Por cuarto año consecutivo, Olivia ocupa el primer lugar entre los nombres más populares para niñas, mientras que Noah se mantiene en la primera posición entre los niños.

Entre los cambios más destacados de este año figura el ascenso de Eliana al segundo puesto de la lista femenina. Asimismo, Evelyn regresó al grupo de los 10 nombres más populares para niñas, luego de permanecer fuera durante un varios de años.

Según el portal, en la clasificación masculina, Elias entró por primera vez entre los 10 nombres favoritos, mientras que Leo regresó al décimo puesto después de quedar fuera de la lista el año pasado.

Por otro lado, Ellie salió de los 10 nombres más populares para niñas. En el caso de los niños, Asher y Luca también abandonaron el grupo de los favoritos.

Además, BabyCenter indicó que solo hay un nombre de niña que debuta este año en la lista de los 100 más populares: Magnolia, que subió 40 posiciones hasta alcanzar el puesto número 88.

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Del informe también se desprende que los nombres largos están ganando popularidad. Pues, el 29% de los nombres más populares para niñas y el 31% de los más populares para niños tienen siete letras o más.

Asimismo, el 15% de los nombres para niñas comienza con la letra “E”, mientras que el 14% de los nombres para niños empieza con la “J”.

Estos son los 50 nombres más populares para bebés este 2026:

Niñas: Olivia, Eliana, Amelia, Charlotte, Sophia, Isabella, Emma, Aurora, Evelyn, Mia, Ellie, Lily, Violet, Sofia, Hazel, Ava, Aria, Luna, Ella, Willow, Nova, Harper, Eleanor, Gianna, Scarlett, Layla, Lucy, Isla, Elena, Iris.Penélope, Ivy, Lainey, Elizabeth, Nora, Delilah, Chloe, Valentina, Camila, Paisley, Mila, Avery, Naomi, Leilani, Sadie, Zoe, Emilia, Stella, Zoey y Adeline.

Niños: Noah, Liam, Oliver, Elijah, Mateo, Lucas, Elias, Levi, Ezra, Leo, Asher, Luca, Henry, Hudson, Theodore, James, Sebastián, Samuel, Waylon, Daniel, Josiah, Theo, Cooper, Wyatt, Gabriel, Maverick, Jack, Julian, Benjamín, Grayson, Santiago, Michael, Rowan, Mason, Luke, Muhammad, Isaiah, Alexander, Roman, Ethan, Weston, Carter, William, David, Silas, Ezekiel, Thomas, Enzo, Owen y John.

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En Puerto Rico, los datos más recientes del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), correspondientes al 21 de octubre, reflejan que la gasolina regular se vende entre 111.7 y 114.7 centavos por litro, mientras que la premium fluctúa entre 125.7 y 134.7 centavos. Por su parte, el diésel se encuentra entre 150.7 y 155.7 centavos por litro. Aunque estos precios pueden variar diariamente, el comportamiento del mercado internacional continúa siendo un factor determinante para los consumidores y los comerciantes.

El impacto del combustible también se refleja en la factura de electricidad. El Negociado de Energía de Puerto Rico aprobó un aumento neto de 5.28 centavos por kilovatio hora para el periodo de octubre a diciembre de 2026. Como resultado, un cliente residencial sin subsidio que consume 800 kilovatios hora mensuales verá su factura aumentar de $228.59 a $270.86, una diferencia de $42.27. El ajuste responde a mayores costos de combustible y compra de energía, entre otros factores relacionados con la generación eléctrica.

La preocupación también se extiende a la cadena de alimentos, debido a que el encarecimiento del diésel puede aumentar los costos de transportación y distribución de mercancías. Un estudio publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos establece que los aumentos en los costos del transporte pueden trasladarse a los precios de los alimentos, aunque no representa una proyección específica para Puerto Rico. Mientras tanto, Gueits sostuvo que las estaciones de gasolina también enfrentan desafíos económicos y necesitan diversificar sus operaciones. “Ninguna estación de gasolina que solamente venda combustible puede sobrevivir a los tiempos modernos”, afirmó.

La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, informó que la jugada premiada se realizó manualmente en el establecimiento Winners Corner. El jugador también seleccionó la opción Power Play, que permite multiplicar los premios secundarios.

Los números ganadores fueron el 1, 21, 44, 50 y 57, con el 5 como bolo rojo. El multiplicador Power Play fue de 2X. La identidad de la persona afortunada no ha sido divulgada.

Mientras tanto, nadie acertó la combinación del premio mayor, que aumentó a unos $674 millones para el próximo sorteo del sábado, 24 de octubre. La Lotería Electrónica recordó que los premios superiores a $25,000 deben reclamarse en sus oficinas de Hato Rey y que los ganadores tienen 180 días para cobrar.

El incidente ocurrió el miércoles, 21 de octubre, a eso de las 11:23 de la mañana, en las Parcelas Nuevas del barrio Palo Seco. Según la versión del perjudicado, su vecino se le acercó mientras trabajaba y lo agredió con una pala de corte utilizada en labores de construcción.

Luego de la agresión, familiares trasladaron al hombre a una institución médica en Maunabo, donde recibió atención. Se le encontró una fisura en el brazo izquierdo.

La agente Erika O. Figueroa Vázquez, del Distrito de Maunabo, investigó inicialmente los hechos y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao. Por su parte, el agente Luis E. Navas Marín, de la División de Servicios Técnicos, documentó la escena y ocupó evidencia relacionada con el incidente.

Cuando Camille Maldonado subió al podio para recibir la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, pocos conocían la historia que la había llevado hasta allí.

Detrás del logro había años de sacrificios: emigró de Puerto Rico tras el huracán María, trabajó desde los 15 años para financiar su carrera deportiva y vivió lejos de su familia en busca de mejores oportunidades para continuar compitiendo.

Mientras que los espectadores siempre ven y celebran los logros de los atletas muy pocas veces conocen la realidad que se vive tras bastidores.

Camille viene de una familia puertorriqueña de clase trabajadora. Tras el paso del huracán Maria en 2017 se vieron obligados a relocalizarse en el estado de la Florida como muchas otras familias. El plan inicial era una estadía de aproximadamente tres semanas, sin embargo esas tres semanas se convirtieron en meses y luego años.

Con tan solo 12 años la joven tuvo que dejar atrás todo lo que conocía: sus amistades, sus entrenadores y su tierra. En los años subsiguientes Maldonado tuvo que conseguir un empleo para ayudar con los gastos de su disciplina.

“En un momento dado creciendo, se hizo difícil porque económicamente nunca hemos sido de los más pudientes, gracias a Dios nunca nos ha faltado nada, llevo trabajando desde los 15 años para poder costear mi carrera deportiva”, enfatizó la gimnasta.

Su deseo por continuar en el deporte la llevó a tener que distanciarse de su familia inmediata para poder recibir el mejor entrenamiento posible. La joven tuvo que viajar entre Florida, Nueva York y Mississippi, quedándose con distintos familiares y buscando distintas oportunidades, mientras que trabajó como mesera y entrenadora de gimnasia.

Debido a ese cambio constante de ambiente, Camille no logró formar lazos estrechos con muchas personas. Esta falta de un núcleo de personas al cual acudir, le añadió un reto mental y emocional a su trayectoria.

“Lo hice porque no tenía ninguna otra opción, se hizo más complicado cuando seguí creciendo ya que las temporadas competitivas se seguían poniendo más fuertes y tenía que estar más tiempo lejos de casa”, comentó la joven.

Luego de siete años fuera de la isla Camille decidió regresar a Puerto Rico en 2023 por su cuenta ya que encontraba que tendría mejores oportunidades con el seleccionado patrio. En esos meses antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe la atleta participó de varias competencias como preparación para la justa regional.

“Yo siempre quise regresar a Puerto Rico, porque yo me fui para Estados Unidos y nunca sentí que encaje en ningún lugar. Cuando regrese en mayo 2023 mi papá vino conmigo a ayudarme a establecerme porque tenía 18 años y participé en los Juegos Centroamericanos”, recordó.

El pico de la joven carrera de Camille Maldonado fue su medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. Ese momento validó todo el sacrificio, la disciplina y preparación de la joven atleta.

Hoy, a sus 22 años, la atleta continúa viviendo en Puerto Rico y permanece activa en la gimnasia rítmica. Sin embargo busca brindarle apoyo y herramientas a otras jóvenes que al igual que ella practican la disciplina rítmica.

En enero se celebrará el Coqui United Cup, una competencia pro fondo para atletas de gimnasia rítmica que representan a la isla a nivel mundial. Se llevará a cabo del 15 al 17 de enero en el Coliseo Fernando “Rube” Hernandez de Gurabo.

Antes de la presentación del proyecto de ley que culminó en la Ley de 2003, se llevó a cabo un proceso que según el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Colegio) fue “orgánico, técnico y colaborativo”. La Ley de 2003 fue redactándose mediante la creación de la Comisión Futurista de los Tribunales y del informe que elaboró llamado “Visión en Ruta al Futuro”. La comisión Futurista la creó José A. Andreu García, Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 1995.

La Comisión estableció un precedente por ser la primera vez que un panel independiente de ciudadanos(as) examinara profundamente el funcionamiento de los tribunales. Estaba compuesta por integrantes de la judicatura, de la academia, del sector empresarial, de la abogacía y otras organizaciones. Además, contó con la participación de sobre 500 ciudadanas(os) quienes ofrecieron su percepción del sistema y ofrecieron recomendaciones.

Muy distinto al proceso participativo y democrático de la Comisión Futurista, el PS 1096 no es el producto de un estudio o análisis de una comisión técnica. El Colegio advierte que algunos de los principios fundamentales de la Ley actual se minimizan o desaparecen en el PS 1096: “accesibilidad, independencia judicial, enfoque humanista, resolución efectiva y rápida, liderazgo estratégico, promoción de formas alternas de solución de conflictos, participación y jueces cualificados”. El Colegio solicitó se recoja la opinión de múltiples sectores de la sociedad, y que se utilicen “datos y estudios de las necesidades del sistema de justicia y promover el acceso a la justicia como principio rector”. Por eso, el PS 1096 debe ser rechazado.

Bajo la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, Puerto Rico cuenta con $1,447 millones en proyectos activos de infraestructura vial, según cifras oficiales del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). A esto se suman 261 proyectos completados y otros 363 activos a través de la isla.

No hablamos únicamente de anuncios. Hablamos de obras terminadas, trabajos en ejecución e inversiones concretas que comienzan a transformar nuestras carreteras. A estos fines, procederé a mencionarles tan solo algunos de los proyectos que no se limitan a la zona metropolitana.

En septiembre, la gobernadora consiguió la aprobación de $114.4 millones adicionales para 45 proyectos de rehabilitación que abarcarán aproximadamente 291 kilómetros de carreteras estatales en 40 municipios y la Ruta Panorámica.

En Toa Baja, se asignaron $801,645 para repavimentar 1.9 kilómetros de la PR-866. En Peñuelas, una inversión de $1.1 millones en la PR-391 beneficiará a cerca de 9,900 conductores diariamente, particularmente en las comunidades de Tallaboa Alta, La Moca y El Rusio.

En la PR-52, una inversión federal superior a $46.7 millones permitirá rehabilitar una vía utilizada por más de 150,000 conductores diariamente. Mientras, en la PR-181, una inversión aproximada de $11.9 millones atenderá una carretera por la que transitan más de 30,000 personas cada día.

También avanzan inversiones de $49.7 millones en la PR-100 de Cabo Rojo y $2.23 millones en la PR-905 de Las Piedras, donde sus residentes llevaban 25 años esperando por su rehabilitación.

Igualmente importante es la atención a nuestras comunidades rurales. De los 261 proyectos completados, 221 corresponden a intervenciones por deslizamientos, obras fundamentales para proteger la seguridad y conectividad de familias que dependen de estas carreteras.

Las cifras importan, pero importan todavía más las personas. Hablamos de miles de trabajadores que necesitan llegar a tiempo a sus empleos, comerciantes que dependen de nuestras vías, estudiantes que transitan diariamente hacia sus escuelas y familias que merecen carreteras seguras.

¿Significa esto que todos los problemas están resueltos? Evidentemente, no. Todavía existen carreteras deterioradas, proyectos pendientes y comunidades que esperan soluciones. La propia magnitud de la inversión confirma cuánto trabajo queda por hacer.

Pero tampoco sería justo ignorar los resultados que ya comienzan a materializarse.

La discusión pública tiene que ser rigurosa, crítica y exigente. También debe ser capaz de reconocer los avances cuando ocurren. Una controversia puede dominar los titulares durante días, pero una carretera rehabilitada puede mejorar la vida de una comunidad durante años.

La gobernadora Jenniffer González Colón ha colocado recursos importantes detrás de una necesidad que afecta directamente la calidad de vida de nuestro pueblo. Ahora corresponde continuar ejecutando, fiscalizando y entregando resultados.

Puerto Rico tiene problemas que debemos enfrentar, pero también tiene avances que merecen ser reconocidos.

Porque mientras la discusión pública continúa, hay carreteras que se están rehabilitando, proyectos que se están completando y comunidades que comienzan a recibir las inversiones que durante años esperaron.

Eso también está pasando en Puerto Rico. Y también merece ser noticia.

Cuando millones de fanáticos conocen sus movimientos y personalidad, porque se han metido en la piel del personaje del videojuego que disfrutan, reinventarlo sin perder su esencia se convierte en el verdadero desafío.

Noah Centineo tiene clara esta misión como Ken Masters, en esta nueva adaptación cinematográfica del exitoso juego, Street Fighter.

“Nuestra prioridad era hacerles justicia a los fans. Queríamos representar su nostalgia de la mejor manera posible e incluir en la película tantas referencias y Easter eggs como pudiéramos”, aseguró el actor en entrevista virtual con Metro.

Dirigida por Kitao Sakurai, la nueva versión lleva a la pantalla grande el universo de la emblemática franquicia de videojuegos, con sus luchadores, rivalidades y estilos de combate.

