de la edición número 75 de Miss Universe, que continuará con actividades culturales, recreativas y comunitarias en distintos municipios de Puerto Rico. El calendario incluye eventos en Ponce, Guaynabo y San Juan, mientras que la competencia de trajes típicos se celebrará el 21 de noviembre, la preliminar el 22 y la gran final el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

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La solicitud de financiamiento, presentada el 10 de noviembre ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, pondría inicialmente a disposición $376,000 durante las primeras dos semanas del caso bajo el Capítulo 11, para cubrir nómina, costos de ocupación, servicios esenciales y otros gastos relacionados con la quiebra. La empresa indica que se acogió a la quiebra con apenas unos $44,000 en efectivo y sin ingresos operacionales, luego de cerrar todos sus restaurantes.

La moción ofrece el panorama más claro hasta ahora de la condición financiera de Encanto tras la abrupta terminación de sus acuerdos de franquicia de KFC y Taco Bell por parte de afiliadas de Yum! Brands el 1 de noviembre. Según documentos del tribunal, la terminación de las franquicias obligó a Encanto a comenzar a cerrar restaurantes el 2 de noviembre, y para el 5 de noviembre, cuando solicitó la protección del Capítulo 11, los 169 restaurantes que operaban bajo las marcas KFC, Taco Bell y Pizza Hut habían cesado operaciones y la mayoría de los empleados había sido cesanteada.

Encanto explicó que el cierre se produjo tras meses de problemas de liquidez cada vez más graves, que la llevaron a enfrentar numerosas reclamaciones de arrendadores y otros acreedores por obligaciones impagas. La empresa sostiene que se vio forzada a acogerse a la quiebra para preservar el valor de sus activos restantes, incluidos sus derechos de arrendamiento y posibles reclamaciones legales, mientras explora un proceso de venta.

Documentos del tribunal muestran que Banco Popular, al que se le adeudan $87.7 millones, tomó varias medidas para mantener a flote a la empresa antes de la radicación de la quiebra. Según la moción, el banco concedió moratorias de pago, redujo temporalmente las tasas de interés, suscribió un acuerdo de tolerancia y aprobó adelantos por sobregiros. A finales de octubre, el banco también otorgó un adelanto protector de $544,000 para saldar rentas atrasadas en 12 restaurantes y evitar procesos de desahucio.

Bajo la estructura de financiamiento propuesta, Banco Popular proveería fondos nuevos posteriores a la petición de quiebra y, a la vez, convertiría partes de su deuda existente en obligaciones posteriores a la petición mediante el mecanismo conocido como roll-up. El acuerdo le daría al prestamista mayores protecciones y prioridad de pago durante el caso de quiebra. La empresa describió el financiamiento como la única fuente de fondos disponible, dado que cesó operaciones y que casi todos sus activos ya sirven de garantía de los préstamos de Banco Popular.

El préstamo propuesto conlleva una tasa de interés anual de 12% sobre el dinero nuevo adelantado y podría vencer tan pronto como el 30 de noviembre, a menos que se apruebe o se extienda financiamiento adicional.

Encanto indicó que planifica usar el periodo de financiamiento inicial para continuar conversaciones con posibles compradores y solicitar la aprobación del tribunal para los procedimientos de venta. La empresa señaló que, si surge una transacción viable, podría solicitar financiamiento adicional a Banco Popular para sostener el proceso de venta hasta su cierre.

La radicación también preserva posibles reclamaciones contra las afiliadas de Yum! Brands relacionadas con la controvertida terminación de los acuerdos de franquicia de KFC y Taco Bell. Encanto y Banco Popular indicaron expresamente que no aceptan la validez de las terminaciones y que se reservan todos sus derechos y remedios relacionados con esos acuerdos.

Se le solicita a un juez de quiebras que apruebe el financiamiento interino de forma urgente para el 13 de noviembre, con una vista final, de ser necesaria, pautada para no más tarde del 24 de noviembre. Encanto argumenta que, sin acceso inmediato a los fondos, podría no tener la capacidad de cubrir la nómina ni preservar sus activos restantes, lo que pondría en riesgo cualquier esfuerzo por maximizar su valor mediante una venta.

Lea la nota original en inglés en Caribbean Business.

La nominación fue remitida al Senado federal el 10 de noviembre, según la comunicación oficial de la Casa Blanca, y requiere la confirmación de ese cuerpo legislativo.

Díaz-Rex trabajó como fiscal federal auxiliar en Puerto Rico entre 2005 y 2019. Durante ese periodo, dirigió la unidad de narcóticos de 2015 a 2019, se desempeñó como abogada litigante principal en la unidad de delitos graves entre 2012 y 2015 y atendió casos de delitos financieros y económicos de 2005 a 2012, según su biografía oficial del Departamento de Justicia federal.

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En marzo de 2019, fue nombrada jueza de Inmigración por el entonces secretario interino de Justicia federal, Matthew Whitaker. Actualmente, figura entre los jueces asignados al Tribunal de Inmigración de Guaynabo.

Díaz-Rex obtuvo un bachillerato en Florida International University en 1990, un grado en Derecho de Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School en 1993 y una maestría del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos en 2015.

También cuenta con experiencia en la Reserva del Ejército, la Guardia Nacional y la Reserva de la Guardia Costera de Estados Unidos, donde ha desempeñado funciones jurídicas y militares.

La nominación ocurre mientras Héctor E. Ramírez Carbó ocupa interinamente la dirección de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico desde el 7 de julio de 2026, tras la salida de Muldrow.

Como parte del homenaje, la mandataria firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 217, de la autoría de la representante Elinette González Aguayo, que designa la totalidad de la carretera estatal PR-686, en Vega Baja, con el nombre de “SFC Jorge A. ‘Rambo’ Otero Barreto”.

“En el Día de los Veteranos, honramos a un vegabajeño que sirvió con valentía en Vietnam y que, al regresar a Puerto Rico, siguió sirviendo a su pueblo. Jorge Otero Barreto dedicó su tiempo a orientar a otros veteranos y a enseñarles a los jóvenes de Vega Baja el valor de la disciplina y el esfuerzo. Al darle su nombre a esta carretera, queremos que las próximas generaciones conozcan su historia y lo que hizo por su comunidad”, expresó González Colón en declaraciones escritas.

Otero Barreto sirvió en el Ejército de Estados Unidos entre 1959 y 1970 y participó en más de 200 misiones de combate durante la guerra de Vietnam. Entre sus condecoraciones figuran dos Estrellas de Plata, cinco Estrellas de Bronce con distintivo de valor y cinco Corazones Púrpura.

Tras regresar a Vega Baja, se dedicó a entrenar equipos de baloncesto, enseñar boxeo y servir de mentor a jóvenes de su comunidad. También ocupó los cargos de comandante y oficial de servicio del Puesto 14 de la Legión Americana, donde orientó a otros veteranos y los ayudó a gestionar los beneficios correspondientes.

