Un día como hoy, hace 35 años murieron asesinados los jóvenes independentistas Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado tras una controversial intervención policiaca en el Cerro Maravilla.
El caso que polarizó al País a partir de que se comenzaron a conocer detalles de como se realizó tenía como dedo acusador al entonces gobernador Carlos Romero Barceló, quien días después elogiaría a los policías en un discurso televisado y los catalogó como héroes aunque 25 años más tarde se arrepentiría de aquella expresión.
No obstante, en la década del 1980 la Asamblea Legislativa realizaría una investigación que fue seguida paso a paso por los medios noticiosos del País y generó gran entusiasmo alrededor de las transmisiones radiales y televisadas de las vistas del caso maravilla. Aquella investigación junto al rol puntual de la prensa revelaron un complot para asesinar a los activistas y una posible, aunque no concluyente, conspiración para encubrir estas acciones.
A pesar de esto, fuero convictos 10 policías. Además, el agente encubierto Alejandro González Malave, fue asesinado luego de que se le concediera inmunidad para testificar en las vistas del Caso Maravilla.
Años más tarde, el ex jefe de la División de derechos civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos Drew S. Days III admitiría ante el Senado de Puerto Rico que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI actuaron de manera negligente durante las investigaciones conducidas entre 1978 y 1980 sobre el incidente en el cerro Maravilla; por ejemplo, al desechar entrevistas con testigos claves (incluyendo el taxista), al negarse a ofrecer inmunidad a ciertos testigos y al evitar varias tareas estándares en la investigación. Days declaró: “Creo que, ciertamente, se justifica una disculpa con respecto a la forma cómo el gobierno federal manejó esta investigación: el FBI, el Departamento de Justicia y mi división… no se hizo de manera profesional como debió haberse hecho.” El director del FBI William S. Sessions hizo concesiones similares en una declaración por escrito en 1990, en la cual afirmaba que “en retrospectiva, los testigos debieron haber sido entrevistados y debió iniciarse una investigación sobre los derechos civiles.”
Hasta momento sectores del movimiento pro independencia afirman que Carlos Romero Barceló dio la orden directa de asesinar a los jóvenes universitarios.