Ken Masters y Ryu se enfrentan a nuevos retos en un torneo de artes marciales donde las rivalidades, los secretos y el destino pondrán a prueba sus habilidades.

Centineo comparte con Andrew Koji, Callina Liang, David Dastmalchian y Curtis Jackson y Jason Momoa, entre otros.

“Es muy rico y abundante a la hora de descubrir quiénes son estos personajes. Es como si los planos para construirlos ya estuvieran escritos para nosotros”, explicó.

Esa fidelidad, sin embargo, no excluye la posibilidad de aportar algo nuevo: “¿Qué podemos cambiar que siga siendo fiel al personaje, pero que quizás nos permita explorar una dimensión suya que todavía no hemos visto?”, manifestó el actor.

Centineo, quien alcanzó popularidad internacional con To All the Boys I’ve Loved Before (2018) y luego incursionó en la acción con Black Adam (2022) y la serie The Recruit (2022), también tuvo que someterse a una exigente preparación física. Seis semanas antes del rodaje, el actor, quien el año que viene lo veremos en la piel de otro icono cinematográfico, John Rambo, en la película del mismo nombre, viajó a Australia junto a sus compañeros para entrenar.

“Dedicábamos cuatro horas cada día laborable a trabajar con John Valera (coordinador de stunts) y su equipo. Aprendíamos los estilos de combate particulares de nuestros personajes, practicábamos las peleas que finalmente íbamos a filmar y desarrollábamos la química necesaria para movernos juntos”, relató.

La conversación también tocó su participación en la nueva película de John Rambo, sobre la que prefirió reservar detalles hasta su estreno.

Al preguntarle qué franquicia de los años 80 o 90 recuperaría para el cine, eligió The Cannonball Run, la comedia de carreras de 1981. “Creo que necesitamos una nueva ola de películas de comedia y aventuras con grandes elencos, disparatadas y absolutamente alocadas”, afirmó.

Centineo incluso describió su fórmula ideal: “Quiero unos 12 personajes que nos importen de verdad y, además, unos 20 cameos”. También quiere abrirles las puertas a nuevos talentos: “Quiero que participe la próxima generación de actores. Creo que eso sería algo muy emocionante para el público”, concluyó.

Desde la perspectiva de la reingeniería de procesos, esta discusión legislativa actual está enfocando los síntomas, pero ignorando totalmente la causa raíz del problema.

Uno de los puntos más promocionados de la propuesta reforma es la “eliminación prospectiva” de los jueces municipales para elevar a todos los adjudicadores de primera instancia al rango de jueces superiores. El argumento oficial es simplificar el escalafón, sin embargo, en cualquier organización responsable, la idoneidad y la competencia de las personas no se crean por decreto ni regalando títulos. Como en toda profesión, en la judicatura existen personas altamente competentes y otras que no lo son. Otorgarle mayor jurisdicción y responsabilidad sobre casos penales o civiles de gran envergadura a un funcionario que no ha demostrado la rigurosidad o la capacidad técnica requerida, solo por uniformar un organigrama, no es una reforma, sino una receta para el desastre operacional e institucional.

Por otro lado, resulta irónico observar a la Asamblea Legislativa criticar la concentración de poder administrativo en la figura de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, mientras se defiende el mismo andamiaje de poder ejecutivo en el Gabinete Gubernamental. Criticar el techo del vecino mientras se ignora que el de uno es de vidrio no aporta nada al ciudadano. Lo que la Legislatura SÍ PUEDE y DEBE hacer, en pleno uso de su facultad constitucional para fiscalizar el presupuesto del pueblo, es exigir cuentas claras a la administración de los tribunales estableciendo métricas de desempeño cuantitativas y cualitativas a la rama judicial. Exigir indicadores clave de rendimiento (Key Performance Indicators, o KPIs) —como el costo por caso resuelto, el tiempo promedio de adjudicación, la tasa de suspensiones de vistas y el nivel de integración tecnológica— no viola la independencia judicial. Es, sencillamente, ejercer el control de calidad que el país merece. De igual forma, pretender restringir las transmisiones en vivo de vistas judiciales bajo el pretexto de proteger la presunción de inocencia es un grave error, aunque desgraciadamente hay prensa que en vez de informar lo que hacen es crear noticias, la presunción de inocencia existe independientemente de quién esté mirando los procesos. En ingeniería, la transparencia es el sensor principal en la línea de producción: la luz pública es el mejor antídoto contra la ineficiencia, la impuntualidad y el favoritismo.

Aumentar salarios o modificar títulos sin amarrar las compensaciones a un estricto sistema de mérito y a la eliminación de cuellos de botella es financiar la inercia del pasado.

La verdadera modernización de la justicia que impulsamos en el Plan de Proyecto Dignidad exige erradicar el amiguismo en la selección de magistrados, implantar una rigurosa evaluación de desempeño y medir la eficiencia del sistema con la precisión con que se evalúa cualquier infraestructura crítica. La justicia tardía no es justicia. Es hora de dejar las peleas por cuotas de poder y diseñar un Poder Judicial que le sirva al pueblo con agilidad, transparencia y excelencia profesional.

El acuerdo avanza los esfuerzos de Puerto Rico por acelerar el almacenamiento de energía a gran escala y lograr un sistema eléctrico más resiliente.

En una solicitud presentada ante el Negociado de Energía el 16 de octubre, la AEE pidió aprobar la Primera Enmienda y Reformulación del Acuerdo de Oferta Estándar del Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) de EcoEléctrica, bajo el Programa de Adición Acelerada de Almacenamiento (ASAP) de LUMA Energy.

También pidió mantener confidencial el contrato enmendado mientras lo revisan el Negociado y la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF).

El proyecto consiste en una instalación de baterías de 20 MW y cuatro horas de duración en la planta de EcoEléctrica en Peñuelas. Es uno de varios proyectos de ASAP, programa diseñado para acelerar el almacenamiento aprovechando instalaciones e infraestructura de generación existentes.

Según la AEE, el acuerdo revisa cláusulas de seguro, procedimientos de transferencia de tarifas, requisitos de interconexión, capacidad de almacenamiento probada y paridad de precios vinculada a otro acuerdo aprobado por el Negociado. Los cambios no alteran los términos comerciales principales: pago por capacidad, capacidad instalada, suministro por 20 años, incentivos por operación comercial temprana, responsabilidad, seguros ni la estimación presupuestaria de la AEE.

La documentación no revela el costo del proyecto, valor contractual, tarifa de almacenamiento, inversión total ni estimación presupuestaria porque el acuerdo se presentó confidencialmente. Sin embargo, fuentes consultadas estiman que un proyecto similar costaría unos $20 millones.

La solicitud refleja el prolongado trámite de los proyectos de baterías mientras Puerto Rico busca mejorar una red con problemas de confiabilidad e integración renovable. ASAP comenzó en abril de 2024, cuando el Negociado evaluó la propuesta de LUMA para añadir baterías a instalaciones de productores independientes mediante contratos estandarizados. LUMA afirmó que aceleraría la implementación, mejoraría la confiabilidad, reduciría interrupciones y costos. En mayo de 2024, el Negociado aprobó el concepto por considerarlo compatible con la política energética y el Plan Integrado de Recursos.

Luego, los reguladores ordenaron a LUMA y los generadores preparar acuerdos estandarizados. El proyecto de EcoEléctrica atravesó varias revisiones. En enero de 2025, el Negociado aprobó una propuesta final con un mecanismo para ajustar costos de transferencia y ordenó a LUMA obtener aprobación de la Junta Fiscal antes de firmar. La Junta de Gobierno de la AEE la aprobó en abril de 2025 y la remitió a la Junta Fiscal. La FOMB la clasificó “Aprobada con Observaciones” y exigió cambios, provocando otra aprobación del Negociado y una nueva presentación ante la JSAF.

La FOMB emitió una resolución de “Aprobado con Condiciones” el 28 de enero de 2026, y la AEE y EcoEléctrica firmaron el acuerdo el 7 de abril. El 10 de septiembre, LUMA pidió a la AEE aprobar una versión enmendada y reformulada. El 25 de septiembre, la Junta de Gobierno de la AEE adoptó la Resolución 5266, aprobó el contrato revisado y autorizó presentarlo al Negociado y la JSAF. La AEE sostiene que debe permanecer confidencial mientras siga bajo revisión, al estar protegido por la legislación puertorriqueña sobre procesos deliberativos gubernamentales. Divulgarlo antes de las aprobaciones finales, argumenta, podría interferir con la evaluación y revelar términos que los reguladores podrían modificar, aceptar o rechazar.

El caso ilustra la compleja gobernanza de los grandes proyectos energéticos en Puerto Rico, cuyos contratos deben superar varios niveles de aprobación.

Aunque la enmienda parece precisar disposiciones comerciales y operativas sin cambiar el alcance, la implementación todavía depende de la aprobación de ambos organismos.

Una tasación es un informe técnico y objetivo que determina el valor de mercado de un inmueble y que los bancos exigen para otorgar préstamos. La UAD 3.6, desarrollada por Fannie Mae y Freddie Mac bajo la dirección de la Federal Housing Finance Agency, moderniza y estandariza las tasaciones residenciales. Sustituye formularios separados y narrativas extensas por un sistema digital uniforme y estructurado.

“Yo te adelanto y entiendo que posiblemente esto va a atrasar los cierres, por lo menos un período de seis a diez meses, posiblemente, si es que no están listos”, dijo López, corredor de bienes raíces, al señalar que la transición requerirá actualizaciones tecnológicas, capacitación y ajustes operacionales tanto para tasadores como para instituciones financieras.

El sistema abandonará los formularios tradicionales para distintos tipos de propiedades y adoptará un informe residencial dinámico, que exigirá documentar cada inmueble con mayor detalle y uniformidad.

“Va a ser una modernización importante [...] en una plataforma completamente digital”, expresó. “Va a ser un proceso más detallado”.

López sostuvo que el nuevo modelo busca reducir la subjetividad mediante respuestas estructuradas y criterios estandarizados: en vez de expresar opiniones, el tasador tendrá que contestar las preguntas del formulario único.

“Se acabó con la opinión. Tiene que ser más objetivo”, López afirmó.

Antes, los tasadores podían complementar sus evaluaciones con comentarios narrativos y anexos. Con UAD 3.6, gran parte de esa información deberá incorporarse en categorías definidas por la plataforma.

Aunque considera positiva la modernización, López expresó preocupación por la posibilidad de que el sistema limite excesivamente el criterio profesional de los tasadores. “Lo único que me preocupa es que sea un sistema demasiado rígido. Eso sí me preocupa. Y que el tasador no pueda tener flexibilidad de poner su prerrogativa como profesional”, opinó “Ningún sistema digital, por más bueno que sea, puede sustituir el profesionalismo de un tasador”.

La plataforma busca fortalecer la consistencia y calidad de la información utilizada por los mercados hipotecarios secundarios y entidades como Fannie Mae y Freddie Mac, pero no garantizará la aprobación de préstamos ni reemplazará la evaluación crediticia de los bancos.

“Esto no determina el valor de una propiedad ni garantiza la aprobación de un préstamo hipotecario”, sostuvo. “La institución financiera también tiene que hacer su análisis”.

Asimismo, rechazó que el nuevo estándar provoque automáticamente cambios en los valores de las propiedades.

“Las condiciones de la propiedad, las ventas comparables y las condiciones del mercado inmobiliario siguen siendo las mismas”, explicó. “Esto solamente es un nuevo sistema digitalizado.”

El impacto económico podría darse en los costos de tasación y cierre, pues los profesionales deberán invertir en plataformas, software y capacitación.

“Lo que yo estoy viendo es que el precio de tasación al consumidor puede aumentar”, señaló. “El precio de la propiedad no va a subir ni bajar, pero sí los gastos de cierre, de tasación y todo lo demás posiblemente aumenten”.

Los tasadores deberán actualizar programas, capacitarse en el nuevo formato, recopilar información más detallada y revisar informes mediante nuevos sistemas de validación digital.

“El que no esté preparado para este cambio, si no actualiza sus programas y no recibe las capacitaciones necesarias, no va a poder ejercer”, afirmó.

Sobre la preparación de la industria, dijo que algunos tasadores ya trabajan con el nuevo formato, aunque persisten dudas sobre la banca.

“Hay tasadores que yo sé que ya sí están listos. Hay otros que lamentablemente no están listos. Y lo que he escuchado es que la banca, como tal, tampoco se sabe si están listos”, indicó.

Una ventaja de UAD 3.6, según López, será crear una base de información más uniforme y accesible, que facilite revisar informes, identificar inconsistencias y analizar riesgos crediticios.

“Va a ayudar a identificar las inconsistencias en los datos y mejorar el análisis de la propiedad”, señaló.

También dijo que el sistema podría moderar expectativas poco realistas sobre los valores en un mercado con poco inventario y fuertes aumentos de precios.

“Entiendo que este sistema, de cierta manera, va a ayudar a regularizar”, expresó.

No obstante, los compradores deberán atender el financiamiento y confirmar que la propiedad sea compatible con los programas hipotecarios de su banco. Aconsejó orientarse con un corredor de bienes raíces.

“El consumidor tiene que orientarse cuando va a comprar una propiedad y decirle al originador bancario acerca de la propiedad que va a comprar, y que se asegure el originador bancario de que tiene el producto correcto para que ese comprador pueda comprar esa propiedad según su situación”, sostuvo.

López resumió que UAD 3.6 moderniza la documentación y uniforma la información, pero su éxito dependerá de la preparación tecnológica y operativa de la industria hipotecaria.

“Su efectividad dependerá de la preparación de los profesionales y de una implementación adecuada”, concluyó.

Así lo aseguró la presidenta del PFEI, Ygrí Rivera Sánchez, quien indicó que la investigación iniciada contra Norberto Almodóvar Vélez, exsecretario auxiliar de la OGPe, y Charlene Newman, exjefa de personal de esa dependencia, por presuntamente intervenir en un proceso competitivo para servicios financiados con fondos federales, “está avanzando”.

La pesquisa también incluye al exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech; la subsecretaria de la Gobernación, Itza García; y el actual subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Roberto Lefranc Fortuño.