Otero Barreto falleció el 14 de octubre de 2024. En julio de 2026, se aprobó su exaltación póstuma al Salón de la Fama de los Veteranos de Estados Unidos como parte de la clase de 2027.

La gobernadora indicó que realizará gestiones para que el militar reciba la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar de Estados Unidos.

Los reconocimientos fueron recibidos por su hijo, Iván Otero, en representación del veterano.

Según la investigación, Cheylin Román Luciano, residente de Guaynabo, presuntamente agredió a su pareja el pasado 17 de mayo de 2026. Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias en que ocurrió el incidente.

Contra la mujer se radicaron dos cargos por maltrato, uno por maltrato agravado y otro por maltrato mediante amenaza, todos bajo la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Además, enfrenta un cargo por portación y uso de armas blancas, según la Ley de Armas de Puerto Rico.

La prueba fue presentada ante la jueza Aida Meléndez Juarbe, del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa para arresto por los cinco cargos e impuso una fianza global de $250,000. Como la imputada no prestó la cantidad, se ordenó su ingreso en prisión. La investigación estuvo a cargo del agente Hetchen Rodríguez, de la Unidad Motorizada de la Zona de Guaynabo.

“Estamos recomendando la vacunación como medida preventiva ante el aumento de casos. Aunque no estamos en el umbral de aviso epidémico, es importante vacunarse para reducir el riesgo de enfermarse y la gravedad del contagio”, expresó la primera vicepresidenta de la AFCPR, licenciada Edna López, en declaraciones escritas.

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De acuerdo con el Sistema de Vigilancia de Influenza del Departamento de Salud, durante la semana que terminó el 31 de octubre se notificaron 718 casos.

Los 165 brotes registrados en instituciones educativas corresponden a centros con tres o más casos positivos o con contagios en al menos el 10 por ciento de los estudiantes de un salón.

Hasta el momento, unas 288,254 personas se han vacunado contra la influenza en Puerto Rico, cifra equivalente a aproximadamente el 9 por ciento de la población, estimada en 3,221,789 habitantes.

Como referencia, durante la temporada 2025-2026, el Departamento de Salud había informado la administración de más de 426,000 dosis a finales de febrero.

López recordó que la vacunación contra la influenza debe realizarse anualmente debido a los cambios del virus y a la disminución de la protección inmunológica con el paso del tiempo.

“No solo estamos expuestos a la influenza, sino que eso se complica con el virus del COVID, el micoplasma y otras condiciones respiratorias prevalecientes en nuestro ambiente que pueden exacerbarse si se complican con el virus de la influenza”, advirtió la farmacéutica.

Entre los grupos con mayor riesgo de complicaciones mencionó a las personas inmunocomprometidas, las mujeres embarazadas, los pacientes con enfermedades crónicas, como la diabetes, los menores de edad y los adultos mayores.

Los farmacéuticos certificados de las farmacias de comunidad pueden administrar la vacuna contra la influenza sin receta médica a personas de tres años en adelante. También están autorizados a administrar la vacuna contra el COVID-19 a menores desde esa edad, aunque la asociación recomienda consultar con el pediatra.

Ante la proximidad de las celebraciones de Acción de Gracias y Navidad, la AFCPR destacó la importancia de la inmunización debido al aumento en el movimiento de viajeros y las reuniones familiares.

Los síntomas más comunes de la influenza incluyen fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, molestias musculares y cansancio.

La organización recomendó que las personas con síntomas utilicen pruebas caseras aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés), consulten a su médico para recibir tratamiento y permanezcan en sus hogares para reducir el riesgo de contagiar a otras personas.

Según la investigación, Charles W. Johnson Torres conducía un vehículo el martes, 10 de noviembre, cuando, a la altura aproximada del parque Luis Muñoz Rivera, bajó el cristal de su automóvil y apuntó con una pistola al conductor de otro vehículo. El perjudicado se mantuvo en comunicación con agentes de Patrullas de Carreteras, quienes lograron intervenir con el sospechoso y arrestarlo.

Durante la intervención, los agentes ocuparon una pistola Ruger, modelo LCP, calibre .380, para la cual Johnson Torres tenía una licencia de armas vigente. Además, le fueron removidas otras tres armas de fuego: una Sig Sauer P365, una Smith & Wesson M&P de 9 milímetros y una Glock 19X, también de 9 milímetros.

El caso fue consultado con el fiscal Héctor Rivera Sánchez, quien ordenó radicar un cargo por violación al artículo 6.14(A) de la Ley de Armas de Puerto Rico. La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto e impuso una fianza de $10,000, que el imputado prestó, por lo que quedó en libertad bajo supervisión electrónica. La vista preliminar quedó pendiente de señalamiento.

La empresa encargada de la transmisión y distribución del servicio eléctrico en la Isla solicitó una investigación sobre esos señalamientos, que La Fortaleza calificó de “falsos y difamatorios”.

“Expreso con absoluta claridad que ninguna persona, sin importar el cargo que ocupe o el poder que ejerza, puede intervenir en una determinación judicial”, indicó Oronoz Rodríguez en expresiones autorizadas.

La jueza presidenta sostuvo que la independencia judicial supone que los jueces resuelvan las controversias “con imparcialidad, conforme al Derecho y a los argumentos presentados ante el Tribunal, libres de presiones, intereses políticos o influencias externas, independientemente de su procedencia”.

“Confío en que los jueces y las juezas que integran nuestro Tribunal Supremo cumplen y continuarán cumpliendo fielmente con ese deber, resolviendo las controversias ante su consideración con la imparcialidad, independencia e integridad que exige su función”, añadió.

“La toga no responde a presiones ni a intereses particulares. Responde únicamente a la Constitución, a las leyes y a la obligación de impartir justicia con absoluta independencia”, sostuvo.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, autor de la recién firmada ley de la reforma judicial, utilizó las redes sociales para reaccionar a las expresiones de Oronoz Rodríguez, a quien felicitó.

“La Rama Judicial no debe permitir presiones importadas a la judicatura desde otros poderes ni exportarlas desde la judicatura al Ejecutivo y al Legislativo, bajo ningún concepto y por ninguna razón. ¡Es así que se honra la toga!”, expresó.

Por su parte, La Fortaleza reaccionó mediante declaraciones escritas, en las que rechazó que la gobernadora se haya comunicado con algún juez o jueza “para ejercer presión o influir en ninguna decisión judicial, ya no saben ni qué inventar. Esos señalamientos son falsos y difamatorios”, indicó el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano.

En sus expresiones, LUMA sostuvo que “por respeto al Tribunal Supremo, a las partes involucradas y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico, estas alegaciones exigen una investigación inmediata, rigurosa y transparente”, y aclaró que su preocupación “no está dirigida a los jueces ni cuestiona a la institución”.

La Federación de la Magistratura de Puerto Rico también se expresó y pidió que, de existir información concreta sobre algún intento de influir en un juez, se entregue a las autoridades competentes.