Rivera Sánchez aseguró que los fiscales designados en el caso, que involucra a los cinco exfuncionarios, no han solicitado tiempo adicional para completar la investigación, por lo que está en su etapa final.

“Ellos (los fiscales) no nos han pedido más ningún término, de manera que deben estar, asumo yo, bastante adelantados dentro de la situación de que sean cinco investigados”, indicó la presidenta del PFEI.

Por otro lado, evitó responder si la resolución del caso pudiese conocerse antes de finalizar el año. “Nos tardamos el tiempo que nos provee la ley, el tiempo que tengamos que tomarnos para hacer una investigación responsable, seria, idónea y necesaria para cuando llegue el final de la investigación, podamos decir con justicia, pues, este es el resultado”, sostuvo.

Como parte de este caso, el Panel designó a la exjueza superior Ana Paulina Cruz Vélez para realizar la pesquisa preliminar que debía efectuar el Departamento de Justicia —que se inhibió de atender las denuncias— relacionadas con el exsecretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard. El término de 90 días para culminar esa investigación está próximo a vencer.

Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, indicó, en una entrevista por separado, que esta investigación podría tener “vertientes administrativas y penales”.

“Había unas imputaciones de posibles conflictos de interés, conociendo que el conflicto de interés no es una imputación criminal o sea que hay casos en que, mientras la investigación administrativa, no conflija con la investigación criminal, se pueden llevar paralelas, y en ese caso particular hay una investigación paralela”, explicó Pérez Vargas a Metro Puerto Rico.

Mientras, aseguró que la OEG no está conduciendo las investigaciones contra Almodóvar Vélez y Newman, debido a que son “meramente criminales”.

Investigación en Familia podría ampliarse

El Departamento de Justicia inició una investigación preliminar que incluye a la secretaria de Familia, Suzanne Roig Fuertes, sobre alegadas presiones para la firma de contratos denunciadas por la ex administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina Díaz. La presidenta del PFEI indicó que recibió la notificación sobre una investigación preliminar.

“El hecho de que esté en el Departamento de Justicia, lo único que significa es que dependiendo de lo que determine el Departamento de Justicia, eso viene aquí. De una manera u otra viene aquí, o con recomendación de que designemos un fiscal especial independiente o con recomendación de que no lo designemos. Pero viene, viene en su momento”, explicó Rivera Sánchez.

Asimismo, indicó que la pesquisa podría extenderse a otras personas vinculadas al caso.

El director ejecutivo de OEG explicó que el caso también está ante la consideración de la Oficina del Inspector General (OIG) y la OIG federal. Explicó, además, que, por su parte, “ellos pueden imponer multas administrativas sobre las transacciones que se pudieron haber estado realizando”.

Del mismo modo, Ética evalúa posibles faltas administrativas sobre una denuncia por un contrato de $60,000 mensuales otorgados al hogar Hacienda Don Luis en 2021 para el cuido de un solo participante mientras Roig Fuertes laboraba en el Departamento de Salud.

“El caso llegó en abril de este año a Ética. Ese asunto en particular se está atendiendo en la oficina y se está verificando si hay algún asunto administrativo”, explicó.

Reciben presiones

Rivera Sánchez admitió a este medio que recibe comunicaciones y cartas anónimas que buscan intervenir en los trabajos investigativos del PFEI y entorpecer los procesos.

“Todo el mundo intenta presionarnos de alguna forma. Siempre se nos mira para presionarnos. ‘Avancen y lo tienen que hacer de esta manera’. Tratan de instruirnos. Lo que pasa es que nosotros no le damos importancia a eso”, señaló.

“Los fiscales nuestros son pocos, tienen mucho trabajo, son personas bien comprometidas, sumamente responsables y no escatiman en tiempo”, añadió.

El presupuesto del PFEI se sitúa en cerca de $4 millones para el ciclo fiscal y Rivera Sánchez indicó que no cuenta con suficientes fiscales para el volumen de las investigaciones. “Nunca son suficientes. Siempre son demasiadas investigaciones para seis o siete fiscales, que es lo que yo tengo. Hacen falta más. Siempre hace falta más”, aseguró.

Sin embargo, puntualizó que no ha recibido presiones para detener las investigaciones. “No, no, no”, dijo. Aunque reconoció que recibió críticas tras haber autorizado 45 días adicionales para continuar la investigación contra la ex secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, e incluir a su padre por irregularidades detectadas en un negocio familiar de inspecciones de vehículos y venta de marbetes.

Por otro lado, el director ejecutivo de Ética —que cuenta con 15 abogados investigadores— indicó que no ha recibido presiones de ningún tipo, pero sí insultos.

“No, no. La oficina ni este servidor ha recibido… insultos sí, pero es parte del proceso. La oficina es una oficina antipática y hay gente que ve una querella como una persecución y está abusando, y hay gente que ve un archivo como una toalla, pues es parte de lo que uno aprende en el camino”, explicó Pérez Vargas.

Abundó que la oficina estuvo sobrecargada de trabajo durante el cuatrienio pasadocuando las investigaciones se distribuyeron a lo largo de los cuatro años, a diferencia de lo que ocurre actualmente.

“Fue un cuatrienio convulso el cuatrienio pasado para esos efectos, que quizás este año, como ha sido todo más concentrado, pues quizás ha tenido una repercusión distinta, ha sido un periodo de más tiempo, los casos del cuatrienio pasado fueron corriendo durante el año, ahora prácticamente todo ha sido un año”, señaló Pérez Vargas.

Ética mantiene sobre 60 querellas activas, mientras que las investigaciones abiertas sobrepasan las 300. Entre ellas, evalúan faltas administrativas contra la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessika Padilla por un presunto pago de bonos a empleados exentos.

“La fiscalización es lo que lleva a que haya más casos, por eso es importante fortalecer las entidades fiscalizadoras”, dijo.

Puerto Rico tiene un camino recorrido. SUMAC permite la presentación y el manejo electrónico de casos, mientras el Tribunal Electrónico facilita al público solicitar órdenes de protección, servicios de mediación y otros remedios. Son avances importantes que merecen reconocerse y seguir desarrollándose.

También se ha ampliado el acceso mediante videoconferencias. La iniciativa para residentes de Naranjito, Comerío y Barranquitas ilustra cómo la colaboración entre el Poder Judicial y los municipios puede acercar servicios judiciales a las comunidades. Para quien enfrenta dificultades de transportación, esa posibilidad tiene un valor concreto.

Otras jurisdicciones ofrecen experiencias que podemos estudiar. En Canadá, el Civil Resolution Tribunal, un tribunal administrativo, integra orientación digital, negociación entre las partes y facilitación para atender determinadas controversias civiles. Si no hay acuerdo, una persona adjudicadora independiente resuelve la reclamación. La tecnología acompaña distintas etapas del proceso.

En Singapur, la plataforma Community Justice and Tribunals System permite negociar y, en ciertos asuntos, mediar en línea. Cuando se alcanza un acuerdo y se cumplen los requisitos correspondientes, las partes pueden concluir el asunto sin comparecer físicamente al tribunal. Es una experiencia útil para examinar posibilidades adicionales de solución de conflictos.

Sobre esa base, Puerto Rico puede evaluar más formularios guiados en lenguaje sencillo, herramientas para conocer el estado de los trámites y nuevas opciones de mediación digital. Cada iniciativa debe probarse y medirse según su utilidad para las personas.

Ese desarrollo exige proteger la confidencialidad, fortalecer la ciberseguridad y ofrecer asistencia a quienes carecen de conectividad o destrezas digitales. Cualquier incorporación de inteligencia artificial debe preservar la supervisión humana y las garantías procesales.

La reforma puede construirse sobre lo logrado, con colaboración, capacitación y recursos. Su medida más importante será cuánto facilita que una persona comprenda el proceso y pueda ejercer sus derechos. Una justicia más accesible fortalece la confianza en nuestras instituciones.

“Sí, lo estamos considerando. Esa es una posibilidad”, contestó Santiago, aunque recalcó que el asunto requeriría una estrategia, ya que, según expresó, no se trata solamente de ocupar el espacio, “sino que se distribuya de la mejor manera”.

“Nosotros obtuvimos, Denis y yo, más del doble de los votos de quien llegó en última posición. Eso no quiere decir que eso se distribuya automáticamente entre dos candidatos o entre tres candidatos, pero sí es algo que estamos discutiendo”, explicó, en referencia al representante Denis Márquez. Ambos ocupan los únicos escaños por acumulación del PIP en sus respectivos cuerpos legislativos. Santiago, quien cumple su cuarto cuatrienio en el Senado, favoreció una legislatura diversa, aunque cuestionó la composición actual de la Asamblea Legislativa.

“Yo creo que es importante la diversidad. Yo no creo que nadie pueda decir ‘yo tengo la verdad absoluta, yo tengo la respuesta’. Además, la presencia de la oposición, cuando en la mayoría hay personas racionales, genera un balance, un equilibrio saludable”, expresó.

“El problema es que no tenemos esas personas racionales ahora mismo, y toda disidencia es tratada de una manera hasta grosera, de una manera muy elemental, tanto en Cámara como en Senado”, añadió.

Por otro lado, Santiago arremetió contra el comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, quien se perfila como el próximo candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, ya que, a su juicio, representa “las mismas posturas del colonialismo clásico” en un partido que “ha perdido su norte”.

“No pueden hablar de refundación o de reformulación, el nombre que le quieran poner, mientras están abrazando, como hicieron en su asamblea en Ponce, a los responsables del desastre”, afirmó, en referencia a los exgobernadores Aníbal Acevedo Vilá, Sila María Calderón y Alejandro García Padilla.

“La gente no quiere aceptar que la población cambió, y tenemos que desarrollar a Puerto Rico con lo que tenemos, no con la población que quisiéramos”, afirmó José Roberto Acarón, director estatal de AARP, organización que ayuda a los adultos mayores a mejorar su calidad de vida.

Acarón argumentó que el principal reto demográfico de la isla no es el envejecimiento de la población, sino la ausencia de un sistema de servicios que atienda las necesidades de las personas a medida que avanzan en edad.

Actualmente hay 237 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años.

“La crisis no es que la población envejeció, la crisis es que no se atendió y se creó el sistema comunitario de apoyo para la población. Esa es la crisis real que tenemos”, indicó Acarón.

Explicó que, aunque una amplia mayoría de las personas desea permanecer en sus hogares durante la vejez, Puerto Rico carece de suficientes servicios que faciliten esa alternativa, particularmente para quienes enfrentan condiciones de salud que afectan su capacidad para realizar actividades cotidianas.

“En Puerto Rico no hay suficientes servicios de apoyo para que la gente se pueda quedar trabajando (y) viviendo en su casa con dignidad e independencia”, afirmó.

Entre los servicios que identificó figuran la transportación, la asistencia en el hogar, las labores domésticas, el mantenimiento de patios y los servicios de respiro para familiares y cuidadores.

Mientras esta población enfrenta múltiples inseguridades económicas, emocionales y alimentarias, los hogares de cuidado prolongado en Puerto Rico también afrontan dificultades para atender las necesidades de una población de edad avanzada que continúa en aumento.

Según datos provistos a Metro Puerto Rico, el Departamento de la Familia tiene licenciados 150 hogares de cuidado sustituto y 853 hogares de cuidado prolongado, que, en conjunto cuentan con 16,786 camas ocupadas, dejando cerca de 5,529 camas disponibles para adultos mayores.

La poca disponibilidad se suma a los altos costos por participante, los cuales fluctúan entre $1,900 y $2,350, además de que, en julio, Familia cerró 44 hogares por operar de manera clandestina o incumplir con disposiciones legales. De estos, 11 fueron clausurados por delitos de maltrato institucional.

El presidente de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO), Jonathan Morales Adorno, aseguró a este medio que “va a haber más cierres de hogares”.

“Hay muchas investigaciones abiertas en este momento, así que entendemos que sí, específicamente en eso, en licenciamiento y maltrato institucional”, indicó Morales Adorno.

“Yo estoy completamente convencido que nosotros no damos abasto, porque no tenemos la capacidad necesaria para todos los adultos mayores, y eso se ha vuelto bien complicado y lamentable a la vez porque ya de por sí las familias viven en Puerto Rico apretadas, así que tener que pagar un cuidado prolongado a veces los pone un poco más complicados en ese sentido”, añadió.

Incluso, la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada (OPPEA) recibió 7,476 querellas de maltrato y por delito entre octubre del 2024 y septiembre del 2025, correspondientes mayormente a negligencia y explotación financiera.

Metro Puerto Rico solicitó una entrevista con la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), Yolanda Varela Rosa, pero al cierre de esta edición no estuvo disponible.

La escasez de especialistas se agudiza con el envejecimiento

Acarón reconoció que los adultos mayores enfrentan la falta de acceso constante a medicamentos, servicios médicos y a especialistas. Según explicó, hay solamente 65 geriatras en Puerto Rico. Del mismo modo, reconoció que las deficiencias en un “Estamos hablando del aislamiento social, la soledad, la falta de acceso al servicio, y todo eso te lleva a deprimirse porque no te da la valía que tú tienes como ser humano. Al revés, estás todo el tiempo menospreciando y minimizando”, explicó el director estatal de AARP.

En las instituciones de cuidado prolongado, igualmente, hay un gran número de personas que no han llegado a los 60 años, pero ya están diagnosticados con demencias como lo es el alzhéimer y requieren una atención especializada.

Según el Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer del Departamento de Salud, desde 2025 hasta junio de 2026, se registraron 74,353 casos registrados de demencia, de los que el 59.39% son de alzheimer.

Acarón, por su parte, expresó que “hay que ser creativo en las cosas que podemos hacer para resolver los problemas y yo no estoy viendo esa creatividad de solucionar. Tenemos que ponernos creativos porque es la población que hay”.

Urgen centralización de los servicios de salud

Ambos directivos coincidieron en que la unificación de servicios en una misma agencia, reduciría la disparidad de recursos y facilita la atención que se la da a una población que de por sí ha sido desatendida. “Quizás se pudieran maximizar los servicios que se le dan a los adultos mayores”, sostuvo Morales Adorno.