“Cuando alguien intenta influir en un juez de forma indebida y ex parte, quien sale perjudicado es la persona que espera justicia. Por eso pedimos que lo que se alega se examine con seriedad y que lo que no está probado se trate como lo que es”, expresó el presidente de la Federación y juez del Tribunal de Apelaciones, Carlos G. Salgado Schwarz.

La Federación advirtió, además, que “una alegación de esta naturaleza no se aclara con declaraciones en los medios ni con especulación. Tampoco se aclara con el silencio”.

Los señalamientos surgieron el martes en el programa “Nación”, de TeleOnce, donde el abogado y analista Eddie López aseguró que una fuente le informó que la gobernadora llamó personalmente a jueces del Tribunal Supremo para que cambiaran sus votos a favor de anular el contrato de LUMA.

La advertencia, anunciada el lunes 9 de noviembre, está relacionada con la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION), una condición que ocurre cuando disminuye el flujo sanguíneo hacia el nervio óptico. Esta enfermedad puede provocar pérdida repentina e indolora de la visión, generalmente en un solo ojo. Entre sus síntomas también figuran visión borrosa, puntos ciegos y alteraciones en la percepción de los colores.

Según la FDA, una evaluación de 126 ensayos clínicos que incluyeron a más de 134,000 pacientes identificó una incidencia de 6.4 casos por cada 100,000 personas-año entre quienes utilizaron medicamentos de la clase GLP-1, frente a 3.8 casos entre quienes recibieron un placebo u otros tratamientos para la diabetes. Sin embargo, la agencia reconoció que todavía no se ha establecido definitivamente una relación de causa y efecto entre estos medicamentos y la enfermedad ocular.

La FDA recomendó que los pacientes que experimenten cambios repentinos en la visión busquen atención médica de inmediato. Asimismo, indicó que quienes desarrollen esta condición deben consultar con su médico para determinar si deben continuar utilizando el tratamiento. La nueva advertencia aplica a todos los medicamentos de la clase GLP-1, utilizados ampliamente para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad.

La intervención comenzó durante la madrugada del lunes, cuando una aeronave de vigilancia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó una yola azul claro de aproximadamente 25 pies de eslora. El Sector San Juan movilizó el escampavías Joseph Doyle, cuya tripulación observó que la embarcación navegaba muy cerca de la superficie del agua y corría peligro de volcarse.

Por razones de seguridad, los guardacostas embarcaron a las 31 personas, quienes afirmaron ser ciudadanos dominicanos. El martes, el escampavías Heriberto Hernández trasladó a 30 de ellas al buque Capella, de la Armada dominicana, frente a las costas de Samaná, para completar su repatriación.

“Cruzar el peligroso canal de la Mona a bordo de una embarcación sobrecargada, que no está en condiciones de navegar y carece de equipo de seguridad, es un viaje sumamente peligroso. Quienes lo consideran están apostando sus vidas”, expresó el comandante del Joseph Doyle, Matthew Pinhey. El oficial advirtió que las condiciones marítimas impredecibles pueden volcar estas embarcaciones en un instante y provocar una operación de rescate masivo.

El hallazgo ocurrió el martes, cerca de las 10:10 de la mañana, cuando un ciudadano se detuvo con la intención de recoger unas bolsas y llevarlas al vertedero, pero encontró animales en estado de descomposición. La información inicial reseñada por Metro Puerto Rico identificó 27 bolsas con animales muertos. La Policía asumió la investigación a las 11:47 de la mañana y personal de Servicios Técnicos documentó la escena mediante fotografías.

Mientras, la licenciada Shakira Marie Santiago, de la Federación Protectora de Animales, advirtió en entrevista que la ausencia de necropsias dificulta determinar qué provocó las muertes. Explicó que esos exámenes eran fundamentales para establecer si hubo envenenamiento, intoxicación, sobredosis de medicamentos o actos de tortura, por lo que no contar con los cuerpos para realizar las pruebas deja interrogantes importantes para la investigación criminal.

Las bolsas quedaron bajo custodia de personal del albergue de animales Ruth Berner y del municipio para disponer de los restos, que serían sepultados en una fosa común, según la información publicada por Metro. Aunque se habían realizado gestiones para que un veterinario examinara los animales, Marie Santiago reclamó una investigación exhaustiva y exhortó a cualquier ciudadano que haya observado quién abandonó las bolsas a colaborar con las autoridades.

“Desde que inició el proceso de instalación de los nuevos contadores inteligentes por parte de Luma surgieron preocupaciones y reclamaciones de clientes residenciales y comerciales [...]. Estas reclamaciones ameritan una evaluación objetiva y rigurosa, más aún en momentos en que los costos por el servicio de energía son elevados”, sostuvo la legisladora de Cayey y Cidra.

De acuerdo con Hau, la medida le daría a la comisión mayores herramientas para que la investigación “sea abarcadora”.

La pesquisa incluiría invitar a los clientes a presentar reclamaciones por aumentos en el consumo, así como examinar las objeciones a facturas emitidas después de la instalación y los procedimientos de validación.

“También especifica solicitar información sobre pruebas técnicas realizadas, mecanismos de transmisión de datos y la integración de estos con los sistemas de facturación, entre otros”, detalló.

Hau reconoció que modernizar el sistema eléctrico es necesario para fomentar el desarrollo de Puerto Rico, aunque advirtió que el proceso debe tener salvaguardas.

“Dicha modernización debe realizarse con las garantías necesarias para asegurar que los avances tecnológicos no se traduzcan en perjuicios económicos para los abonados ni comprometan la confiabilidad de los procesos de medición y facturación”, expresó.

La representante confió en que la medida se atienda con urgencia.

“Es necesario conocer el funcionamiento de los contadores inteligentes para devolver la confianza a los clientes y con ello evitar el cierre de comercios así como la imposición de cargas económicas que incidan en los comprometidos presupuestos familiares”, afirmó.

Las presentaciones afectadas estaban programadas para el martes 10 de noviembre en Ontario, California; este miércoles 11 de noviembre en Las Vegas, Nevada, y el viernes 13 de noviembre en Salt Lake City, Utah. Los espectáculos ya habían sido reprogramados anteriormente debido a sus problemas de salud, por lo que esta es la segunda ocasión en menos de dos semanas que el artista se ve obligado a modificar su calendario.

A través de sus redes sociales, el intérprete explicó que había regresado a los escenarios durante el pasado fin de semana con presentaciones en California y Arizona, confiado en que se encontraba recuperado. Sin embargo, su condición volvió a complicarse. “Lamentablemente, he sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo. Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable”, expresó.

Don Omar pidió disculpas a sus seguidores por los inconvenientes y reconoció que necesita más tiempo para recuperarse completamente. “Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera”, manifestó. Hasta el momento, el cantante no ha anunciado nuevas fechas para los tres conciertos suspendidos ni ha precisado cuándo podrá retomar estas presentaciones.

El director ejecutivo de ASEM, Regino Colón Alsina, explicó que el ejercicio permitió evaluar las capacidades institucionales, revisar los protocolos clínicos y operacionales, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la capacitación del personal.

“Este ejercicio forma parte de nuestro esfuerzo por fortalecer la preparación clínica y operacional de la principal institución hospitalaria pública de Puerto Rico”, afirmó Colón Alsina.

El doctor indicó que el ejercicio forma parte de la planificación preventiva de la institución y no responde a ningún caso sospechoso o confirmado en Puerto Rico.

Colón Alsina destacó que ASEM cuenta con manuales de normas y procedimientos en todos sus departamentos, además de programas de educación continua y simulacros obligatorios para el personal, como parte de sus mecanismos de preparación institucional.

“La preparación ante una emergencia de salud pública no puede improvisarse. Este ejercicio nos permite poner a prueba nuestra estructura de respuesta y detectar áreas de oportunidad antes de que se presente una situación real. Nuestra responsabilidad es garantizar la seguridad de los pacientes y proteger a los profesionales que ofrecen servicios de salud todos los días”, expresó.

La actividad fue coordinada por la Sandra Carpio, directora de la Oficina del Caribe de la Administración para la Preparación y Respuesta Estratégica (ASPR, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés).

La secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, también se integró a los trabajos.

Por su parte, el secretario de Salud, Víctor M. Ramos Otero, señaló: “Responder a enfermedades infecciosas de alta consecuencia requiere planificación, coordinación interagencial y capacidad especializada. Como parte del compromiso de la gobernadora Jenniffer González Colón con la protección de la salud de nuestra población, continuamos fortaleciendo nuestras instituciones hospitalarias en colaboración con las agencias federales. Esta iniciativa representa una inversión en prevención y en la protección de nuestros pacientes, profesionales de la salud y comunidades”.

Por otro lado, Colón Alsina indicó que ASEM fue seleccionada por el National Emerging Special Pathogens Training and Education Center (NETEC) para recibir hasta $500,000 mediante los National Special Pathogen System (NSPS) Level 2 Special Pathogen Treatment and Network Development (STAND) Awards.

Los fondos se utilizarán para fortalecer la infraestructura, adquirir equipo especializado, mejorar la preparación clínica y de laboratorio y capacitar al personal. También, permitirán desarrollar protocolos, realizar ejercicios de respuesta y establecer mecanismos para garantizar la sostenibilidad de las capacidades adquiridas.

“Cada capacidad que desarrollamos antes de una emergencia nos permite estar mejor preparados cuando más lo necesitamos. En ASEM mantenemos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura, los protocolos y las competencias de nuestros profesionales para responder eficazmente ante cualquier amenaza a la salud pública”, concluyó Colón Alsina.

El equipo boricua, dirigido por Juan “Igor” González, enfrentará a Japón este jueves a las 12:30 p.m. en el Estadio Nacional Soberanía.

Los japoneses cerraron la primera ronda con marca de 4-1, en el segundo lugar del grupo B.

Puerto Rico también terminó segundo en su grupo, luego de cerrar la primera fase con récord de 3-2 en el grupo A.

Sin embargo, la novena nacional comenzará la súper ronda con marca de 1-1, debido a que en esta etapa se arrastran únicamente los resultados obtenidos frente a los otros dos equipos de su grupo que también avanzaron.

Puerto Rico perdió ante Australia y venció a China Taipéi durante la primera ronda. Después del compromiso ante Japón, Los Nuestros enfrentarán el viernes a Venezuela a las 12:30 p.m.

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Venezuela fue el único equipo que terminó invicto en toda la primera ronda, al dominar el grupo B con marca perfecta de 5-0.

Los boricuas cerrarán su calendario de la súper ronda el sábado a las 2:00 p.m. frente a Corea en el Estadio Roberto Clemente, en Masaya.

La súper ronda reúne a los tres mejores equipos de cada grupo, que ahora se enfrentarán a las selecciones provenientes del grupo contrario para determinar los países que avanzarán a los juegos por las medallas.

Puerto Rico conquistó la medalla de plata en la Copa Mundial Sub-23 de 2024.

Pedro René Peralta Soto comenzó su relación con la música a los cuatro años, cuando fabricaba instrumentos con materiales caseros en el patio de su vivienda en Santo Domingo. Su primera tambora fue elaborada con envases de aceite de cocina, hasta que su padre le regaló un instrumento que impulsó su pasión por la percusión.

A lo largo de su carrera, Peralta ha colaborado con agrupaciones y artistas como La Familia André y Juan Luis Guerra y 440. Su propuesta musical combina merengue, salsa, jazz, bachata y ritmos de distintas partes del mundo. En 2001 obtuvo un Latin Grammy por su producción De vuelta al barrio.

Durante la ceremonia, el artista agradeció a sus padres, músicos y familiares por acompañarlo durante su trayectoria. Según reseñó Listín Diario, Peralta también trabaja en Endorfina, su sexto álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para 2027 y que continuará explorando nuevas fusiones musicales.

“La gobernadora no se ha comunicado con ningún juez o jueza para ejercer presión o influir en ninguna decisión judicial, ya no saben ni qué inventar. Esos señalamientos son falsos y difamatorios”, expresó el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, en declaraciones escritas.

Las expresiones surgen luego de que la empresa solicitara una investigación sobre el asunto.

“Por respeto al Tribunal Supremo, a las partes involucradas y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico, estas alegaciones exigen una investigación inmediata, rigurosa y transparente”, indicó LUMA en declaraciones oficiales.

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La operadora de la red eléctrica sostuvo que su preocupación “no está dirigida a los jueces ni cuestiona a la institución”, sino que “surge de la seriedad de unas alegaciones que, de confirmarse, afectarían la confianza pública en la independencia de nuestro sistema judicial”.

“No estamos solicitando un trato especial ni favoreciendo un resultado en particular. Nuestra posición se presenta y se defiende ante el Tribunal mediante los mecanismos establecidos por ley. Ese es el único foro donde debe resolverse esta controversia”, añadió LUMA.

La empresa advirtió, además, que “este asunto trasciende el caso de LUMA” y que, cuando las empresas invierten en Puerto Rico, “lo hacen con la expectativa de que las controversias se atenderán mediante procesos justos, independientes y confiables”.

Las alegaciones surgieron el martes en el programa “Nación”, de TeleOnce, donde el abogado y analista Eddie López aseguró que una fuente le informó que la gobernadora llamó personalmente a jueces del Tribunal Supremo para que cambiaran sus votos a favor de anular el contrato de LUMA.

Durante una entrevista con Telenoticias, la licenciada explicó que estos exámenes eran fundamentales para determinar si los animales fueron víctimas de envenenamiento, intoxicación, sobredosis de medicamentos o actos de tortura. Señaló que, al no contar con los cuerpos para realizar las pruebas, quedan interrogantes importantes para la investigación criminal.