Otra de las alternativas que se han vislumbrado, es crear una administración independiente de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) para atender las necesidades de adultos mayores. Según FICPRO, ADFAN tiene 2,100 menores a su cargo, y el área de adultos mayores tiene cerca de 6,750.

Ante el envejecimiento de la población en Puerto Rico, persisten los cuestionamientos sobre la distribución de fondos y la centralización de los servicios dirigidos a los adultos mayores.

“Llevamos años hablando de que debería haber una administración de personas mayores. Donde todos los servicios para personas mayores tengan los recursos todos centralizados para las personas mayores. El problema que tenemos es que la mayor parte de los fondos vienen hacia niños, no hacia personas mayores”, señaló Acarón.

Sin embargo -como muchas de las iniciativas de la mayoría legislativa de este cuatrienio- esta “reforma” contiene una intención oculta. Los principales cambios que promueve la medida se pueden resumir, como el nuevo intento del PNP de perpetuar su control sobre las ramas del gobierno.

La controversia principal del proyecto es el cambio en la administración de los Tribunales, que al presente recae sobre la Presidenta del Tribunal Supremo, y que la medida se lo asigna al pleno del Tribunal. No podemos perder de perspectiva el uso histórico del bipartidismo PNP y PPD de utilizar múltiples nombramientos judiciales para adelantar sus intereses políticos.

Sin embargo, la constitución no permite este cambio sin que se viole el texto y propósito de los constituyentes en cuanto a la administración judicial. El historial revela que la voluntad original de los constituyentes claramente asignó la administración a la presidencia, sin participación de los jueces asociados, que se concentrarían en la función adjudicativa. Esto transgrede el principio cardinal de separación de poderes y la autonomía institucional de la Rama Judicial.

En contraste con esto, desde el PIP hemos propuesto una verdadera reforma judicial que, en lugar de promover la politización de dicha Rama, busca crear una carrera judicial de manera que las personas seleccionadas a los cargos de jueces, fiscales y procuradores cumplan con criterios formativos superiores y especializados, dejando atrás el modelo actual de nombramientos políticos realizados por el gobernador o gobernadora de turno.

Eliminar los nombramientos políticos de jueces de instancia, fiscales y procuradores por parte del Ejecutivo y establecer procedimientos evaluativos rigurosos en torno a la competencia y trasfondo jurídico de los aspirantes a dichos puestos, es el primer paso para verdaderamente reformar el Poder Judicial, protegiendo nuestro sistema de pesos y contrapesos y fortaleciendo la separación de poderes constitucionales.

A lo que McKenzie le respondió con un simple “Sure”, casualmente terminando su mordisco justo después. Rosaly, quien hoy preside Islandwide Group, empresa Puertorriqueña de distribución y logística que entrega más 3.5 millones de paquetes anualmente, se sentó con

Alberto Bacó en un nuevo episodio de El Blueprint para hablar sobre sus comienzos y cómo las personas que conoció en el camino lo marcaron como profesional, siendo McKenzie una de ellas.

Luego de estudiar Finanzas en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez y completar un MBA en American University, en Washington, Rosaly recibió la oportunidad de asumir las riendas de una empresa que enfrentaba un posible cierre y contaba con apenas 51 empleados en 1988, en aquel momento conocida como Islandwide Express.

En ese momento se quitó el sombrero de financiero y se puso el de operaciones.

“Aquí hay que pensar en dos cosas: en la operación y en la gente”, dijo al reflexionar sobre cómo tuvo que unir a los empleados bajo un propósito común para salvar el negocio. En 1996 mediante un leveraged buyout, una compra financiada principalmente con deuda, y con el apoyo del Banco de Desarrollo y Banco Popular, se concretó la adquisición, sin saber que esa misma filosofía sería lo que impulsaría a la empresa a llegar a donde esta hoy; procesando alrededor 3,000 paquetes diarios, trabajando con 250 choferes y 60 package handlers, quienes son parte de los 400 empleados que contribuyen a la operación hoy en día.

Para descubrir cómo el ejecutivo logró transformar la compañía en un referente de la industria de distribución y logística en Puerto Rico, sintoniza el episodio de El Blueprint a través de YouTube, Spotify o Caribbean.business el próximo martes, 27 de octubre.

El Concejo Municipal celebrará una votación sobre el proyecto de ley bautizado ‘La ley de Romanch’, en honor al turista fallecido, que prevé prohibir esta actividad a partir de junio de 2028 y ayudar a reinsertarse a los trabajadores de ese sector, en torno a 200 personas.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, convocó la audiencia tras alcanzar un pacto con el alcalde, Zohran Mamdani, sobre el contenido de la medida, que ahora cuenta con el amplio respaldo de 29 legisladores locales tras décadas de estancamiento.

Romanch Mahajan, de 18 años, falleció el 17 de junio durante un recorrido turístico por Central Park con su familia, cuando el caballo que tiraba del carruaje se desbocó y su madre cayó del vehículo. El joven saltó para intentar ayudarla, pero se golpeó la cabeza contra el suelo. El carruaje chocó después contra otro y volcó.

A medida que Central Park se ha ido saturando de peatones, ciclistas y otros usuarios de transportes, los residentes y activistas han “reclamado el fin de esta industria por problemas de infraestructura, seguridad y bienestar animal”, indicó en un comunicado Menin.

La muerte del joven fue la primera en los cerca de 150 años de historia del sector de los carruajes de caballos turísticos, e intensificó el debate sobre su continuidad tras otros incidentes relacionados con los equinos que fueron repudiados por organizaciones animalistas.

Tras el accidente mortal, el Concejo Municipal celebró una audiencia en julio para escuchar a las partes implicadas en el sector de cara a una nueva legislación, y varios familiares del joven abogaron para que se apruebe la medida ahora en juego.

Con la información de esa audiencia, los legisladores completaron la medida, que de ser aprobada suspenderá de inmediato la emisión de nuevas licencias de carruajes, prohibirá la actividad en junio de 2028 y establecerá programas de empleo para conductores y otros trabajadores.

Según el sindicato de Trabajadores del Transporte (TWU), hay unos 170 conductores y propietarios de carruajes de caballos con licencia en Nueva York que usan tres establos de propiedad privada en el oeste de Manhattan, en su mayoría inmigrantes o hijos de inmigrantes.

Miembros de ese sindicato y defensores del sector intervinieron también en la audiencia y expresaron sus condolencias a la familia del joven, pero reivindicaron que ese es su modo de vida y muchos se han endeudado para mantener sus licencias.

De acuerdo con el comunicado municipal, los trabajadores recibirán recomendaciones para oportunidades laborales, asesoría profesional, invitaciones a ferias de trabajo, ayuda educativa y asistencia para dar una nueva vida a los caballos.

Antes de la muerte de Mahajan, hubo dos incidentes con caballos de carruaje que se desplomaron y murieron, uno por una enfermedad y otro por intoxicación, y que reabrieron el debate al ser captados en vídeo y compartidos en redes sociales.

Ya entonces reclamaban la abolición del sector organizaciones animalistas como PETA, algunos concejales municipales y los alcaldes más recientes previos a Mamdani, Eric Adams y Bill de Blasio.

Con información de la Agencia EFE (EFE).

El caso está relacionado con Cambridge Analytica, una consultora británica que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y que obtuvo sin consentimiento datos de millones de usuarios de Facebook para promocionar publicidad política, según el comunicado del Departamento de Justicia del estado.

El juez Francis Mathew, de un tribunal del estado de Nuevo México, fijó la multa después de que un jurado determinara que Facebook había hecho promesas engañosas sobre quién podía acceder a los datos de sus usuarios y cómo protegía esa información.

Las revelaciones sobre Cambridge Analytica, conocidas en 2018, afectaron a hasta 87 millones de perfiles y desataron un escándalo internacional sobre el uso de información personal por parte de las redes sociales y su papel en las campañas electorales.

Sin embargo, el juicio también examinó lo que Facebook decía sobre sus esfuerzos para combatir la desinformación y los discursos de odio.

El jurado consideró engañosas 26 declaraciones de Meta difundidas entre 2010 y 2021, entre ellas algunas realizadas por Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, y la entonces directora de operaciones, Sheryl Sandberg.

“La conducta indebida de Facebook, desarrollada durante años y difundida sistemáticamente al público, afecta al núcleo de sus prácticas empresariales”, escribió Mathew en la sentencia.

Según el fallo, la empresa mantuvo esas promesas pese a advertencias internas de que no podía cumplirlas. También permitió que determinados socios comerciales conservaran acceso a datos que había anunciado que dejaría de compartir para evitar perder ingresos.

El juez consideró que esos mensajes buscaban generar confianza y atraer usuarios, cuyos datos son fundamentales para el negocio de publicidad personalizada de la compañía.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó la decisión como una de las mayores sanciones económicas contra una empresa en la historia estadounidense.

Mathew calculó inicialmente una multa superior a 219.000 millones de dólares, aunque redujo el importe a 25.000 millones. La sanción acumulará intereses anuales del 15 % hasta su pago.

El dinero se destinará al sistema educativo de Nuevo México, según declaró Torrez en una rueda de prensa recogida por medios locales. El fiscal advirtió que una apelación de Meta podría retrasar la disponibilidad de los fondos.

Meta, que ya había anunciado su intención de recurrir el veredicto del jurado, pagó 5.000 millones de dólares en 2019 para resolver un caso con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) relacionado con sus prácticas de privacidad y acordó abonar otros 725 millones en 2022 para cerrar una demanda colectiva vinculada al escándalo de Cambridge Analytica, según recoge Bloomberg.

Con información de la Agencia EFE (EFE).

El llamado surge tras una demora de varias semanas en el suministro de gas natural licuado, que obligó a utilizar diésel, un combustible más costoso, en las unidades 5 y 6 de la Central San Juan. Según estimados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la situación representó un costo aproximado de $32 millones para los residentes y las empresas de Puerto Rico entre el 16 de septiembre y el 12 de octubre de 2026.

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La JSF explicó que el contrato con NF Energía LLC (NFE), subsidiaria de New Fortress, vigente desde diciembre de 2025, obliga a la empresa a formalizar un acuerdo con un proveedor externo cuando no pueda suplir el gas, conforme al llamado Acuerdo de Peaje.

“Este Acuerdo de Peaje es un componente fundamental del contrato y una condición indispensable para que la Junta de Supervisión aprobara el contrato con NFE”, indicó el ente fiscal en la declaración. Según el ente creado por la ley PROMESA, el propósito de esa cláusula era garantizar que Puerto Rico no se quedara sin gas natural, sin importar cuál de las partes fuera responsable de la falta de suministro.

“Estas disposiciones deben honrarse cada vez que NFE sea incapaz de concretar el suministro”, puntualizó.

La JSF también respaldó a la AEE y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) en sus esfuerzos por hacer cumplir el contrato, y sostuvo que garantizar el acceso de terceros es esencial para proteger la confiabilidad del sistema eléctrico, fomentar la competencia y evitar costos de combustible innecesarios.

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El organismo anunció que colaborará con el Gobierno para convocar a las partes interesadas y coordinar esfuerzos para prevenir futuras interrupciones, “sin menoscabar la facultad de la AEE de hacer valer los derechos que le confiere el contrato”.

La disputa entre el Gobierno y New Fortress se agudizó a principios de octubre, cuando el zar de Energía, Josué Colón Ortiz, ordenó que la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) asumiera la compra de gas de reemplazo, ante lo que catalogó como un conflicto de interés de Genera PR, afiliada de New Fortress. El buque Amur River, que trajo el gas natural a la isla, entró finalmente a la bahía de San Juan el 13 de octubre, tras casi un mes de disputas judiciales y contractuales.

La jueza Zahira Torres Moro, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, impuso la sentencia contra Antonio Luis Cruz Batista, quien se declaró culpable de dos cargos de fraude en ejecución de obras y dos de apropiación ilegal agravada.

Según la investigación de la Fiscalía, Cruz Batista representaba a la compañía Modern Home’s Gallery, Inc., que promocionaba servicios de construcción de viviendas mediante la red social Facebook.

Una vez los clientes contrataban los servicios, el hombre les solicitaba dinero para comenzar o adelantar los trabajos, pero incumplía con las obras acordadas y se apropiaba del dinero recibido.

Uno de los perjudicados pagó 34,165 dólares para construir una residencia en Yauco, cuya obra quedó inconclusa. En el segundo caso, una mujer entregó 39,503 dólares para una vivienda en Guánica que nunca fue construida.

Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó la restitución del doble del dinero entregado por las víctimas. Al perjudicado de Yauco le corresponden 68,330 dólares, mientras que la perjudicada de Guánica deberá recibir 79,006 dólares.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Cruz Batista será ingresado a prisión si incumple con el pago de la restitución ordenada.

El caso fue procesado por la fiscal María Teresa Carro Lahongrais, de la División de Delitos Económicos, luego de una investigación realizada por la agente María Fabre, de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Yauco.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, informó además que Cruz Batista enfrenta otros procesos judiciales en distintas jurisdicciones por hechos similares.

Lanzada junto a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la iniciativa recomienda que los países hagan durante las olas de calor un seguimiento especial de los niveles de partos prematuros, mortalidad infantil, casos de bajo peso al nacer y otros indicadores.

También se anima a medir la asistencia escolar en los episodios de calor extremo.

Mediante esta vigilancia “se podrán identificar posibles repercusiones y adoptar medidas para proteger a mujeres y niños”, destacó en un comunicado la directora de salud materna e infantil de la OMS, Pascale Allotey.

Estudios previos ya advierten que la exposición al calor extremo puede aumentar en un 26 % las posibilidades de parto prematuro, en un planeta que debido al calentamiento global ya ha multiplicado casi por cinco los días de temperaturas altas extremas a los que están expuestos los recién nacidos en comparación con hace 20 años.

Con información de la Agencia EFE (EFE).