Marí Santiago indicó que las personas responsables podrían enfrentar penas de ocho a 15 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los delitos que eventualmente se puedan demostrar. Asimismo, reclamó una investigación exhaustiva y exhortó a cualquier ciudadano que haya observado quién abandonó las bolsas a colaborar con las autoridades.

El hallazgo fue reportado el martes en la carretera PR-132, frente a la urbanización La Providencia, donde la Policía informó inicialmente sobre 27 bolsas con animales muertos en estado de descomposición. Los cuerpos serían sepultados en una fosa común, mientras las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

“Desde ayer y durante los próximos dos días laborables estaré atendiendo un compromiso familiar de carácter personal -junto a mi padre- previamente coordinado, hace varios meses. Como parte de los procedimientos administrativos establecidos y en cumplimiento con las disposiciones aplicables, la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, fue debidamente informada con anticipación sobre esta ausencia temporal”, expresó Roig Fuertes mediante declaraciones escritas.

La funcionaria informó que la subsecretaria Evelyn I. Matos Quintana permanecerá al frente de las operaciones del Departamento de la Familia durante su ausencia, dando seguimiento a los asuntos administrativos, las iniciativas en curso y las prioridades institucionales. “Al concluir este periodo, me reincorporaré a mis funciones habituales para continuar trabajando por el bienestar y la seguridad de las poblaciones a las que servimos”, sostuvo.

Las expresiones surgen luego de que el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, no pudiera confirmar el jueves pasado si Roig Fuertes estaba de vacaciones ni si su ausencia sería indefinida. Durante aquella conferencia de prensa, el portavoz aseguró que la gobernadora Jenniffer González Colón mantenía su confianza en la secretaria, pese a los señalamientos e investigaciones que enfrenta y los reclamos de integrantes de la mayoría legislativa para que abandone el cargo.

Rivera Castro explicó que la institución ya ha respaldado iniciativas empresariales de veteranos en sectores como restaurantes, pizzerías, construcción y manufactura. Señaló que el objetivo es facilitar que quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas puedan desarrollar una nueva etapa profesional mediante el emprendimiento y alcanzar estabilidad económica para sus familias.

El funcionario indicó que el BDE ha financiado más de $40 millones durante lo que va de 2026 en sus programas empresariales. Además, mencionó la recepción de aproximadamente $39 millones en fondos del Departamento del Tesoro federal y la expectativa de recibir una cantidad similar el próximo año para continuar ampliando las oportunidades de financiamiento a empresarios.

Como parte de estos esfuerzos, el banco impulsa el programa Legado de Honor, anunciado el lunes, que ofrece préstamos de hasta $500,000 y líneas de crédito de hasta $50,000 para veteranos y familiares elegibles. Rivera Castro explicó que la iniciativa estará acompañada de acuerdos con organizaciones de apoyo empresarial para ofrecer gratuitamente capacitación, asistencia técnica y orientación en la preparación de planes de negocio. El propósito es que los veteranos puedan convertir sus experiencias y conocimientos en empresas que contribuyan al desarrollo económico de Puerto Rico.

En la víspera, el presidente Donald Trump volvió a defender al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y presentó su desempeño en Irán y Venezuela como parte de los argumentos para respaldarlo, luego de que la Cámara de Representantes bloqueara un intento de residenciamiento. Sin embargo, el conflicto con Irán continúa sin una solución definitiva, según Reuters. Por separado, en su proclama del martes por el Día del Veterano, Trump prometió ampliar el acceso a servicios de salud, vivienda y oportunidades de empleo para quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas.

Para Puerto Rico, uno de los capítulos más reconocidos de esa historia es el del Regimiento 65 de Infantería, cuyos integrantes fueron conocidos como los Borinqueneers. La unidad, compuesta principalmente por soldados puertorriqueños, se distinguió durante la Guerra de Corea y ayudó a proteger la evacuación de tropas estadounidenses del embalse de Chosin en 1950. Sus integrantes también enfrentaron discrimen racial y castigos relacionados con su idioma y sus costumbres. El regimiento recibió la Medalla de Oro del Congreso en 2016.

En ese mismo conflicto sobresalió Fernando Luis García, natural de Utuado y miembro del Cuerpo de Infantería de Marina. El 5 de septiembre de 1952, aunque estaba herido, cubrió con su cuerpo una granada enemiga para proteger a otro infante de marina. Murió en la acción y recibió póstumamente la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar estadounidense por valor en combate.

La Guerra de Vietnam dejó otros nombres destacados, entre ellos el capitán Eurípides Rubio, nacido en Ponce. El 8 de noviembre de 1966, pese a sufrir varias heridas, reorganizó posiciones, ayudó a soldados heridos y trasladó una granada de humo que había caído peligrosamente cerca de las tropas estadounidenses para marcar correctamente la posición enemiga. Su actuación, que le costó la vida, fue reconocida con la Medalla de Honor. También sobresalió Jorge Otero Barreto, de Vega Baja, quien completó cinco periodos de servicio y unas 200 misiones en Vietnam, y acumuló 38 condecoraciones, según el Departamento de Asuntos de los Veteranos.

La participación boricua continuó en el Golfo Pérsico. Según una reseña histórica del Departamento de Defensa, unos 1,700 integrantes de la Guardia Nacional de Puerto Rico fueron desplegados como parte de las operaciones Desert Shield y Desert Storm. Entre los militares puertorriqueños que sirvieron en ese conflicto estuvo Pedro Muñoz, criado en Quebradillas, quien integró las Fuerzas Especiales del Ejército y posteriormente participó en misiones en Haití y Afganistán.

La trayectoria de Muñoz terminó en Afganistán, donde murió el 2 de enero de 2005 tras resultar herido durante una misión contra un combatiente talibán. De acuerdo con Asuntos de los Veteranos, continuó apoyando a sus compañeros pese a las heridas y disparó selectivamente para evitar lesionar a mujeres y niños que estaban en el lugar. Entre sus reconocimientos figuran la Estrella de Plata, la Estrella de Bronce y el Corazón Púrpura.

Otro ejemplo en Afganistán fue el del sanitario naval Amílcar Rodríguez, originario de Caguas, quien recibió la Estrella de Plata por sus acciones del 6 de noviembre de 2009. Rodríguez se expuso al fuego enemigo para rescatar a un infante de marina herido y recibió tres disparos. Mientras otros militares los trasladaban a un lugar seguro, siguió dando instrucciones para atender a su compañero y luego ayudó en el tratamiento de los heridos.

La historia también incluye a las mujeres puertorriqueñas que sirvieron en escenarios de guerra. Lizbeth Robles, de Vega Baja, murió a los 31 años el 1 de marzo de 2005 mientras servía en la operación Iraqi Freedom, una pérdida reconocida en el Registro Congresional de Estados Unidos. Su nombre forma parte del recuerdo de las familias puertorriqueñas afectadas por la guerra en Irak.