El Proyecto del Senado 1594, presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a petición de la Federación de Alcaldes y de la Federación de Legisladores Municipales, enmendaría el Código Municipal y la Ley General de Expropiación Forzosa. La medida establece que la orden del tribunal que confiera la titularidad al municipio bastaría para inscribir la propiedad, y que los registradores no podrían exigir prueba de que se depositó o pagó la compensación.

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Según el proyecto, los municipios solo estarían obligados a pagar cuando el dueño u otra parte con interés comparezca ante el tribunal y demuestre su derecho a los fondos. Los reclamantes tendrían tres años a partir de la sentencia para reclamar el dinero, que acumularía intereses hasta el pago.

La medida recalca que los dueños conservarían su derecho constitucional a una justa compensación, pero especifica que una sentencia que fije esa compensación no podría retrasar, suspender ni invalidar la adquisición, la toma de posesión ni la inscripción por parte del municipio.

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Los proponentes sostienen que interpretaciones judiciales recientes, que exigen depositar la compensación antes de que la expropiación sea efectiva, incluso cuando ninguna parte con interés ha comparecido, chocan con el Código Municipal y han retrasado la rehabilitación de propiedades abandonadas que representan un peligro para la salud y la seguridad de las comunidades.

Los cambios aplicarían también a los casos de estorbos públicos pendientes en los que aún no haya una determinación final y firme.

Además, el proyecto incluye otras enmiendas a la legislación municipal, como permitir avisos a dueños desconocidos a través de plataformas digitales y redes sociales, eximir la compra de alimentos y medicamentos de ciertos requisitos de subasta y autorizar turnos de trabajo de hasta 10 horas diarias, siempre que la semana laboral no exceda las 40 horas.

Lee la nota completa en Caribbean Business.

En la Semana Billboard de la Música Latina, la intérprete nacida en California y nieta de mexicanos, señaló el “momento por el que está atravesando la comunidad” latina como una razón para ser más abierta en sus posturas, algo que mostró el tema ‘Mi gran amor’, que lanzó con Carlos Santana en mayo pasado en honor a los migrantes.

“Estoy en una posición muy única como una ’200 %’ (100 % mexicana y 100 % estadounidense), como una latina que nació aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles. Los Ángeles era México, al igual que toda California. Entonces, para mí, es algo personal, realmente lo es. Y se trata de ser una voz para quienes no pueden hablar”, indicó.

La artista, de 29 años, cuyo nombre real es Rebecca Marie Gómez, argumentó que el “arte y la defensa de derechos pueden coexistir” y que es ahí donde “un montón del cambio sucede”.

La cantante, originaria de Inglewood, resaltó su crianza en un “little (pequeño) pueblito”, como decía su “abuelita”, como una razón para trabajar por su comunidad.

“Tengo muchísimas relaciones y alianzas increíbles con personas que trabajan sobre el terreno todos los días. Y creo que, como una artista con una plataforma, no utilizarla para elevar y amplificar sus voces es algo que simplemente no va conmigo. Sé que resulta intimidante para muchos artistas, pero no para mí”, opinó.

Becky G, quien adquirió fama internacional con la canción ‘Mayores’ junto a Bad Bunny, promociona ahora ‘Baraja bendita’, su quinto álbum de estudio, con mezclas en inglés y español, y éxitos como ‘Marathon’, ‘Epa’ y ‘Patrona’.

La intérprete llamó al disco una “acumulación” de su experiencia y se consideró “muy satisfecha” por haber grabado este álbum y ver la respuesta de sus fans, en particular porque canta en espanglish.

“Hay una esencia que sigue presente y es mi dualidad. Es el hecho de que hablo espanglish. Es el hecho de que soy una artista sin género musical y este es un álbum sin género y un álbum en espanglish, sin disculpas. Y creo firmé (en la industria) en una época en la que eso no se celebraba necesariamente como hoy”, dijo.

Becky G fue una de las invitadas especiales de la última jornada de charlas de la Semana Billboard de la Música Latina en Miami Beach, considerado el mayor encuentro de esta industria en español, y que culmina el jueves con la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina.

Con información de la Agencia EFE (EFE).

“Hoy se han publicado los resultados de las pruebas histológicas y de biología molecular realizadas al material extirpado durante la cirugía del Santo Padre”, señala el comunicado de la Santa Sede.

La nota, firmada por el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, precisa que las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad se encontraba “localizada”.

“Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional”, concluye la comunicación.

León XIV, de 71 años, fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar durante el rezo del ángelus que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

El diagnóstico tras la cirugía fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El pontífice permaneció ingresado hasta el pasado sábado, cuando recibió el alta hospitalaria en condiciones clínicas “absolutamente satisfactorias”, según informaron los médicos.

Al día siguiente, reapareció desde la ventana del Palacio Apostólico para presidir el ángelus dominical y anunció que retomaría progresivamente su actividad.

La confirmación del diagnóstico definitivo y de que no necesitará tratamiento complementario coincide con la reanudación de sus tradicionales audiencias generales de los miércoles, suspendidas la semana pasada.

Mientras el pontífice recupera su agenda habitual, el Vaticano continúa con los preparativos de su próximo viaje a Latinoamérica, previsto del 6 al 17 de noviembre, durante el que visitará Uruguay, Argentina y Perú.

En esta primera gira latinoamericana del pontificado de León XIV están previstos hasta 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias, así como la visita a Cusco, una ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Con información de la Agencia EFE (EFE).

La mandataria informó que la Junta de Supervisión Fiscal aprobó las nuevas escalas salariales, cuya implementación requerirá una transferencia adicional de $16 millones. Esta cantidad se suma a los $33 millones destinados a la primera fase, vigente desde el 1 de julio, para una inversión total de $49 millones. Según González Colón, durante esa primera etapa miles de policías recibieron ajustes salariales que, en numerosos casos, superaron los $1,000 mensuales.

La gobernadora explicó que la revisión busca atender la fuga de agentes hacia cuerpos policiales de Estados Unidos que ofrecen mejores salarios, así como las dificultades para reclutar nuevos policías ante la cantidad de efectivos que se retiran. El superintendente Joseph González destacó que las escalas salariales no se revisaban desde 2005 y aseguró que esta segunda fase también incluirá a agentes que recibieron ajustes en julio.

González Colón adelantó, además, que para diciembre se contempla un bono adicional dirigido a policías con entre 15 y 35 años de servicio, calculado a base del 10 % del punto medio de la escala salarial correspondiente a su rango. La mandataria aseguró que los nuevos ajustes permitirán extender los beneficios de la revisión salarial a todos los rangos de la Uniformada.

Los abogados Mayra López Mulero, Alberto Rivera Ramos y Yancarlos Maysonet Hernández argumentaron que el juez ya había tenido ante su consideración las expresiones de Anthonieska Avilés Cabrera, hija de la convicta, antes de imponer la sentencia. Según la defensa, esto podría generar dudas sobre su imparcialidad al evaluar nuevamente la prueba, aunque aclararon que no le atribuían mala fe.

La decisión se produce luego de que la Fiscalía se opusiera al cambio de juez, al sostener que Barreto Alteri estaba en mejor posición para evaluar la solicitud porque presidió el juicio. Sin embargo, los abogados insistieron en que las reglas permiten que otro magistrado del Tribunal de Aibonito atienda el recurso y que lo importante es garantizar un proceso justo.

El abogado Alberto Rivera Ramos sostuvo que el Canon 20 de Ética Judicial respalda su planteamiento de que otro juez atienda la solicitud de nuevo juicio de Elvia Cabrera. Explicó que el juez Luis Barreto Altieri tuvo conocimiento de las declaraciones de Anthonieska Avilés después del veredicto, pero antes de dictar sentencia, y posteriormente emitió una resolución relacionada con esa información. A su juicio, estas circunstancias justifican que otro magistrado evalúe la nueva petición para evitar cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso.

La inhibición del juez no significa que se haya concedido un nuevo juicio a Elvia Cabrera. Lo que procede ahora es que otro magistrado evalúe la petición presentada por la defensa, que sostiene que existe evidencia nueva y posibles violaciones al debido proceso de ley que justifican revisar la sentencia.

La agencia indicó que nueve de los 10 días de mayor movimiento de pasajeros registrados en el aeropuerto han ocurrido durante esos dos meses.

Ante el aumento de viajeros, TSA advirtió que llevar artículos prohibidos en el equipaje de mano puede retrasar las inspecciones de seguridad, tanto para la persona que los transporta como para los demás pasajeros.

“Los artículos prohibidos en los puntos de control pueden retrasar el proceso de inspección para todos. Tomarse unos minutos para prepararse antes de llegar al aeropuerto puede ayudar a garantizar una experiencia de viaje más ágil”, expresó Jesús Serrano, director federal de Seguridad de TSA para Puerto Rico.

Para evitar atrasos, la agencia recomendó revisar el equipaje de mano antes de salir hacia el aeropuerto y verificar qué artículos están permitidos.

Los viajeros pueden utilizar la herramienta digital What Can I Bring? para consultar si determinados objetos pueden transportarse en la cabina o deben colocarse en el equipaje facturado.

También recordó que los líquidos en envases de más de 3.4 onzas (100 mililitros) deben transportarse en el equipaje facturado. Las botellas de agua vacías sí pueden pasar por el punto de inspección y llenarse una vez completado el proceso.

Otra recomendación es guardar las carteras, los teléfonos, las llaves y las monedas en el equipaje de mano antes de llegar al área de seguridad, en lugar de colocarlos directamente en las bandejas, para evitar que las pertenencias queden olvidadas.

Los pasajeros también pueden consultar sus dudas mediante el servicio AskTSA, enviando un mensaje de texto al 275-872. Un asistente virtual está disponible las 24 horas del día, mientras que el personal que atiende consultas más complejas ofrece servicio diariamente de 5:00 a. m. a 3:00 p. m., hora del Pacífico.

Por otra parte, el aeropuerto cuenta con TSA PreCheck Touchless ID, una tecnología de comparación facial que permite agilizar la verificación de identidad de viajeros elegibles inscritos en TSA PreCheck. Para participar, deben contar con un pasaporte válido y cumplir con los requisitos del programa.

Los viajeros pueden encontrar más información sobre los procedimientos de inspección y los artículos permitidos en el portal oficial de TSA, tsa.gov.

La publicación destacó la mezcla de culturas que caracteriza a la isla como parte de los elementos que la convierten en un destino de interés para los viajeros.

“(Puerto Rico cuenta con) una mezcla de culturas y tradiciones impulsadas por la comunidad que está despertando un renovado interés a nivel mundial”, lee el reportaje.

Entre los otros lugares incluidos en la selección figuran Luxor, en Egipto; Penang, en Malasia, y Chengdu, en China.

La publicación también incluyó una fotografía de la fotoperiodista Yadira Hernández-Picó que muestra a un vejigante en el Puente Herrera, en Loíza, durante las festividades de Santiago Apóstol.

Hernández-Picó ha documentado la historia contemporánea del país para medios e instituciones internacionales como Bloomberg News, NPR y AFAR Media, así como para organizaciones como International Medical Corps y Americares. Entre sus trabajos más reconocidos figura la galardonada serie fotográfica “Volver a casa”, que documenta las secuelas del huracán María en Puerto Rico.

“Este asunto será atendido conforme a los procedimientos establecidos. Al momento, no hemos sido emplazados oficialmente en relación con la alegada demanda”, manifestó Roig Fuertes en declaraciones escritas.

Las expresiones surgen luego de que ayer, la exdirectora regional, Blanca García Sostre, radicara una demanda civil contra el Gobierno de Puerto Rico, en la que incluye a Roig Fuertes y otras tres funcionarias.

En la acción judicial, radicada ante el Tribunal de Primera Instancia en Arecibo, la exfuncionaria estableció que, mientras ocupaba el puesto antes mencionado, “comenzó a ser objeto de un patrón continuo de hostigamiento laboral, persecución, maltrato verbal y maltrato psicológico”.

También incluye el menoscabo de funciones y actuaciones dirigidas a afectar su autoridad, reputación, estabilidad emocional y desempeño profesional por parte de las co-demandadas.

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Sobre esto, Roig Fuertes indicó que las alegaciones ya habían sido investigadas de manera interna en la agencia.

“Es importante señalar que los hechos relacionados con este caso fueron investigados previamente mediante los mecanismos administrativos aplicables a cualquier empleado de la agencia, en cumplimiento con los manuales, las disposiciones legales y los procedimientos correspondientes”, explicó Roig Fuertes sobre los señalamientos que se le imputan.

García Sostre habría presentado una querella contra la subdirectora Lynette Pérez Molinari —el 1ro de julio de 2025— por “un esquema de persecución activa que incluía la toma de fotografías sin autorización” y la falta de atención a sus reclamos.

En el documento se manifestó que “la secretaria ignoró los reclamos de la demandante”, y que, en lugar de atender las denuncias, “increpó a la demandante y le exigió respetar el puesto de la subdirectora”.

El monto solicitado por la demandante responde a $1.35 millones en daños emocionales, angustias mentales, daños a su reputación y dignidad, daños económicos y daños por hostigamiento, entre otras cosas.

La cantidad se distribuye entre $150,000 por el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de la Familia; y $1.2 millones divididos en cuatro partes iguales ($300,000) entre Roig Fuertes, Pérez Molinarri, Sofia Benitez Rodríguez y Vivian Martínez Ruiz.

La demanda incluye reclamaciones bajo la Constitución de Puerto Rico que establece “la dignidad del ser humano es inviolable”, así como a la Ley 115 de 1991, relacionada con represalias laborales; la Ley 90 de 2020, sobre acoso laboral; la Ley 100 de 1959 por descremen contra un empleado; y violaciones al Artículo 1536 del Código Civil de Puerto Rico.

La simulación se desarrolló principalmente en el área de inspección de mercancías del Terminal D y provocó restricciones temporales en el punto de inspección de carga, áreas públicas, alrededores del Hotel del Aeropuerto y un carril del segundo nivel. Durante el operativo se observaron vehículos de emergencia y personal uniformado.

En el ejercicio participaron la Policía de Puerto Rico, su División de Explosivos, bomberos de rescate aéreo, servicios médicos de emergencia y personal de seguridad aeroportuaria, entre otras agencias. Las autoridades evaluaron los protocolos de comunicación, el manejo de víctimas simuladas, la coordinación entre agencias y la continuidad de las operaciones.

El presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, explicó que estos ejercicios permiten identificar fallas y fortalecer los protocolos de emergencia. Aclaró que se trató de una actividad planificada y controlada que no representó una amenaza real para pasajeros, empleados ni visitantes del aeropuerto.

La actividad tendrá como objetivo deliberar y decidir entre las posibles alternativas y presentarles al país la ruta electoral que mejor los posicione.

La coordinadora general del partido, Eva Prados Rodríguez indicó que la prioridad del MVC es “el rescate del país” de lo que catalogó como “malas decisiones” por parte del Partido Nievo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD).

“La desesperación se escucha y vive en la calle por la falta de acceso a los servicios básicos, por los altos costos de vida y la corrupción gracias a gobiernos que sólo han existido para pelear por el poder. Reconociendo la urgencia de darle esperanza a nuestro pueblo que otro gobierno es posible, el Movimiento Victoria Ciudadana anuncia la próxima etapa del proceso para definir su ruta electoral para el 2028 poniendo el rescate del país primero” expresó la licenciada.

Prados Rodríguez detalló que un grupo electo por el Consejo Ciudadano Nacional (CCN) de MVC produjo el análisis técnico, jurídico y político necesario para informar las decisiones sobre los posibles mecanismos de participación electoral en 2028.

“Luego de varios meses de trabajo y esfuerzo, se presentó un ‘Informe a la base sobre participación electoral 2028′. Dicho informe presenta las alternativas mediante las cuales el MVC podría participar de los próximos comicios electorales, junto a un análisis detallado de los requisitos particulares de cada una, al igual que sus ventajas y desventajas”, explicó Prados Rodríguez.

Además, explicó que durante la semana del 16 de noviembre al 6 de diciembre, todas las redes del MVC tendrán la tarea de coordinar encuentros informativos por los 8 distritos senatoriales con las personas que hayan presentado propuestas.

“Victoria Ciudadana nace para atender tres deberes urgentes de nuestro tiempo: el rescate de las instituciones públicas; la reconstrucción social, económica, ambiental y fiscal; y la descolonización. Somos un movimiento ciudadano con personas de distintas experiencias, agrupaciones y trasfondos llamando a la unión poniendo al país primero. Celebramos la diversidad y pluralidad de posiciones sobre el estatus político pero nos une el objetivo común de dejar atrás lo que nos divide y darle a nuestro pueblo un gobierno que ponga las necesidades y desarrollo de todas las personas que viven aquí como norte atendiendo las causas y raíces de la desigualdad, coloniaje y mal gobierno que nos trajeron aquí”, señaló Prados Rodríguez.

Aquellas personas interesadas en presentar propuestas tienen hasta el 6 de noviembre para hacerlo a través de formulario disponible en nuestra página https://www.mvc.pr/propuestas2028.

García Sostre denunció que las actuaciones en su contra ocurrieron durante el año 2025 hasta junio de 2026. Por estos presuntos hechos, reclamó un total de $1.35 millones.

En la acción judicial, radicada ante el Tribunal de Primera Instancia en Arecibo, la exfuncionaria estableció que, mientras se desempeñaba como directora regional del Departamento, “comenzó a ser objeto de un patrón continuo de hostigamiento laboral, persecución, maltrato verbal y maltrato psicológico”.

También incluye el menoscabo de funciones y actuaciones dirigidas a afectar su autoridad, reputación, estabilidad emocional y desempeño profesional por parte de las co-demandadas Roig Fuertes, Lynette Pérez Molinarri, Sofia Benitez Rodríguez y Vivian Martínez Ruiz.

El recurso establece que “la secretaria Suzanne Roig Fuertes profería insultos explícitos y descalificaciones contra la competencia profesional de la demandante, incluyendo expresiones en las que la tildaba de bruta y mentirosa”. La demandante también establece en el recurso legal que fue excluida de actividades oficiales y fue despojada de sus funciones directivas que fueron delegadas a la co-demandada Pérez Molinari quien ocupa el puesto de subdirectora regional.

“Esta situación provocó que comenzara un patrón de acoso de parte de la co-demandada Pérez Molinari, quien tenía el apoyo de la secretaria co-demandada”, indica el documento.

“La subdirectora regional también mantuvo una campaña de difamación en la oficina, divulgando rumores falsos sobre la vida privada y orientación sexual de la demandante, incitando al personal a vigilarla y refiriéndose a ella de forma despectiva como una persona rara”, lee el recurso legal.

Según se detalla, García Sostre habría presentado una querella contra Pérez Molinari —el 1ro de julio de 2025— por “un esquema de persecución activa que incluía la toma de fotografías sin autorización” y la falta de atención a sus reclamos.

García Sostre denunció, además, haber sido agredida físicamente por otra empleada que “que se presentó en las facilidades de forma agresiva e inestable”. Se alegó que la empleada tomó a la demandante por la camisa y le causó raspaduras en el cuello mientras le profanaba palabras soeces.

Se establece, además, que, entre el 11 y el 15 de mayo de 2026, mientras la demandante se encontraba bajo vacaciones forzosas, Pérez Molinari y Martínez Ruiz, con la aprobación de Roig Fuertes, ingresaron de forma ilegal y sin autorización a la oficina de la demandante.

“Durante dicho acto, alteraron las cerraduras de la oficina y de todo el edificio para impedir el acceso de la demandante, quien todavía ostentaba el cargo de directora regional”, indica en la demanda.

Asimismo, fue removida de su posición por Benítez Rodríguez de manera verbal “y por órdenes de Roig Fuertes”.

“El trato recibido por la demandante fue humillante, arbitrario, irrazonable, innecesario y dañino para su reputación, dignidad, salud emocional y ambiente laboral”, añade el recurso.

El monto solicitado por la demandante responde a daños emocionales, angustias mentales, daños a su reputación y dignidad, daños económicos y daños por hostigamiento, entre otras cosas.

La cantidad se distribuye entre $150,000 por el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de la Familia; y $1.2 millones divididos en cuatro partes iguales ($300,000) entre Roig Fuertes, Pérez Molinari, Benítez Rodríguez y Martínez Ruiz.

La demanda incluye reclamaciones bajo la Constitución de Puerto Rico que establece “la dignidad del ser humano es inviolable”, así como a la Ley 115 de 1991, relacionada con represalias laborales; la Ley 90 de 2020, sobre acoso laboral; la Ley 100 de 1959 por descremen contra un empleado; y violaciones al Artículo 1536 del Código Civil de Puerto Rico.

Metro Puerto Rico solicitó una reacción por parte de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, pero al cierre de esta edición no estuvo disponible.

“Queremos que las familias aprovechen esta oportunidad para conocer cómo van sus hijos, reconocer sus logros y conversar sobre cualquier dificultad que estén enfrentando. El informe de progreso es un punto de partida para establecer acuerdos y trabajar juntos en las áreas que necesitan atención”, expresó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, en declaraciones escritas.

La entrega de los informes está programada para horas de la mañana, aunque las escuelas podrán extender las visitas durante el resto del día para facilitar la participación de madres, padres y encargados.

En los planteles donde se celebren reuniones u otras actividades profesionales durante la tarde, las administraciones escolares deberán establecer los arreglos necesarios para entregar los informes a las familias que acudan en ese horario.

La jornada forma parte de la campaña “¡Te veo en la escuela! Tu presencia hace la diferencia”, dirigida a fortalecer la comunicación entre las familias y el personal docente, identificar dificultades académicas y establecer estrategias de apoyo para el resto del semestre.

Como parte de la iniciativa, la Oficina para la Integración de la Familia y la Comunidad promoverá orientaciones sobre los recursos y servicios disponibles en cada plantel, así como recomendaciones para apoyar el aprendizaje desde el hogar.

También se exhortó a las escuelas a integrar a sus comités de familias mediante mesas informativas, actividades de orientación y oportunidades de voluntariado.

“La participación de las familias hace una diferencia. Les exhortamos a preguntar, escuchar las recomendaciones de los maestros y mantener esa comunicación durante todo el año. Cuando conocemos a tiempo las necesidades de nuestros estudiantes, podemos coordinar mejor los esfuerzos para ayudarlos”, sostuvo Ramos Parés.

Los directores escolares tendrán a su cargo informar los horarios específicos y la organización de las visitas en cada plantel.

El Departamento de Educación anunció que las próximas entregas de informes de progreso académico se realizarán el 15 de enero, el 19 de marzo y el 28 de mayo de 2027.

La Orden Ejecutiva 2026-055 establece como días feriados oficiales, sin cargo a licencia, el jueves, 26 de noviembre, por el Día de Acción de Gracias; el viernes, 25 de diciembre, por el Día de Navidad, y el viernes, 1 de enero de 2027, por el Día de Año Nuevo.

Además, la orden concede días libres con cargo a la licencia de vacaciones para el viernes, 20 de noviembre; el miércoles, 25 de noviembre, y el jueves, 24 de diciembre de 2026.

También establece como días feriados, sin cargo a licencia, el viernes, 27 de noviembre, y a partir del mediodía del jueves, 31 de diciembre.

“Acción de Gracias y la Navidad nos ofrecen un tiempo para agradecer y compartir con quienes nos acompañan durante todo el año. Queremos que nuestros servidores públicos puedan disfrutar estas celebraciones en familia, con espacio para el descanso y la reflexión. Las agencias coordinarán sus operaciones para que la ciudadanía continúe recibiendo los servicios esenciales que necesita”, expresó la gobernadora en declaraciones escritas.

La orden dispone que los secretarios y jefes de las agencias deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que los servicios esenciales no se interrumpan durante las fechas establecidas.

“Los secretarios y demás jefes de agencia deberán ejercer sus poderes, prerrogativas y sus mejores oficios para asegurar que los servicios esenciales que ofrecen sus respectivas agendas a la ciudadanía no se vean afectados durante el periodo comprendido en la presente Orden Ejecutiva”, lee la Sección 4 del documento.

Por su parte, el director de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), Facundo M. Di Mauro Vázquez, emitió el Memorando Especial Núm. 18-2026, con directrices para la implementación de la medida.

“Para aplicar correctamente esta medida, es necesario distinguir entre los días que no conllevan cargo a licencia y aquellos que se descuentan del balance de vacaciones. Cada agencia debe orientar a su personal, revisar sus balances y comunicar cómo organizará el trabajo durante esas fechas”, explicó Di Mauro Vázquez.

Cada agencia deberá evaluar sus necesidades operacionales, los planes de vacaciones y los balances de licencia de sus empleados. Cuando un empleado tenga tiempo compensatorio acumulado, este podrá utilizarse durante los días concedidos con cargo a vacaciones, previa coordinación con la oficina de Recursos Humanos correspondiente.

Los empleados que no tengan suficiente balance de vacaciones o que deseen consultar la posibilidad de trabajar durante esos días deberán comunicarse con la oficina de Recursos Humanos de su agencia. La autoridad nominadora atenderá cada situación conforme a las normas aplicables y las necesidades del servicio.

“Los casos particulares deben atenderse dentro de cada agencia, considerando los balances disponibles y la continuidad de sus operaciones. Es importante que el empleado conozca con anticipación qué licencia se utilizará y cuál será su jornada, especialmente si tiene vacaciones aprobadas o presta servicios que deben mantenerse durante esos días”, indicó Di Mauro Vázquez.

En el caso de los empleados que ya tengan vacaciones aprobadas, los días feriados concedidos sin cargo a licencia no se descontarán de su balance. Sin embargo, estos tampoco extenderán automáticamente el período autorizado, por lo que deberán regresar en la fecha acordada, salvo que la agencia apruebe un cambio.

Los empleados no exentos de la Rama Ejecutiva que deban trabajar durante los períodos concedidos como feriados sin cargo a licencia podrán recibir tiempo compensatorio o remuneración por el trabajo en exceso de la jornada regular, según corresponda y conforme al artículo 2.09 de la Ley 26-2017. La compensación dependerá de la clasificación del empleado y de las disposiciones aplicables.

Por otro lado, los empleados que deban trabajar el 20 o el 25 de noviembre, o el 24 de diciembre, tendrán jornadas regulares, ya que esas fechas fueron concedidas como días libres con cargo a la licencia de vacaciones y no como feriados para quienes deban permanecer en funciones.

Los sábados, 28 de noviembre y 26 de diciembre, también continuarán como días regulares para las agencias que ofrecen servicios sabatinos. Cada autoridad nominadora podrá determinar si cierra sus operaciones. Si se requiere trabajar, esas fechas no generarán por sí solas tiempo compensatorio o remuneración adicional por la concesión de los días libres.

“Debemos garantizar que los servicios esenciales no se vean afectados. Los jefes de agencia deben organizar el personal necesario y comunicar los turnos que se mantendrán. La compensación que corresponda se evaluará según el tipo de día concedido, la clasificación del empleado y las disposiciones aplicables”, puntualizó el director.

La medida aplica a las agencias, instrumentalidades, oficinas y dependencias de la Rama Ejecutiva, incluidas las corporaciones públicas. En las agencias excluidas del sistema de administración de recursos humanos establecido por la Ley 8-2017, la aplicación dependerá del ordenamiento vigente y de su reglamentación interna.

En cuanto a los municipios, la adopción de disposiciones similares requiere una ordenanza municipal debidamente aprobada, conforme al Código Municipal de Puerto Rico. Por ello, los empleados municipales deberán confirmar si su municipio adoptó la medida y cuáles son sus términos.

La OATRH exhortó a los empleados públicos a verificar sus balances de licencia y consultar las instrucciones de sus agencias antes de hacer arreglos personales para esas fechas. También recomendó comunicarse con las oficinas de Recursos Humanos para aclarar dudas sobre turnos, vacaciones previamente autorizadas y el registro de asistencia.