Aunque estos relatos incluyen a militares fallecidos, el Día del Veterano está dedicado a todas las personas que sirvieron honorablemente, tanto en tiempos de guerra como de paz, con énfasis en reconocer a quienes viven. El Departamento de Asuntos de los Veteranos distingue esta fecha del Día de la Recordación, dedicado principalmente a quienes murieron durante su servicio: el reconocimiento de hoy también alcanza a quienes regresaron y continúan viviendo con las consecuencias de su experiencia militar.

Esa es precisamente la dinámica que la animadora, cantante y locutora puertorriqueña Deddie Romero busca llevar a su nuevo podcast, “Deddie en su Salsa”.

La producción, que estrena este miércoles, 11 de noviembre, a las 7:00 p.m. a través de su canal de YouTube, Deddie TV, propone una manera diferente de entrevistar a figuras conocidas del país, invitarlas a cocinar mientras comparten experiencias que van más allá de sus respectivas carreras.

En cada episodio, el invitado selecciona una de sus recetas favoritas y participa en su preparación junto a Romero.

Entre ingredientes y conversaciones espontáneas, surgen anécdotas, tradiciones familiares y recuerdos vinculados a la gastronomía.

“Lo más bonito de este proyecto es que todos tenemos una receta favorita, pero detrás de cada plato siempre hay una historia que merece ser contada. Quiero que mis invitados se sientan como en su casa, que disfruten cocinar y que podamos conversar sin libretos ni formalidades. Esa es la esencia de Deddie en su Salsa”, expresó la animadora.

De la música y la televisión a las conversaciones entre fogones

Conocida desde sus inicios artísticos como “La Salserita”, Romero desarrolló una trayectoria que abarca la música, la actuación, la radio y la televisión.

Ahora incorpora una nueva faceta a su carrera con un proyecto que combina dos de sus intereses personales: cocinar y conversar.

“Llevaba mucho tiempo con la inquietud de desarrollar mi propio espacio digital. Hoy las plataformas digitales forman parte importante de la manera en que nos comunicamos y entretenemos, y quería continuar conectando con el público a través de este formato. Me encanta cocinar, conversar y compartir con la gente, así que este proyecto reúne muchas de las cosas que disfruto hacer”, expresó Romero.

La lista de invitados refleja la diversidad de conversaciones que busca generar el programa. Entre los participantes figuran la cantante Melina León, el estilista Manolo González, el creador de contenido Markito, la actriz y comediante Ámbar Bonilla y el excampeón mundial de boxeo Iván Calderón.

También forman parte de la producción el locutor Red Shadow, la comediante Wanda Sais, la exsenadora Zoé Laboy y el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, entre otras personalidades.

Más allá de conocer qué platos prefieren preparar, el formato abre la puerta a descubrir las historias que acompañan esas recetas y el significado que tienen en la vida de cada invitado.

Una nueva etapa digital

Actualmente, Romero forma parte del programa radial “El Relajo de la X” y del espacio televisivo “PR en Vivo”, de TeleOnce.

Con el lanzamiento de Deddie TV, la comunicadora amplía su presencia en las plataformas digitales y apuesta por un formato de entrevistas en el que la gastronomía funciona como punto de encuentro.

Romero adelantó que próximamente dará a conocer otros proyectos que se integrarán a su canal.

Los episodios de “Deddie en su Salsa” estarán disponibles todos los miércoles a las 7:00 p.m., hora de Puerto Rico, en YouTube, a través de Deddie TV.

Según las autoridades, el 12 de marzo, el menor llegó a su escuela con hematomas en ambos ojos y otras partes del cuerpo, y el personal escolar activó el protocolo.

Kenneth Santos Guzmán, padrastro del niño, admitió que “perdió el control” y lo agredió con una correa. Por su parte, madre, identificada como Dannivette Rivera Vázquez, conocía de las agresiones y no buscó atención médica inmediata para su hijo.

La jueza Salva Sandoval les impuso una fianza de $3,000 a cada uno. Santos Guzmán ingresó a prisión y Rivera Vázquez permanecerá bajo supervisión electrónica.

La investigación estuvo a cargo de la agente Linnette Matos Rivera, del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

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Madre y padrastro acusados por agresiones a dos niños

Por otro lado, la fiscal Carmen I. Rodríguez Arroyo presentó seis cargos contra María Guadalupe Vega Martínez y Ángel Gabriel Vega Berdecía.

Según la investigación, el 14 de septiembre uno de los menores llegó a su centro Head Start con hematomas severos y el personal activó el protocolo correspondiente.

Luego, el Departamento de la Familia evaluó en un hospital al otro menor, a quien también le identificaron hematomas. Ambos niños relataron que su madre y su padrastro los agredían con una correa y chancletas. La madre, además, no buscó atención médica para sus hijos.

Vega Martínez enfrenta cuatro cargos —dos por maltrato y dos por negligencia— y Vega Berdecía, dos por maltrato. La jueza Nereida Salva Sandoval les impuso fianzas de $40,000 y $20,000, respectivamente. Ambos ingresaron a prisión.

La investigación estuvo a cargo de la agente Delianis Rivera Merced, del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

“En dos de estos casos, fue el personal de una escuela y de un centro Head Start quien vio las señales y activó el protocolo. Eso es lo que esperamos de todos: que nadie se quede callado cuando un niño llega con golpes. Del resto nos encargamos nosotros, y vamos a ir hasta el final”, expresó la secretaria Gómez Torres.

Raschke García aseguró que está “vivo de milagro” y agradeció a quienes se han preocupado por su estado de salud.

“Estoy vivo de milagro, hermanos. Les doy gracias y tengan paz y tranquilidad porque, con todo lo terrible que se ha visto, yo estoy vivo de milagro. Estoy fuerte”, aseguró el predicador, quien estaba acompañado de su esposa e hija.

Además, Raschke García bromeó sobre una de las pérdidas materiales que sufrió durante el accidente, al mencionar que llevaba comida para su hogar.

“Agradezco a Dios, soy agradecido por el milagro, porque estoy vivo, pero también lamento que traía una comida japonesa para casa y se perdió en el carro”, dijo entre risas.

El reverendo fue dado de alta y se encuentra recuperándose en su hogar.

El vehículo que conducía el líder religioso, de 82 años, cayó desde el tercer piso del estacionamiento multipisos del condominio Altavista II y terminó volcado sobre una verja, cerca de un contenedor de basura.

“No he perdido mi fe. Dios me guardó [...] Esto ha sido lo más terrible de todo”, abundó.

Por su parte, la hija del pastor, Kathy Raschke, solicitó anoche oraciones por la salud de su padre mediante una publicación en Facebook.

“Quiero pedir por favor, me ayuden con la oración con carácter de urgencia por mí papá, ya que sufrió un accidente automovilístico”, escribió. “Papi es una persona ya anciana y es mi oración que las personas rodeándole tengan la prudencia de no dejarle manejar nunca más, estando solito, un automóvil; porque lo están colocando en peligro”, añadió.