Entre las infracciones identificadas por la agencia figuran la operación insegura de drones, los vuelos en zonas de exclusión cercanas a pistas de aterrizaje y el uso de estas aeronaves para fotografiar instalaciones de defensa sin autorización.

Las nuevas facultades también abarcan violaciones relacionadas con vuelos sobre edificios o terrenos federales restringidos, espacios aéreos de defensa nacional y restricciones temporales de vuelo establecidas por las autoridades. Estas conductas están contempladas en distintas disposiciones de la legislación federal.

El FBI recordó que los operadores de drones tienen la responsabilidad de verificar las restricciones vigentes antes de cada vuelo para evitar incidentes que pongan en riesgo la seguridad pública. Asimismo, exhortó a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con estas aeronaves a las autoridades locales o a su oficina en San Juan, al 787-987-6500.

Serrano precisó que, en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, el incremento ronda el seis por ciento.

Según explicó, al ser cuestionados sobre las razones para llevar armas sin declararlas, la mayoría de las personas alega que las olvidó.

“Eso es preocupante. Eso a mí me quita el sueño. Necesitamos asegurarnos de que el equipaje de mano no tenga armas de fuego o ningún artículo prohibido”, dijo Serrano en conferencia de prensa. “Para mí es ilógico que se les olvide dónde tienen su arma de fuego, pero esa es mi opinión y a mí no me pagan por mi opinión”, añadió.

A su vez, Serrano sostuvo que cuando el personal de TSA detecta el arma, avisan a la Policía de Puerto Rico, los cuales determinan la acción a seguir. Usualmente, una violación a la Ley 168 de Armas, puede conllevar multas de hasta 17 mil dólares.

Prevén aumento de pasajeros en los próximos meses

Por su parte, el principal oficial ejecutivo de Aerostar, Jorge Hernández, sostuvo que, a pesar de la situación económica, se vislumbra un aumento en pasajeros en los meses de diciembre a enero, de 1.2 millones de pasajeros.

“Si se registran de la forma que lo estamos visualizando, podrían ser meses récord en la historia del aeropuerto”, dijo Hernández.

Según la agencia federal, noviembre, diciembre y enero figuran históricamente entre los meses de mayor movimiento en el aeropuerto y nueve de los 10 días de mayor actividad registrados en la instalación han ocurrido durante diciembre y enero.

“Coordinamos estrechamente con nuestros socios del aeropuerto y de las aerolíneas para prepararnos ante el aumento de viajes durante la temporada, pero los pasajeros también desempeñan un papel importante. Los artículos prohibidos en los puntos de control pueden retrasar el proceso de inspección para todos. Tomarse unos minutos para prepararse antes de llegar al aeropuerto puede ayudar a garantizar una experiencia de viaje más ágil”, sostuvo Serrano.

Como parte de las medidas para agilizar el proceso, el aeropuerto cuenta con “TSA PreCheck Touchless ID”, una tecnología de comparación facial que permite a viajeros elegibles verificar su identidad sin presentar físicamente una identificación.

Para participar, los pasajeros elegibles de “TSA PreCheck” que tengan un pasaporte válido pueden registrarse mediante aerolíneas participantes o Google Wallet y utilizar carriles destinados a ese servicio.

TSA exhortó, además, a revisar el equipaje de mano antes de llegar al aeropuerto y consultar la herramienta “What Can I Bring?” para determinar si artículos adquiridos durante la temporada pueden transportarse en el equipaje de mano o deben colocarse en el equipaje facturado.

Entre sus recomendaciones, la agencia pidió retirar de los bolsillos carteras, teléfonos, llaves y monedas antes de entrar al punto de inspección y colocarlos dentro del equipaje de mano para reducir el riesgo de dejar pertenencias olvidadas en las bandejas.

También, recordó que los líquidos en recipientes de más de 3.4 onzas o 100 mililitros deben viajar en el equipaje facturado. Los pasajeros pueden pasar por el punto de control con una botella de agua vacía y llenarla luego de completar la inspección.

Los viajeros con dudas pueden comunicarse mediante mensaje de texto con AskTSA al 275-872.

La aplicación “myTSA” también permite consultar información de seguridad aeroportuaria y acceder a la base de datos “What Can I Bring?”.

De cara a la temporada de viajes, TSA recordó además que veteranos elegibles bajo la “Ley Veterans Expedited TSA Screening Safe Travel Act” pueden inscribirse gratuitamente en “TSA PreCheck”.

Los miembros activos de las Fuerzas Armadas y las familias sobrevivientes de militares también son elegibles sin costo, mientras los cónyuges de miembros de las Fuerzas Armadas y servicios uniformados pueden recibir un descuento de 25 dólares en la inscripción.

Salamán, apodada “Dinamita”, debutó en el BSNF en la temporada del 2013 con las Leonas de Ponce y fue seleccionada de forma unánime como la Novata del Año en dicha temporada.

“He tomado la decisión de que este año será mi última temporada en el Baloncesto Superior Nacional Femenino, deporte que amo y al que le debo todo lo que soy. Jugar baloncesto ha sido mi vida, con aciertos y desaciertos que han dirigido el camino y que al mismo tiempo me han moldeado dentro y fuera de la cancha. He tenido grandes oportunidades y momentos únicos e históricos que quedarán en mi memoria por siempre, así que esta determinación la decido tranquila, en paz y profundamente agradecida por lo bendecida que he sido. Confío en seguir aportando al deporte desde otros espacios y contribuir al crecimiento de nuestra liga”, puntualizó Salamán.

Tras dos años fuera del BSNF, desde el 2021, por razones relacionadas al fallecimiento de su padrastro en un accidente automovilístico y luego la muerte de su abuela por condiciones de salud, Salamán regresó al BSNF en el 2024 con las Cangrejeras. En su retorno promedió 8.8 puntos por juego y 3.5 asistencias. Fue galardonada con el premio de El Regreso del Año.

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Salamán jugó en la Copa Mundial del 2018 y en el torneo del Repechaje Olímpico del 2019 en donde Puerto Rico se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón (2021).

También, participó en los Juegos Centroamericanos de Veracruz en México en el 2014, en el torneo Centrobasket de Islas Vírgenes en el 2017 y el torneo Americup FIBA en Argentina en el 2017, entre otros eventos.

La boricua también jugó como refuerzo en las Ligas de Argentina y México.

La atleta lleva ocho años con el equipo de las Cangrejeras de Santurce, cuya administración se prepara para honrar el legado en cancha de la jugadora de 5′4”, quien condujo a Santurce al campeonato nacional en la campaña del 2024 y fue seleccionada la Jugadora Más Valiosa de la Serie Final.

“Este momento es muy emotivo para toda la familia cangrejera. Dayshalee ha sido una gran jugadora, con una gran trayectoria que le dio a nuestra franquicia y a Puerto Rico momentos únicos y especiales. Tenerla esta temporada fue un reto, pues ella entendía que ya el baloncesto había terminado, pero Santurce y todos en el equipo sabíamos que su gesta deportiva tenía que finalizar a la altura de su grandeza como jugadora; y eso estamos haciendo. Nuestro agradecimiento por su entrega, liderato y regalarle a Santurce grandes momentos”, compartió Gabriel Vázquez, apoderado de las Cangrejeras

Nacida y criada en Carolina, Salamán de 36 años, terminó su escuela superior de La Salle en Miami, Estados Unidos. Mientras, a nivel colegial, posee un grado en Kinesiología de la Universidad Lincoln Memorial en Tennessee (USA).

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La autorización quedó plasmada en un memorando firmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al que tuvo acceso CNN. El documento concede al DHS el préstamo temporal de un sistema ADS durante siete meses para realizar pruebas y desarrollar procedimientos sobre un eventual uso operativo.

El ADS es considerado un arma no letal. Funciona mediante un haz invisible de ondas electromagnéticas de alta frecuencia que puede alcanzar una distancia de poco más de media milla. Al impactar la piel, genera una intensa sensación de ardor, similar al calor que emana de un horno al abrirse, lo que provoca que las personas se alejen instintivamente del área afectada. El efecto suele desaparecer entre 10 y 15 minutos después de la exposición.

El memorando establece que el personal militar no operará el sistema y que toda la responsabilidad recaerá sobre el DHS, que también deberá desarrollar las tácticas y protocolos para su posible empleo. Al concluir el período de préstamo, la agencia podrá solicitar mantener el sistema para operaciones fronterizas.

Las autoridades no precisaron dónde ni cómo se llevarán a cabo las pruebas. Tampoco se ha definido en qué circunstancias podría utilizarse el dispositivo si finalmente se incorpora a las operaciones en la frontera.

De acuerdo con funcionarios actuales y retirados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el sistema ha sido discutido en años anteriores como una herramienta para dispersar grupos numerosos de migrantes, aunque nunca ha sido desplegado en la frontera. En 2018, una propuesta similar fue descartada por preocupaciones legales, de uso proporcional de la fuerza y de seguridad, especialmente por el riesgo de empujar a personas hacia zonas peligrosas, como ríos.

El ADS también fue evaluado anteriormente para responder a disturbios civiles en Estados Unidos y llegó a desplegarse brevemente en Afganistán, aunque nunca fue utilizado en combate.

Según informó el diario español El País, la negativa se produjo luego de una entrevista en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, durante la cual Colau fue interrogada sobre su participación en una flotilla humanitaria que intentó llegar a Gaza.

La exalcaldesa estuvo retenida en Israel durante tres días tras aquella misión.

El equipo de Colau indicó que la denegación del visado se fundamentó en una sospecha de intención de inmigrar ilegalmente, explicación que la política española rechazó.

Colau atribuyó la decisión a motivos políticos y cuestionó las políticas migratorias del presidente Donald Trump, así como las restricciones impuestas a quienes defienden los derechos humanos y denuncian la situación en Gaza.

El encuentro Ciudades Valientes reunirá en Caguas a representantes municipales, legisladores, organizaciones comunitarias y otros sectores para discutir asuntos relacionados con la democracia y la transformación de Puerto Rico.

Colau expresó su deseo de regresar a la isla en otra ocasión, mientras que hasta el momento las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente que la decisión sobre su visado responda a razones políticas.

Por su parte, la Liga de Ciudades lamentó la denegación de entrada a Puerto Rico de candidata a la presidencia del gobierno de España por el Frente Amplio.

“Desde La Liga de Ciudades lamentamos la decisión del gobierno de los Estados Unidos de no autorizar la entrada a Puerto Rico de Ada Colau”, dijo la entidad. “Colau es una de las voces fundacionales del movimiento municipalista internacional que inspira este encuentro y su ausencia física se va a sentir, pero mantenemos nuestro compromiso con el intercambio de experiencias. Nuestra colaboración con Ada y con la Fundació Sentit Comú sigue igual de fuerte y Ciudades Valientes se llevará a cabo tal como estaba previsto”, abundó.

“Ada estará presente, de una manera u otra, porque las ideas y la valentía no requieren visas para cruzar las fronteras que nos imponen para dividirnos”, añadió.

Harry Román, secretario de prensa del comisionado residente, informó que, a base de la inspección preliminar del sobre, las autoridades determinaron que no existe un riesgo inminente para el personal de la oficina ni para las demás personas que laboran en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Explicó que, siguiendo las recomendaciones de las autoridades, las operaciones pueden continuar con normalidad.

El comisionado residente también había asegurado que todos sus empleados se encuentran bien y agradeció la intervención de la Policía de Puerto Rico, la Policía del Capitolio federal y las autoridades federales. El FBI ocupó la correspondencia para realizar análisis adicionales, por lo que todavía se espera conocer oficialmente su contenido y el curso que seguirá la investigación.

Durante una visita de Metro Puerto Rico al Centro de Bellas Artes este miércoles, a las 8:30 de la mañana, una empleada ajena a la oficina del comisionado, quien prefirió no ser identificada, expresó preocupación por lo ocurrido y aseguró que nunca había presenciado una situación similar en las instalaciones. El incidente se produjo en medio de una serie de cartas sospechosas enviadas a oficinas de congresistas estadounidenses, algunas de ellas con sustancias cuyo contenido continúa bajo investigación.

En un mensaje compartido en las redes sociales, Hernández agradeció las oraciones y muestras de cariño que ha recibido desde que se dio a conocer su diagnóstico. La comunicadora aseguró que el respaldo del público le ha dado fuerzas para continuar su tratamiento y enfrentar el temor y la incertidumbre que provoca la enfermedad. “Me siento acompañada y abrazada por ese amor tan especial de parte de todos ustedes”, expresó.

Hernández fue diagnosticada con cáncer en etapa tres y viajó a Alemania para recibir un tratamiento especializado que contempla cuatro ciclos de quimioterapia. Amigos y figuras del entretenimiento impulsan la campaña Todos por Laura, con una meta de recaudar $180,000 para sufragar los gastos médicos, medicamentos, alojamiento y otros costos relacionados con su recuperación.

El próximo ciclo de quimioterapia está programado para el 4 de noviembre, por lo que sus allegados reiteraron el llamado a continuar colaborando económicamente. Las aportaciones pueden realizarse mediante el portal TodosPorLaura.com o a través de ATH Móvil, en la modalidad Pay a Business, bajo el nombre /todosporlaura.

Uthmeier precisó que la empresaria puertorriqueña fue acusada de hurto mayor y de participar en un esquema organizado de fraude.

Las autoridades informaron que a las 2:00 p.m. ofrecerán una conferencia de prensa para brindar más información.

Espinosa asumió el cargo en noviembre de 2024.

Según las autoridades, Espinosa habría violado la ley, en relación con los fondos otorgados a través de un programa municipal diseñado para ayudar a pequeñas empresas afectadas por la pandemia. De acuerdo con la denuncia, tres negocios vinculados a la alcaldesa recibieron $50,000.

En septiembre, Telemundo Orlando reportó que Espinosa admitió una violación de la ley de ética estatal y propuso un acuerdo para poner fin a la denuncia presentada ante la Comisión de Ética de Florida.

Pendiente a metro.pr para la actualización de esta noticia.

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This morning, we arrested Kissimmee mayor Jackie Espinosa and are charging her with Grand Theft and Organized Scheme to Defraud.