Raschke García es conocido por organizar el evento religioso anual “Día de Clamor a Dios”, que reúne a miles de creyentes frente al Capitolio de Puerto Rico, así como por sus intervenciones en asuntos sociales y públicos del país.

Las fiscales Sharlynne A. Sánchez Ocasio y Krystal Feliciano presentaron los cargos contra Rachelle Santiago Martínez.

Según la investigación, el 9 de septiembre la mujer le entregó a un estudiante de octavo grado una bolsa con ocho cigarrillos electrónicos para que los distribuyera entre otros estudiantes.

Santiago Martínez tenía acceso al plantel porque dos de sus hijos estudiaban allí. De acuerdo con la información oficial, la mujer luego admitió los hechos.

La jueza Karina Díaz Pérez le impuso una fianza global de $10,000, que la imputada prestó.

La investigación estuvo a cargo de la agente Mariliza Dones, de la División de Delitos Sexuales de Caguas del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

“Los $90 millones destinados al pago de la Carrera Magisterial fueron aprobados en junio mediante una enmienda al presupuesto del año fiscal anterior. Sin embargo, estos pagos aún se encuentran bajo el proceso de revisión de OGP”, indicó el organismo en declaraciones escritas.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció en junio la asignación de $90.4 millones para pagos retroactivos a unos 5,850 maestros activos e inactivos del sistema público, a quienes se les adeuda dinero de la carrera magisterial desde hace más de una década.

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La carrera magisterial es un programa de incentivos creado por ley en 1999, que aumenta el salario de los maestros según su preparación académica y sus años de experiencia. El programa quedó suspendido tras la quiebra del Gobierno.

El pago de esta deuda fue uno de los reclamos de los maestros en la manifestación que realizaron la semana pasada en el Viejo San Juan, a la que se unieron bomberos y porteadores escolares.

La expresión de la Junta se produce en momentos en que el organismo también aseguró que no ha recibido de la OGP la petición presupuestaria necesaria para pagar las deudas con los porteadores escolares, quienes advirtieron que unas 40 a 50 empresas podrían dejar de dar servicio el próximo lunes por la falta de pago.

“En cuanto a los transportistas, la Junta de Supervisión aún no ha recibido la petición presupuestaria (PP) correspondiente por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)”, indicó el organismo en declaraciones escritas.

Las expresiones se producen un día después de que el presidente de la Federación de Porteadores Escolares de Puerto Rico, José Rosado, denunciara en Metro al Mediodía que las agencias se culpan entre sí por el atraso.

“En estos momentos ya nosotros no podemos creerle a nadie, porque ya son tantos funcionarios que han dicho tantas cosas, y la situación se va empeorando cada día más”, sostuvo Rosado.

Según el portavoz de los porteadores, la deuda con la industria asciende a $9.5 millones hasta mayo, y podría superar los $30 millones si se incluyen septiembre y octubre. De las 225 empresas que ofrecen el servicio, unas 40 a 50 no han cobrado desde abril y mayo, y muchas podrían dejar de operar tan pronto como el próximo lunes, lo que afectaría a entre 5,000 y 10,000 estudiantes, incluidos estudiantes de educación especial.

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El martes, la empresa Tatitos Transport detuvo sus operaciones por la falta de pago.

Por su parte, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, indicó en declaraciones escritas que la deuda de años anteriores con los transportistas “se encuentra pendiente un planteamiento ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se ha estado trabajando con la prioridad que amerita”.

El secretario sostuvo, además, que “los pagos del año corriente a nuestros transportistas han estado trabajándose con normalidad”. Sobre Tatitos Transport, aseguró que “algunas de sus facturas fueron devueltas tras identificarse discrepancias relacionadas con días facturados en los que no se prestó el servicio”.

Caguas derrotó 3-2 a los Gigantes de Carolina con una ofensiva encabezada por Luis Vázquez, quien conectó un cuadrangular en la cuarta entrada y remolcó la carrera decisiva con un sencillo en la octava. Jarrett Whorff consiguió la victoria, Miguel Auzua cargó con la derrota y José Espada logró su primer salvamento. Los Criollos mejoraron su marca a 3-1, mientras Carolina sufrió su segundo revés consecutivo tras ganar sus primeros cuatro partidos.

Santurce superó 7-4 a los Senadores de San Juan en el Estadio Hiram Bithorn, con cuadrangulares de Johneshwy Fargas y Andrew Velázquez, quien terminó con cuatro carreras impulsadas. Anthony García aportó cuatro imparables. Miguel Mejía se apuntó el triunfo, Iván Houllemont sufrió la derrota y Jack Hartman consiguió el salvamento. Los Cangrejeros colocaron su récord en 4-2, igualando la marca de Carolina, mientras San Juan quedó en 1-3.

Mayagüez venció 3-2 a los Leones de Ponce en diez entradas en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner. Emmanuel Rivera impulsó dos carreras con un sencillo en el décimo episodio para romper el empate, mientras Ponce respondió con una anotación que resultó insuficiente. Jorge López obtuvo su segundo triunfo con tres ponches en dos entradas, Ryan Murphy cargó con el revés y Luis Quiñones se acreditó el salvamento. Ambos equipos quedaron con marca de 2-4.

Según el reporte preliminar, el joven se percató de que un vehículo lo perseguía. Desde ese automóvil le realizaron varios disparos en el kilómetro 0.8 de la vía.

El motociclista recibió una herida de bala en el pecho y fue transportado a un hospital, donde se encontraba en condición de cuidado.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas están a cargo de la investigación.

Según la investigación, Pagán Cordero rebasó la luz roja de un semáforo sin tomar las debidas precauciones e impactó la motora de Negrón Rodríguez en el kilómetro 12.9, frente a las antiguas instalaciones de Yiyi Motors, en Bayamón. El hombre falleció por las lesiones sufridas. Una prueba de aliento realizada a la conductora arrojó una concentración de alcohol de 0.142 %, según Justicia.

Las fiscales Jodaliz Ramos Quiñones y Mitchell Vega Devariel presentaron cargos por uso ilegal de licencia de conducir, manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes, ocasionar una muerte mediante conducción imprudente o negligente y causar una muerte como consecuencia de conducir bajo los efectos del alcohol. Los delitos corresponden a los artículos 3.23, 7.02, 5.07(c) y 7.06 de la Ley de Vehículos y Tránsito.

La jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto por los cuatro cargos y fijó una fianza global de $20,000, que la imputada prestó. Pagán Cordero permanecerá bajo supervisión electrónica y la vista preliminar fue señalada para el 24 de noviembre. La investigación estuvo a cargo del agente Juan José Collazo Rolón, de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con un video publicado por el portal de noticias “Puestos pa’l problema”, durante el incidente varias personas utilizaron sillas de metal, equipo deportivo y sus propias manos para agredir a otros.