We will be holding a press conference at 2pm at our Orlando office with CFO Ingoglia and FDLE Commissioner Keefe to provide more information.

— Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 21, 2026

Metro Puerto Rico supo que algunos empleados tuvieron contacto físico con la correspondencia antes de que se activaran los protocolos de seguridad del Congreso de Estados Unidos. La Policía de Puerto Rico intervino inicialmente y posteriormente el FBI ordenó el desalojo de las instalaciones y se llevó la carta para examinarla. El personal permanece a la espera de una notificación de las autoridades federales para conocer qué contenía el sobre y si procede alguna medida adicional.

Una empleada del Centro de Bellas Artes, ajena a la oficina del comisionado residente, expresó preocupación por lo ocurrido y aseguró que nunca había presenciado una situación similar en esas instalaciones. La trabajadora, quien prefirió permanecer en el anonimato, reconoció sentirse inquieta ante un incidente de esta naturaleza en su lugar de trabajo.

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Por su parte, Harry Román, encargado de Prensa y Comunicaciones de la oficina del comisionado residente, sostuvo a preguntas de Metro Puerto Rico que, hasta el momento, no se ha solicitado ayuda adicional al superintendente de la Policía para reforzar la seguridad de Hernández como consecuencia del incidente.

La situación ocurre en medio de una serie de cartas sospechosas enviadas a oficinas de congresistas en Estados Unidos, algunas de ellas con un polvo blanco cuya composición ha sido objeto de investigación. Aunque Hernández aseguró que su personal se encuentra bien, todavía no se ha informado oficialmente qué contenía la correspondencia recibida en Caguas.

Ahora corresponde a las autoridades federales determinar el contenido de la carta y notificar los resultados de los análisis realizados. También queda pendiente conocer qué tipo de investigación desarrollará el FBI para establecer la procedencia de la correspondencia, las circunstancias de su envío y si existe algún riesgo para las personas que tuvieron contacto con ella.

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Según un video publicado en las redes sociales del portal de noticias “QHubo Medellín”, Rodríguez Meléndez, de 53 años, acudió a un negocio cercano al hospedaje para buscar su cartera, a eso de las 9:44 p.m. del sábado, 17 de octubre.

En las imágenes se observa cómo una trabajadora conversa con él y, posteriormente, le entrega sus pertenencias. Rodríguez Meléndez abandonó el establecimiento a las 9:45 p.m.

De acuerdo con medios colombianos, la habitación del boricua estaba desordenada y varias pertenencias del hombre no se encontraban en el lugar. El hombre llegó al país el viernes y, durante la noche del sábado, habría salido a encontrarse con un amigo en un establecimiento comercial del sector de “La 70″, una reconocida zona de restaurantes, bares y entretenimiento.

La información preliminar apunta a que el hombre regresó a su lugar de alojamiento durante la mañana del domingo, pero desde entonces, sus allegados perdieron contacto con él.

Una de las hipótesis que analizan las autoridades es que Rodríguez Meléndez habría recibido una sustancia que pudo ocasionar su muerte. Entre las sustancias mencionadas en los reportes aparece la “escopolamina”, una sustancia química que se emplea de forma ilícita para drogar a una persona.

Rodríguez Meléndez había visitado Medellín en varias ocaciones durante el último año, por lo que mantenía contacto con un conductor que acostumbraba a transportarlo durante sus estadías.

El caso de Rodríguez Meléndez se suma a otros fallecimientos de turistas registrados durante octubre en Medellín y municipios cercanos. De acuerdo con el balance publicado por “El Colombiano”, al menos 25 turistas han muerto en el Valle de Aburrá durante 2026, en circunstancias que incluyen problemas de salud, posibles intoxicaciones, suicidios y homicidios.

El puertorriqueño sería el cuarto extranjero fallecido durante octubre. La víctima era un consultor de tecnología.

El Departamento de Estado de Puerto Rico confirmó el martes que no había recibido comunicación de los familiares de Rodríguez Meléndez.

“Hasta el momento, ninguno de los familiares se ha comunicado acá directamente”, expresó Daphne Febres, secretaria auxiliar de Relaciones Exteriores, durante una entrevista con Telenoticias.

La funcionaria indicó que ya se envió una comunicación al consulado de Colombia para atender la situación, aunque todavía no habían recibido información oficial sobre el caso.

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Según la Uniformada, un empleado del complejo, ubicado en la carretera PR-345, encontró el cuerpo cerca de las 6:20 de la mañana.

De acuerdo con el informe policiaco, inicialmente se había indicado que el cuerpo correspondía a un hombre, pero luego de recuperarlo de la piscina, las autoridades confirmaron que se trataba de una fémina.

La Policía indicó que las circunstancias del incidente permanecen bajo investigación y que todavía se desconoce si el cuerpo presenta signos de violencia.

El agente Raymond Rivera Troche, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, y el fiscal Antonio Cintrón asumieron la investigación, según las autoridades.

La Uniformada exhortó a cualquier persona que tenga información sobre el caso a comunicarse al 787-343-2020, o escribir a través de X en @PRPDNoticias o en Facebook en www.facebook.com/prpdgov .

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Hombre se dispara accidentalmente en Santurce

Por otro lado, las autoridades investigan un incidente en el que un hombre resultó herido de bala en una mano durante la madrugada de este miércoles, en la avenida Juan Ponce de León, en Santurce.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre manipulaba un arma de fuego cuando presuntamente apretó el gatillo por accidente y se disparó en la mano izquierda.

El perjudicado fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras, donde recibió atención médica.

Su condición fue descrita como estable.

La agente Cruz, adscrita al Precinto de Santurce, estuvo a cargo de la investigación.

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“Portar la bandera de Puerto Rico es uno de los honores más grandes que puede recibir un atleta. Es representar no solamente a una delegación, sino también los sueños, sacrificios y aspiraciones de todo un país. Hoy reconocemos a dos jóvenes que han demostrado compromiso, disciplina y una enorme pasión por sus respectivos deportes. Nos llena de orgullo que sean ellos quienes tengan la responsabilidad de llevar nuestra monoestrellada en un escenario tan especial como Dakar 2026. Estamos seguros de que asumirán este honor con el corazón y con el orgullo de representar a Puerto Rico”, expresó Sara Rosario Vélez, presidenta del COPUR.

Butler y Moreno Rivera encabezarán la representación de una nueva generación de atletas puertorriqueños que se prepara para competir en el primer evento deportivo olímpico celebrado en el continente africano.

Butler, representante de skateboarding, llega a Dakar 2026 luego de conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde obtuvo una puntuación de 150.76 para subir a lo más alto del podio.

Por su parte, Moreno Rivera, del deporte de tenis de mesa, conquistó tres medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y tuvo el honor de ser abanderado de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La delegación estará integrada por 30 atletas en 11 deportes.

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Según Familia, el intercambio fue entre el entonces administrador de la ADSEF, Ramón A. Burgos Bermúdez, y el administrador auxiliar de Finanzas y Presupuesto, Eddie J. Burgos Villalobos. La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, no participó en esa comunicación, según indicó la agencia en declaraciones escritas.

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“Una consulta interna entre funcionarios no es una autorización para comprometer fondos públicos. En este caso no se formalizó un contrato, no se presentó una petición de fondos y no se tramitó ningún desembolso. Un análisis preliminar no es una determinación ni un pago autorizado”, expresó Roig Fuertes.

Documentos a los que tuvo acceso Metro Puerto Rico muestran que el 22 de octubre de 2025, el licenciado Carlos M. Limardo Ortiz, quien firma bajo la empresa Advocacy Solutions, LLC, envió a funcionarios de la ADSEF, con copia a Burgos Villalobos, un documento titulado “Opciones de pago-Star Academy”. Se trata de un análisis comparativo, preparado “para el Departamento de la Familia”, de tres estructuras de pago para el acuerdo con NOLA Education, operadora del programa Star Academy, dirigido a estudiantes en riesgo de abandonar la escuela.

La primera opción contemplaba pagar por adelantado, al momento de la firma, el 100% de los $37.5 millones previstos en el Anexo A del acuerdo, cuyo valor total ascendía a $38.5 millones. Las otras dos proponían desembolsos en tres plazos, con un primer pago de 70% ($26.25 millones) o de 60% ($22.5 millones).

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El propio documento advertía que el prepago total “podría atraer escrutinio de entidades de supervisión [...] a menos que se justifique cuidadosamente como necesario para la implementación oportuna”. Aun así, concluía con la recomendación de “aprobar la Opción 1 [...] para asegurar la implementación exitosa, oportuna y auditable del piloto Star Academy de 25 sedes en Puerto Rico bajo TANF”, en referencia al programa federal de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas.

El análisis justificaba esa opción en “la prioridad de la Gobernadora Jenniffer González Colón de lanzar el piloto de 25 escuelas de Star Academy en Puerto Rico para el año escolar 2026–2027”.

Dos días después, el 24 de octubre de 2025, Burgos Villalobos respondió por correo electrónico a Burgos Bermúdez, con copia a Limardo Ortiz, con la recomendación de la Administración Auxiliar de Finanzas y Presupuesto: que el desembolso a Star Academy “se realice mediante reembolso por servicios y/o equipos efectivamente prestados o entregados”.

En su recomendación, el funcionario citó la Ley 237 de 2004, que establece que toda entidad gubernamental “pagará únicamente por servicios rendidos”, así como la Ley de Contabilidad del Gobierno y el Reglamento 5449 sobre otorgación de contratos. Añadió que el Reglamento 31 del Departamento de Hacienda exige que las solicitudes de pago por adelantado sean presentadas al secretario del Departamento de Hacienda y aprobadas por este, y señaló que había encontrado una consulta de la Oficina del Inspector General sobre un asunto similar.

Familia presentó, además, una certificación emitida el 16 de junio de 2026 por la Administración Auxiliar de Finanzas y Presupuesto de la ADSEF, según la cual esa oficina no recibió de la Oficina de Asuntos Legales ninguna solicitud de fondos para un contrato a favor de NOLA Education.

NOLA Education, empresa de Luisiana, se inscribió en Puerto Rico el 10 de diciembre de 2025, días después de que Roig Fuertes y un grupo de funcionarios viajaran a Nueva Orleans, entre el 7 y el 10 de diciembre. El 20 de enero de 2026, la secretaria de la Familia le adjudicó un proceso competitivo por invitación, aunque el contrato nunca se firmó.

La evaluación de las propuestas estuvo a cargo de la firma LAP Consulting Group, contratada por Familia y presidida por Luis A. Pedraza. Además de NOLA Education, la firma evaluó a Litoral Vivo Corp. y a Coccoloba AgroEnvironmental LLC.

Coccoloba, sin embargo, sostiene que nunca presentó una propuesta y que notificó por escrito que no le interesaba participar, porque no ofrecía los servicios solicitados. Por su parte, Pedraza compareció ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS-OIG, en inglés), al igual que el dueño de Coccoloba, Christian Torres Santana, y la exadministradora de la ADSEF Blanca Medina Díaz.

La controversia surgió cuando Medina Díaz, destituida el 28 de septiembre, testificó bajo juramento ante la Comisión de Familia del Senado que Roig Fuertes la presionó para firmar el contrato con NOLA Education, a pesar de que, a su juicio, no cumplía con los usos permitidos de los fondos TANF. El caso está bajo investigación del Senado, el Departamento de Justicia y las autoridades federales.

“El manejo de los fondos públicos exige responsabilidad, transparencia y cumplimiento estricto de la ley. Esa ha sido y seguirá siendo nuestra posición. Los documentos deben examinarse en su contexto y no usarse para atribuir decisiones que no ocurrieron”, puntualizó Roig Fuertes.

Según informó el grupo de prácticos del puerto, durante la mañana, uno de sus integrantes trasladó el Silver Valerie desde el muelle de Puerto Rico Energy Dock hasta el fondeadero «E».

La salida del buque estaba programada para las 4:30 p.m., por lo que se había coordinado otro servicio de practicaje.

“Antes de dicho servicio, los prácticos recibieron una llamada de emergencia informando que el buque estaba garreando el ancla (desplazándose de su posición) y solicitando asistencia. Se contactó al agente local del buque para gestionar el apoyo de remolcadores, y el práctico de turno abordó la embarcación para atender la emergencia”, indicó un portavoz del grupo en declaraciones escritas.

El incidente fue notificado a la Guardia Costera de Estados Unidos y permanece bajo investigación de las autoridades.

El colectivo exhortó a evitar “especulaciones o conclusiones prematuras sobre las circunstancias o causas de este incidente mientras la investigación esté en curso”.

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Mediante declaraciones escritas, Roig Fuertes expresó su “confianza en el debido proceso” y sostuvo que la investigación confirmará que sus actuaciones se han realizado “conforme a las leyes y los reglamentos, así como a los principios de integridad, honestidad y transparencia”.

La funcionaria indicó que no emitirá declaraciones adicionales sobre este asunto.

Precisamente, el martes la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, confirmó que su agencia inició una investigación que incluye a Roig Fuertes.

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“Confirmo que, tras completar la evaluación correspondiente, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia iniciará una investigación, conforme a la Ley 2-1988, sobre los procesos dirigidos por la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, para formalizar contrataciones en la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF)”, anunció Gómez Torres.

La funcionaria explicó que dos fiscales ya fueron asignados al caso y que, durante la evaluación inicial, recopilaron documentos y entrevistaron a varias personas.

La investigación surge del referido presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, tras las denuncias de la exadminitradora de ADSEF, Blanca Medina Díaz.

Medina Díaz denunció que fue destituida de su cargo el pasado 28 de septiembre por negarse a ceder a las presiones de Roig Fuertes para firmar un contrato de $38.5 millones con fondos de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).

Gómez Torres confirmó que la pesquisa también abarcará otras alegaciones relacionadas con la controversia y que se entrevistarán más testigos.

Asimismo, aclaró que el inicio de la investigación no implica que se haya cometido un delito. Al concluir el periodo de 90 días, Justicia determinará si recomienda la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI).

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