“¡Cuidado, cuidado! Le rajaron la cabeza”, se escucha decir a un hombre en el video, quien aseguró que un fanático de Moca sufrió una herida abierta en la cabeza.

En declaraciones escritas, la gerencia del BSNF repudió los hechos y los calificó de “inaceptables” y contrarios “a los valores de respeto, sana competencia y convivencia familiar que promueve nuestra liga”.

El presidente del BSNF, Luis Gabriel Miranda, precisó que evaluarán la evidencia para identificar responsabilidades y aplicar sanciones.

“Evaluaremos toda la evidencia disponible para identificar responsabilidades y aplicar, con firmeza y conforme al debido proceso, todo el peso de nuestro reglamento. Asimismo, colaboraremos con las autoridades de Puerto Rico para que cualquier conducta constitutiva de delito sea atendida y los responsables respondan ante la justicia”, expresó Miranda, quien también es el gerente general de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Por su parte, el director de Torneo del BSNF y vicepresidente del BSN, Fernando Quiñónez, manifestó: “Estos hechos requieren una evaluación rigurosa e imparcial. Examinaremos la evidencia y las circunstancias de lo ocurrido para imponer las sanciones que correspondan bajo nuestro reglamento, respetando el debido proceso. La pasión por un equipo nunca puede justificar la violencia”.

Caguas se impuso 78-72 sobre Moca en el segundo enfrentamiento de la Serie D de los cuartos de final.

Las Criollas tomaron ventaja de 2-0 en la confrontación y colocaron contra la pared a las actuales campeonas nacionales, que ahora enfrentan la posibilidad de quedar eliminadas de la postemporada sin conseguir una sola victoria.

Tea Cooper fue la principal figura ofensiva de las Criollas con 26 puntos y seis asistencias, mientras que por las Explosivas, Leigha Brown encabezó la anotación con 20 puestos y cinco rebotes.

Esta serie retornará el próximo jueves, 12 de noviembre.

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La mejoría también es notable al comparar con el miércoles, 4 de noviembre, cuando el embalse registraba 41.83 metros y se encontraba a solo 1.33 metros del nivel de control, establecido en 40.50 metros. Desde entonces, ha recuperado 1.32 metros y ahora se ubica 2.65 metros por encima de ese umbral, luego de que el descenso de sus reservas provocara llamados a conservar agua.

Como parte del trasfondo de esta recuperación, el Servicio Nacional de Meteorología estimó un promedio de 5.75 pulgadas de lluvia en la subcuenca de La Plata entre el 4 y el 9 de noviembre, con acumulaciones máximas de 8.49 pulgadas. Estas precipitaciones beneficiaron el área que recoge y canaliza agua hacia el embalse, cuyo sistema abastece a más de 130,800 clientes en nueve municipios. La semana pasada, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, había exhortado a limitar el consumo a las necesidades esenciales y reportar salideros.

En medio de esa mejoría, la gobernadora Jenniffer González Colón planteó el lunes concluir las reuniones del Comité de Sequía, aunque reconoció que La Plata todavía no alcanzaba condiciones satisfactorias. Tras el encuentro, se informó que el organismo daría por terminadas sus reuniones periódicas y volvería a convocarse si el Servicio Nacional de Meteorología anticipa condiciones desfavorables. La suspensión de esos encuentros ocurre mientras el embalse continúa bajo ajustes operacionales.

Las expresiones de LUMA se dan casualmente al día siguiente de que el abogado y comentarista Eddie López revelara el martes, durante el programa Nación, transmitido por TeleOnce, que una fuente le informó sobre supuestas llamadas realizadas personalmente por la gobernadora a jueces del máximo foro judicial. Según López, los presuntos acercamientos buscaban que los magistrados cambiaran su voto y favorecieran la anulación del contrato de LUMA.

El abogado describió los supuestos ofrecimientos como “ofertas adelantadas de Black Friday” y alegó que a uno de los jueces se le habría ofrecido una promoción, ascenso o renominación para su pareja, mientras que a otro se le habrían ofrecido contratos gubernamentales mediante un familiar. López insistió en que se trataba de información recibida de una fuente y aclaró que no estaba imputando conducta indebida a los jueces. Las alegaciones no han sido corroboradas de manera independiente.

Ante estos señalamientos, Quiñones expresó que las alegaciones son sumamente preocupantes y merecen la mayor atención. “Ante la gravedad de estas alegaciones, es indispensable que se investiguen a fondo y que se esclarezca, de manera transparente y creíble, si los hechos descritos ocurrieron”, manifestó mediante declaraciones escritas.

La ejecutiva aseguró que LUMA mantiene plena confianza en la integridad del Tribunal Supremo y aclaró que su preocupación no está dirigida contra los jueces. “No estamos solicitando un trato especial ni favoreciendo un resultado en particular. Nuestra posición se presenta y se defiende ante el Tribunal mediante los mecanismos establecidos por ley. Ese es el único foro donde debe resolverse esta controversia”, sostuvo.

Quiñones advirtió que el asunto trasciende la controversia contractual de LUMA, debido a las consecuencias que tendría para la confianza pública en la independencia judicial y la credibilidad de las instituciones de Puerto Rico. “Los puertorriqueños merecen conocer la verdad y tener la certeza de que ninguna persona, organización o interés político está por encima de la ley”, concluyó.

Fue el segundo triunfo vía blanqueada de Puerto Rico, que cerró la primera ronda con marca de 3-2 y se colocó entre los mejores seis países del torneo mundialista.

Los boricuas volvieron a apoyarse en su pitcheo y utilizaron a tres lanzadores para contener la ofensiva asiática. El zurdo Jorhan Laboy abrió el encuentro y trabajó dos entradas y un tercio.

Edwin Sánchez se acreditó la victoria en relevo tras lanzar dos entradas y dos tercios, permitir tres imparables y ponchar a dos bateadores. El derecho Yaniel Heredia se encargó de los últimos dos episodios y se apuntó el salvamento, permitiendo apenas un imparable para preservar la ventaja mínima.

La única carrera del encuentro llegó en la quinta entrada. Harold Laracuente abrió el episodio con un toque que se convirtió en sencillo dentro del cuadro y posteriormente se robó la segunda base.

Tras un ponche de Juan Cruz para el primer out, Randal Díaz conectó el sencillo que llevó a Laracuente al plato con la carrera que terminó siendo definitiva.

Díaz tuvo jornada perfecta al batear de 2-2 y encabezó una ofensiva puertorriqueña que totalizó cinco imparables.

Por China Taipéi, Wu Cheng-Hao cargó con la derrota luego de permitir una carrera y registrar siete ponches en cinco entradas.

Este miércoles no habrá juegos programados en la Copa Mundial Sub 23.

La súper ronda comenzará este jueves, con los tres equipos clasificados del grupo A enfrentándose a los tres clasificados del grupo B.